Dina Boluarte, denunciada ante la Corte Penal Internacional por el asesinato de 49 manifestantes

Los diecis¨¦is meses de Dina Boluarte en el sill¨®n presidencial quedaron marcados por la convulsi¨®n social con la que inici¨® su mandato, tras la salida de Pedro Castillo por su frustrado autogolpe de Estado. Miles de peruanos marcharon en su contra, exigiendo un adelanto de elecciones que nunca lleg¨®. El Gobierno envi¨® a las calles a las Fuerzas Armadas y el saldo fue fatal, particularmente en las provincias de la sierra sur. Este martes, en La Haya, representantes de la Federaci¨®n Internacional por los Derechos Humanos (FIDH) y su contraparte en Per¨², Asociaci¨®n Pro Derechos Humanos (APRODEH), han presentado un documento ante la Fiscal¨ªa de la Corte Penal Internacional (CPI) en el que denuncian a Boluarte por la comisi¨®n de cr¨ªmenes de lesa humanidad e intento de asesinato entre el 7 de diciembre de 2022 y el 9 de febrero de 2023, los tiempos m¨¢s ¨¢lgidos de las movilizaciones.

Las imputaciones son por 49 muertes y 155 intentos de asesinato y 937 heridos. Imputaciones que se sustentan en las investigaciones de la Fiscal¨ªa de la Naci¨®n y son respaldadas por tres informes cruciales de Human Rights Watch, Amnist¨ªa Internacional y la Comisi¨®n Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), quienes enviaron diversas comitivas a las regiones del Per¨² para recabar informaci¨®n de primera mano. La denuncia establece que los asesinatos se produjeron por ¡°un ataque sistem¨¢tico y el uso desproporcionado de la fuerza¡± de parte de las fuerzas del orden en contra de civiles, de bajos recursos econ¨®micos, provenientes en su mayor¨ªa de zonas ind¨ªgenas, a quienes no se les encontr¨® ning¨²n arma de fuego en la mano como para que pudiesen representar una amenaza. Incluso varios de ellos ni siquiera estaban participando de las marchas.

¡°Luego del ataque, las autoridades repetidamente negaron sus responsabilidades, incluso obstaculizando investigaciones, y muchos de los casos contin¨²an en una situaci¨®n de impunidad, lo cual evidencia nuevamente la existencia de una pol¨ªtica estatal y la sistematicidad del ataque¡±, detalla la denuncia. Tambi¨¦n se hace hincapi¨¦ en que los planes de operaciones de la Polic¨ªa y el Ej¨¦rcito partieron del supuesto que las ¡°manifestaciones estaban cooptadas por terroristas y actores violentos¡±. Un discurso que fue promovido por el Ejecutivo y algunos medios de comunicaci¨®n.

El informe indica que se pudo corroborar que las armas registradas por las fuerzas de seguridad eran fusiles Galil y AKM, y pistolas Pietro Beretta y Sig Sauer, todas con munici¨®n letal. Pero adem¨¢s un aspecto revelador: el 63% de los impactos fueron dirigidos al t¨®rax, y 22% a la cabeza, puntos vitales. ¡°Indica una estrategia de apuntar a matar. Solo en una minor¨ªa de casos se constataron heridas en las extremidades. Adem¨¢s quince personas recibieron impactos por la espalda, lo que equivale al 30% del total de las v¨ªctimas [...] y muchos de los casos revelan que las personas fueron asesinadas a corta distancia, por lo tanto, la fuerza p¨²blica no pudo haber disparado en defensa propia¡±, se remarca. El rango de edad de las v¨ªctimas est¨¢ concentrado en personas muy j¨®venes. Siete de los asesinados eran menores de edad (14%). El 42% ten¨ªa entre los 18 y 30 a?os y el 28% entre 30 y 40 a?os.

La denuncia de la FIDH y APRODEH enfatiza la complicidad del Gobierno y, por tanto, de la presidenta Boluarte al otorgar cursos y ascensos a cinco generales de la Polic¨ªa que estuvieron al mando de unidades involucradas en los asesinatos. A ello se suman omisiones u obst¨¢culos al momento de investigar o esclarecer los hechos. ¡°Todo ello apunta a la existencia una Pol¨ªtica de Estado, planeada o, como m¨ªnimo, aprobada por omisi¨®n, por las m¨¢s altas autoridades nacionales del Per¨²¡±, se expone.

Gloria Cano, directora de APRODEH, indica que su organizaci¨®n recurri¨® a los fueros internacionales debido a las constantes amenazas que recibe el Ministerio P¨²blico, las cuales ponen en riesgo la b¨²squeda de justicia. Se ha solicitado a la Fiscal¨ªa de la Corte Penal Internacional que abra una investigaci¨®n sobre el Per¨². Con todo lo recabado, ellos recoger¨¢n sus propias pruebas. ¡°Se ha hecho un perfil muy detallado, caso por caso, de las 49 v¨ªctimas. La mayor¨ªa fueron asesinados mientras ejerc¨ªan su leg¨ªtimo derecho a la protesta¡±, sostiene Cano.

Mientras tanto, Boluarte se encuentra de visita en China, donde se reunir¨¢ con su hom¨®logo, Xi Jinping, adem¨¢s de empresarios. La mandataria no habla con los medios de comunicaci¨®n del Per¨² desde hace m¨¢s de 80 d¨ªas. A su regreso no le esperan noticias muy alentadoras: diversos colectivos han anunciado una marcha nacional en su contra para los d¨ªas 27 y 28 julio, fecha en la que se celebran las Fiestas Patrias.

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