HRW responsabiliza a la Polic¨ªa y Fuerzas Armadas de Per¨² de las muertes en las protestas

Despu¨¦s de realizar 140 entrevistas, analizar 37 horas de video y 663 fotograf¨ªas y revisar autopsias, informes de bal¨ªstica, expedientes penales y m¨¢s documentos, la ONG Human Rights Watch (HRW) ha concluido que por lo menos 39 de las 49 muertes de manifestantes o transe¨²ntes durante las movilizaciones sociales en Per¨² fueron a causa de heridas de bala. Un hecho que el Gobierno no ha reconocido hasta ahora, limit¨¢ndose a decir que es materia de investigaci¨®n o incluso deslizando la posibilidad de que algunos civiles se habr¨ªan disparado entre ellos. Las protestas, que produjeron en todo Per¨², pero sobre todo en las regiones, comenzaron en diciembre de 2022, cuando Dina Boluarte reemplaz¨® a Pedro Castillo en la presidencia tras el fracaso de su autogolpe de Estado.

En el informe que lleva por t¨ªtulo Deterioro letal. Abusos por las fuerzas de seguridad y crisis democr¨¢tica en el Per¨², HRW subraya que en el cuantioso material revisado no identificaron a ning¨²n manifestante portando armas y, adem¨¢s, que hasta febrero pasado, la Polic¨ªa no le hab¨ªa confiscado armas de fuego a ning¨²n manifestante en ning¨²n rinc¨®n de Per¨². Un acto que hubiese sido noticia. Lo cierto es que, seg¨²n el reporte, 14 v¨ªctimas recibieron impactos de bala en el torso, 11 en la cabeza y nueve en la espalda. ¡°En varios casos, las fuerzas de seguridad parecen haber matado a personas a distancia, a veces a m¨¢s de 100 metros, lo que cuestiona la explicaci¨®n de que dispararon en defensa propia¡±, se?ala el documento.

Si bien el Ministerio de Salud ha registrado 125 heridos de bala, aparte de los fallecidos, indican que es probable que la cifra real sea mayor. ¡°Human Rights Watch revis¨® historiales m¨¦dicos proporcionados por familiares de v¨ªctimas que hac¨ªan referencia a heridas de bala en varios casos que no estaban incluidos en la lista del Ministerio¡±. En otras palabras, un subregistro. Se ha contabilizado tambi¨¦n que cinco personas murieron por heridas originadas por perdigones disparados con escopetas y que un civil muri¨® producto del golpe de un cartucho de gas lacrim¨®geno disparado a corta distancia. Se refieren a V¨ªctor Santisteban Yacsavilca, el ¨²nico manifestante muerto en Lima, la capital.

¡°La evidencia muestra que las Fuerzas Armadas y la Polic¨ªa Nacional de Per¨² hicieron un uso desproporcionado e indiscriminado de la fuerza contra manifestantes y transe¨²ntes (¡­) Es probable que estas muertes constituyan ejecuciones extrajudiciales o arbitrarias en virtud del derecho internacional de los derechos humanos, por las cuales el Estado es responsable. Los fiscales deben investigar a los agentes implicados, as¨ª como a sus superiores y a las autoridades civiles¡±, dice el informe.

De acuerdo al Ministerio de Salud, alrededor de 1.300 personas se atendieron en centros de salud p¨²blicos y privados por lesiones recibidas durante las movilizaciones. 39 son ni?os, una poblaci¨®n que qued¨® a merced de la fatalidad: ocho de los 49 civiles fallecidos eran menores. Por otro lado, la prensa padeci¨® de agresiones. La Asociaci¨®n Nacional de Periodistas del Per¨² (ANP) document¨® 155 casos de hostigamiento, amenazas, golpes y detenciones arbitrarias solo entre diciembre y enero. La m¨¢s emblem¨¢tica: cuando la Polic¨ªa irrumpi¨® en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y detuvo a 192 personas por usurpaci¨®n. No se les encontr¨® ninguna arma blanca ni nada sospechoso, pero aun as¨ª fueron intimidados.

Human Rights Watch enfatiza no haber percibido que el Ejecutivo tomara medidas para que los responsables rindieran cuentas y deja entrever una presunta complicidad en los hechos delictivos. ¡°A menudo negaron que se hubieran producido, al tiempo que expresaban repetidamente opiniones ofensivas sobre los manifestantes y los menospreciaban insinuando que eran ¡®terroristas¡¯. La ret¨®rica del Gobierno, que parec¨ªa excusar o minimizar los abusos, combinada con la aparente inacci¨®n de las m¨¢s altas autoridades civiles que ten¨ªan la responsabilidad sobre las fuerzas de seguridad ante las s¨®lidas pruebas de los abusos, plantea interrogantes sobre la posible negligencia o incluso complicidad en los abusos¡±, indican.

La fiscal de la Naci¨®n, Patricia Benavides, le inform¨® a la ONG que hasta el 8 de febrero hab¨ªan abierto 189 investigaciones sobre muertes y lesiones de manifestantes, y tambi¨¦n sobre actos de violencia de parte de manifestantes. Sin embargo, HRW detect¨® una serie de deficiencias en las diligencias fiscales: no preservar el lugar de los hechos ni recoger los casquillos de bala, no ordenar pruebas de absorci¨®n at¨®mica a los militares y polic¨ªas que pudiesen haber estado involucrados, en algunos casos no dictaminar autopsias antes de que los cuerpos fueran enterrados, no decomisar ning¨²n arma para realizar an¨¢lisis bal¨ªsticos, no solicitar grabaciones de las c¨¢maras de seguridad de los lugares donde hubo muertos y heridos, entre otras irregularidades que les notificaron los abogados de las v¨ªctimas. Adem¨¢s, la Inspector¨ªa General de la Polic¨ªa afirm¨® que ning¨²n agente de la Polic¨ªa hab¨ªa sido sancionado ni apartado del servicio.

Por todo ello, Human Rights Watch concluye que el ¡°Gobierno debe trabajar con el Congreso para garantizar una reforma de la Polic¨ªa para convertirla en una fuerza m¨¢s eficiente y respetuosa de la ley¡± y a su vez ¡°invitar a una comisi¨®n independiente de expertos internacionales y concederle acceso a la informaci¨®n gubernamental y a los expedientes de los casos para apoyar las investigaciones en curso y elaborar un informe sobre la crisis actual y las violaciones de los derechos humanos, de forma complementaria a las investigaciones penales existentes¡±.

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