La pr¨®rroga indefinida del mandato del Tribunal Constitucional abre una crisis pol¨ªtica en Bolivia

La sociedad boliviana se opone a la decisi¨®n del Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia, TCP, de aprobar la pr¨®rroga indefinida de su propio mandato y del de los otros tribunales judiciales del pa¨ªs, que deb¨ªan funcionar hasta el 31 de diciembre. Esta decisi¨®n se debe al atraso de las elecciones judiciales que estaban programadas para este a?o, pero el propio TCP contribuy¨® al mismo, al declarar inconstitucionales varias leyes aprobadas por el Parlamento para convocar las elecciones. Bolivia es el ¨²nico pa¨ªs latinoamericano que elige a sus principales magistrados por voto popular.

¡°Se dispone la pr¨®rroga de mandato de las autoridades del ?rgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional en actual ejercicio, de manera excepcional y temporal, hasta que se elija y posesione a las nuevas autoridades¡±, se?ala la sentencia 0049/2023 del TCP. El ministro de Justicia, Iv¨¢n Lima, defendi¨® la intervenci¨®n del Constitucional para resolver el problema que enfrentaba el pa¨ªs por la falta de elecciones judiciales este a?o, que iba a dejar un vac¨ªo en el Poder Judicial a partir del 1 de enero de 2024.

Para la oposici¨®n, en cambio, Lima y las autoridades judiciales operaron en com¨²n acuerdo para impedir las elecciones, ya que buscaban esta pr¨®rroga. El Gobierno lo hizo, seg¨²n la oposici¨®n, porque no cuenta con la mayor¨ªa necesaria en el Parlamento para elaborar una lista de candidatos que conserve su influencia sobre los tribunales de justicia. Y los magistrados, para mantenerse en sus puestos por un tiempo cuya duraci¨®n es impredecible, ya que la Asamblea Legislativa parece incapaz de convocar a elecciones de manera unitaria y carece de la fuerza necesaria para vencer en el conflicto de poderes que libra con el TCP.

El origen del problema se remonta a la divisi¨®n del hegem¨®nico Movimiento al Socialismo, MAS, en dos facciones, y por tanto en dos bancadas parlamentarias: una que apoya al presidente Luis Arce y otra que sigue al l¨ªder hist¨®rico del partido, Evo Morales. Con la pelea, se hizo imposible que el oficialismo logre los dos tercios de votos legislativos que necesita para llevar adelante unas elecciones judiciales a su medida.

El expresidente y l¨ªder opositor Carlos Mesa poste¨® en X (antes Twitter) que el TCP le dio ¡°un golpe a la democracia, al Estado de Derecho, a la Constituci¨®n¡± y pidi¨® que ¡°el Poder Legislativo abra un juicio de responsabilidades contra los autores de este verdadero atentado¡±. Tambi¨¦n otros grupos opositores, inclusive el ala ¡°evista¡± del MAS, quieren que el Parlamento enjuicie a los miembros del Constitucional. Una primera iniciativa para hacerlo naufrag¨®, seg¨²n informaron sus promotores, por la falta de apoyo de los parlamentarios del Gobierno. ¡°A partir del 2 de enero tendremos un ¨®rgano judicial y un TCP de facto¡±, escribi¨® Morales en una red social.

Pese al gran rechazo pol¨ªtico, lo m¨¢s probable es que la sentencia del TCP se imponga. Seg¨²n algunos juristas, las decisiones que los magistrados tomen despu¨¦s del agotamiento de su mandato constitucional podr¨ªan ser consideradas ileg¨ªtimas por los litigantes, pero la posibilidad de presentar recursos contra estas autoridades depender¨¢ de la correlaci¨®n de fuerzas pol¨ªticas, que solo se alterar¨¢ con las elecciones presidenciales de 2025. Las autoridades de los organismos judiciales y algunos colegios de abogados han apoyado el veredicto del TCP.

Bolivia sol¨ªa organizar las elecciones de los magistrados judiciales cada seis a?os. La medida fue adoptada por la Asamblea Constituyente que redact¨® la Constituci¨®n aprobada en 2009, entre otras razones, para despolitizar el sistema judicial. Aunque los pol¨ªticos no tomaban la ¨²ltima decisi¨®n sobre la designaci¨®n de los magistrados, s¨ª impon¨ªan sus candidatos en la lista que debe elaborar el Parlamento para, luego, someterla al voto popular. O al menos pod¨ªan hacerlo cuando el MAS estaba unido y contaba con lo que se necesita para confeccionar esta lista: dos tercios de votos en el Legislativo. As¨ª ocurri¨® en las dos elecciones que hubo en 2011 y en 2017.

Actualmente, la selecci¨®n de los candidatos se ha tornado impredecible, ya que ninguna organizaci¨®n pol¨ªtica puede reunir por s¨ª misma una mayor¨ªa tan importante. Una alianza de las distintas organizaciones opositoras y el ¡°evismo¡± para reunir dos tercios y dejar al oficialismo fuera del Poder Judicial se ha vuelto posible en el escenario actual. Antes era considerada inconcebible por las diferencias ideol¨®gicas entre estos partidos. En realidad, ya se materializ¨® para la aprobaci¨®n en el Senado del proyecto de la ley de convocatoria a las elecciones. En esta c¨¢mara, donde el ¡°evismo¡± es m¨¢s fuerte que el ¡°arcismo¡±, el proyecto del ley logr¨® dos tercios de los votos gracias al frente com¨²n entre los adherentes del expresidente y la oposici¨®n ¡°tradicional¡±. Pero el oficialismo, en alianza impl¨ªcita con los magistrados, impidi¨® con recursos judiciales que este proyecto continuara su camino legislativo y se aprobara en la c¨¢mara de Diputados, donde los de Arce tienen m¨¢s fuerza que el MAS opositor. El proyecto termin¨® en manos del TCP, que lo declar¨® inconstitucional en la misma sentencia en que prorrog¨® su mandato y los otros mandatos judiciales.

El presidente del Senado, Andr¨®nico Rodr¨ªguez, de la l¨ªnea ¡°evista¡±, record¨® que ning¨²n fallo judicial debe beneficiar a los jueces que lo emiten. En esta c¨¢mara se organiz¨® una ¡°comisi¨®n t¨¦cnica¡± para impulsar un juicio contra los miembros del TCP.

El presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Ricardo Torres, defendi¨® a sus colegas de la ola de cr¨ªticas. Declar¨® a la prensa que ninguna otra instituci¨®n, excepto el TCP, pod¨ªa tomar la decisi¨®n que el pa¨ªs necesitaba para garantizar que el sistema judicial siguiera funcionando, ya que la Asamblea Legislativa est¨¢ prohibida de inmiscuirse en los asuntos de los otros poderes. En cambio, seg¨²n explic¨®, el TCP no pertenece a ning¨²n poder y entonces puede ¡°controlar¡± a los existentes. Este ¡°control¡± ha significado la declaraci¨®n de inconstitucionalidad del proyecto de ley del Senado y de otras dos iniciativas legislativas previas para viabilizar las elecciones judiciales. ¡°El TCP ha minado el camino hacia las elecciones¡±, resumi¨® el senador Rodr¨ªguez. As¨ª, ayud¨® a crear las condiciones de posibilidad de la pr¨®rroga de los mandatos judiciales.

Sigue toda la informaci¨®n internacional en Facebook y X, o en nuestra newsletter semanal.