El conflicto civil en Bolivia se recrudece tras la toma de cuarteles a manos de campesinos cocaleros leales a Evo Morales

El asedio de una multitud de campesinos a los cuarteles militares de la provincia cocalera del Chapare y la toma de rehenes ha intensificado el conflicto civil que sufre Bolivia con la disputa entre el exmandatario Evo Morales y el actual presidente, Luis Arce,

como tel¨®n de fondo. Ese territorio, considerado desde los a?os noventa como zona roja por la presencia de miles de hect¨¢reas de cultivos de coca y laboratorios de producci¨®n de coca¨ªna, tambi¨¦n ha sido desde entonces un foco de profunda confrontaci¨®n pol¨ªtica. Fue escenario de enfrentamientos constantes con los campesinos durante la guerra contra las drogas impulsada por Estados Unidos y luego en la cuna de la revoluci¨®n que dirigi¨® uno de sus hijos, Morales, de 2006 a 2019. Pese a ello, lo que ocurre desde el viernes 1 de noviembre resulta extraordinario.

Arce est¨¢ decidido a retomar el control de la zona, donde la presencia del Estado nunca fue plena y se perdi¨® por completo hace 20 d¨ªas. Entonces comenzaron los bloqueos de caminos contra el Gobierno por 17 demandas, entre ellas la habilitaci¨®n de la candidatura de Morales a las elecciones de 2025 y el archivo de las causas judiciales en su contra. Los cortes de carreteras paralizaron el comercio de medio pa¨ªs y provocaron que la mayor¨ªa de la poblaci¨®n se enfureciera contra el exmandatario y los cocaleros, al punto de exigir su detenci¨®n y la intervenci¨®n de los militares.

Ante la enorme inestabilidad de la situaci¨®n, los polic¨ªas y funcionarios p¨²blicos abandonaron el Chapare, donde pas¨® a dirigir la vida p¨²blica y privada la poderosa Coordinadora de las Federaciones de Productores de Coca. En el edificio central de la organizaci¨®n, situado en la peque?a ciudad de Lauca E?e, se encontraban el s¨¢bado su l¨ªder, el propio Morales, y un grupo de pol¨ªticos de su partido en huelga de hambre exigiendo que Arce, su antiguo aliado, negocie y atienda sus demandas.

Aun en su tiempo en el poder, el exgobernante nunca dej¨® de ser el l¨ªder de las federaciones de cocaleros que, seg¨²n se ha denunciado muchas veces, controlan por completo a los chapare?os y expulsaron a las bases antinarc¨®ticos de la estadounidense Drug Enforcement Administration (DEA).

Tras el inicio del conflicto, los militares desplegados en la zona se convirtieron, como ya hab¨ªa ocurrido en el pasado, en blanco de las cr¨ªticas y las sospechas de la poblaci¨®n organizada en comit¨¦s y piquetes para impedir que los veh¨ªculos pasaran por la carretera que atraviesa el Chapare por la mitad y une a la cercana ciudad de Cochabamba con Santa Cruz de la Sierra, es decir, el occidente con el oriente del pa¨ªs.

La novedad consisti¨®, en esta ocasi¨®n, en el cerco de cuarteles. Los grupos de campesinos impidieron la entrada de provisiones y obligaron a los comandantes a acordar un ¡°pacto de no agresi¨®n¡± para evitar una escalada del enfrentamiento. En la Unidad Militar Juan Maraza de Villa Tunari, la ciudad donde reside habitualmente Morales, miles de personas llegaron m¨¢s lejos: entraron en la instalaci¨®n y tomaron por unas horas a los militares como rehenes; tambi¨¦n amenazaron con quitarles las armas. Este secuestro expr¨¦s desemboc¨® en otro acuerdo: a cambio de una suerte de libertad bajo vigilancia de los cocaleros, los soldados prometieron guardar sus armas y no usarlas contra la poblaci¨®n. No pueden salir de sus cuarteles y tienen problemas para aprovisionarse de alimentos. Sus familias han sido evacuadas.

La radicalizaci¨®n de los cocaleros se origin¨® el 27 de octubre, en el fallido intento de arresto de Morales por parte de un equipo de la polic¨ªa que lo intercept¨® en la carretera principal del Chapare. Quiso detener su veh¨ªculo ¡ªdispuesto por el Gobierno de Venezuela¡ª disparando sobre ¨¦l. Morales present¨® el hecho como un ¡°intento de asesinato¡±, lo que despert¨® la furia de sus compa?eros.

La situaci¨®n de los militares atrapados en medio del conflicto podr¨ªa mejorar si finalmente se suspendieran temporalmente los bloqueos de rutas, como pidi¨® Morales el viernes antes de comenzar su huelga de hambre. Pero hasta ahora eso no ha ocurrido y la tensi¨®n sigue.

3.000 polic¨ªas contra manifestantes

Tras las declaraciones del expresidente, Humberto Claros, un dirigente campesino de rango medio, se?al¨® que los cortes de caminos que a¨²n quedan se mantendr¨¢n en respuesta a la represi¨®n gubernamental que, seg¨²n afirm¨®, se vivi¨® el viernes. Ese d¨ªa, 3.000 polic¨ªas se enfrentaron durante 13 horas con los manifestantes ante un puente, que al final fue ¡°liberado¡± por las autoridades. Esto permiti¨® la reanudaci¨®n el tr¨¢nsito de veh¨ªculos desde y hacia la ciudad de Cochabamba.

La batalla dej¨® 65 detenidos, 55 de los cuales fueron enviados a la capital, La Paz, acusados de ¡°terrorismo y alzamiento armado¡± por lanzar dinamita y supuestamente disparar contra los uniformados. Seg¨²n los chapare?os, sus compa?eros est¨¢n ¡°secuestrados¡±, ya que deber¨ªan ser juzgados en su tierra. El principal reclamo de las protestas, ahora, es la liberaci¨®n de estas personas, que fueron presentadas como delincuentes comunes por el ministro de Gobierno, responsable de la seguridad p¨²blica, Eduardo del Castillo.

Esta discrepancia entre la voz de Morales y la conducta de sus seguidores es inusual, aunque el mensaje del exmandatario fue una ¡°sugerencia¡± y no se present¨® como una orden. Durante los ¨²ltimos 30 a?os, la voluntad del l¨ªder ind¨ªgena ha sido ley para los cocaleros. Seg¨²n Del Castillo, Morales pidi¨® ¡°cuarto intermedio¡±, la f¨®rmula que utiliza para referirse al levantamiento de los bloqueos, y entr¨® en huelga de hambre porque as¨ª ¡°se lava las manos de la toma de cuarteles militares¡± que sus simpatizantes realizaron y que puede ser sancionada como ¡°traici¨®n a la patria y levantamiento armado¡±. Es decir, con 30 a?os de prisi¨®n. Del Castillo supone, entonces, que la respuesta de Claros a la solicitud de Morales fue acordada entre ambos. Claros pidi¨® ¡°que nadie se atreva ahora a culpar al hermano Evo por las movilizaciones futuras, que van a persistir¡±.

Otros factores a considerar en el llamamiento de Morales a una tregua son la fiesta de Todos Santos, que en el campo boliviano dura varios d¨ªas, y el cansancio que indudablemente sienten sus bases tras 20 d¨ªas de conflicto y escasez de bienes en las ciudades donde viven.

Aunque esta ¨²ltima lucha de los chapare?os no ha tenido un objetivo claro, nadie duda de que el punto crucial de la misma es contrarrestar la investigaci¨®n contra Morales por parte de la Fiscal¨ªa por un caso de violaci¨®n de menor, un estupro, en medio de la guerra fratricida de este contra su exministro Arce.

El l¨ªder cocalero lleg¨® al Chapare en los a?os ochenta llevado por su padre, que escapaba de la depresi¨®n econ¨®mica que sufr¨ªa Oruro, en el occidente del pa¨ªs, y buscaba establecerse en una zona m¨¢s f¨¦rtil. El Chapare es llamado el ¡°tr¨®pico de Cochabamba¡± porque es una tierra h¨²meda de unos 12.000 kil¨®metros cuadrados. Hoy es el ¨¢rea rural m¨¢s rica del pa¨ªs gracias a la coca, que en un porcentaje elevado termina en manos del narcotr¨¢fico. Esto no significa que el movimiento cocalero est¨¦ directamente vinculado con ese delito. Morales, que primero obtuvo el puesto de secretario de Deportes de un sindicato porque le gustaba jugar f¨²tbol, y que luego ascendi¨® vertiginosamente en la estructura sindical y en la pol¨ªtica nacional gracias a su pragmatismo y su conciencia de clase, encontr¨® la forma de mantenerse alejado de la producci¨®n de droga.

Esta fue la etapa ¨¦pica de su biograf¨ªa, ahora ensombrecida por los efectos sobre su personalidad de un ¨¦xito pol¨ªtico sin precedentes en la historia de Bolivia. Seg¨²n su bi¨®grafo Mart¨ªn Zivak, tras 14 a?os como presidente y ¡°l¨ªder hist¨®rico de los ind¨ªgenas bolivianos¡±, Morales se fue dejando ganar por la megaloman¨ªa y se obsesion¨® con el poder. El exmandatario ha manifestado que la lucha del Chapare contra Arce podr¨ªan cesar si se le garantiza que podr¨¢ participar en las elecciones de 2025, algo que el presidente considera imposible al tratarse de una pretensi¨®n ¡°inconstitucional¡±.

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