Costa Rica, un para¨ªso de impunidad para agresores sexuales

Este reportaje ha contado con el apoyo del Howard G Buffett Fund for Women Journalists de la International Women¡¯s Media Foundation para mujeres periodistas. Los nombres de las activistas de Unidas Talamanca y las v¨ªctimas de agresiones han sido cambiados para proteger su identidad.

¡°D¨ªgame la verdad, ?se puede hacer algo?¡±, le pregunt¨® Paula a la oficial de polic¨ªa que tomaba su declaraci¨®n. ¡°Ella respir¨® hondo y me dijo: ¡®Honestamente, la mayor¨ªa de estos casos queda sin resolver porque las v¨ªctimas turistas se van r¨¢pido del pa¨ªs, y las locales tienen miedo de amenazas¡¯¡±. Esta costarricense de 40 a?os hab¨ªa sufrido una violaci¨®n en Puerto Viejo de Talamanca, un conocido destino tur¨ªstico en el Caribe sur de Costa Rica, en una noche de temporada alta.

En la otra costa del pa¨ªs, en las playas del Pac¨ªfico, Lynn Segev, de 19 a?os, recuerda una conversaci¨®n que tuvo hace a?os con un conocido. ¡°Me habl¨® de un muchacho que llevaba en su auto a mujeres que drogaba en fiestas para ¡®foll¨¢rselas¡¯ y yo le dije: No se las est¨¢ follando, las est¨¢ violando¡±. A?os despu¨¦s, ese chico acab¨® preso en una condena hist¨®rica fruto del trabajo del grupo feminista del que ahora forma parte.

Estas historias evidencian una crisis palpable en estas zonas remotas, donde el acoso callejero est¨¢ a la orden del d¨ªa y la falta de educaci¨®n sexual desdibuja los l¨ªmites del consentimiento. La cultura de la violaci¨®n, la falta de recursos del Estado y el turismo sin apenas control subsume esas agresiones en una espiral de silencio e impunidad. Los datos del Ministerio P¨²blico reflejan que, solo en 2023, 68 mujeres fueron v¨ªctimas de delitos sexuales al d¨ªa, 76% m¨¢s que el a?o anterior. Del total de las denuncias de 2023, apenas 15% resultaron en acusaciones formales.

La fama mundial de pa¨ªs verde llev¨® a Costa Rica una cifra r¨¦cord de 2,5 millones de turistas en 2023. Pese al flujo econ¨®mico que esto supone, muchos destinos tur¨ªsticos apenas cuentan con servicios p¨²blicos, como sucede en el Caribe sur y en Santa Teresa de C¨®bano. Este abandono estatal se suma a una cultura de la fiesta que atrae a visitantes j¨®venes, pero tambi¨¦n a depredadores sexuales y narcotraficantes. ¡°Es un para¨ªso para agredir¡±, lamenta Segev, vicepresidenta de la Asociaci¨®n C¨®bano Pro Derechos de las Mujeres (ACOPROM).

El calvario de la denuncia

Un d¨ªa despu¨¦s de poner su denuncia por violaci¨®n en Puerto Viejo, Paula recibi¨® una llamada an¨®nima con amenazas de muerte para que la retirara. Azorada por el miedo, accedi¨®. Mientras, el sistema judicial la somet¨ªa a una revictimizaci¨®n que la desproteg¨ªa a¨²n m¨¢s. Diez d¨ªas despu¨¦s, la psic¨®loga que le asignaron le aconsej¨® simplemente que pensara en su lugar feliz. ¡°Yo no com¨ªa ni dorm¨ªa y esa frase de mierda fue el tratamiento psicol¨®gico que recib¨ª¡±, recuerda con indignaci¨®n.

Para Gerson Quir¨®s, subjefe de la Delegaci¨®n del Organismo de Investigaci¨®n Judicial (OIJ) en Bribri, el mayor desaf¨ªo para investigar estos delitos es su car¨¢cter privado. ¡°Sin denuncia, no hay delito¡±, reconocen fuentes policiales. Una mujer debe denunciar y seguir el proceso hasta el final, pero las trabas que encuentran son muchas. ¡°Las extranjeras no quieren hacerse las pruebas forenses, los procesos duran a?os y la mayor¨ªa no los siguen¡±, explica Quir¨®s. No obstante, las extranjeras no residentes pueden realizarlos a distancia.

Una veintena de entrevistados coincidieron en que la dificultad de denunciar radica en la ineficiencia del sistema judicial y la poca aplicaci¨®n de justicia con perspectiva de g¨¦nero, que se traduce en revictimizaci¨®n y soledad para las denunciantes. Adem¨¢s, estas zonas tur¨ªsticas no tienen recursos suficientes para garantizar la eficiencia del cumplimiento del Protocolo interinstitucional de atenci¨®n integral a v¨ªctimas de violaci¨®n sexual en las primeras 72 horas.

Y al ser ataques que ocurren principalmente de noche, la inmediatez de la atenci¨®n se ve comprometida, ya que no hay transporte p¨²blico, traductores ni polic¨ªas disponibles f¨¢cilmente. Adem¨¢s, una v¨ªctima debe someterse a ex¨¢menes m¨¦dicos forenses, sin lavarse tras la agresi¨®n para no borrar las evidencias. En Santa Teresa, por ejemplo, no hay centros que puedan hacer estas pruebas, por lo que la v¨ªctima debe desplazarse hasta la ciudad de Puntarenas en un trayecto de entre tres y seis horas.

Lucila, una chilena de 41 a?os, sufri¨® una agresi¨®n verbal por un hombre desconocido en un gimnasio de Puerto Viejo. Seg¨²n su relato, fue revictimizada por la polic¨ªa cuando fue a denunciar. Cuando estaba en la estaci¨®n, su tel¨¦fono empez¨® a vibrar. ¡°Me llegaban mensajes de mujeres alert¨¢ndome de agresiones f¨ªsicas y sexuales que hab¨ªa cometido mi agresor y aun as¨ª la polic¨ªa no hizo nada por m¨ª¡±, rememora. Al no poder denunciar en la polic¨ªa, acudi¨® al OIJ.

All¨ª se enter¨® de que su agresor ten¨ªa tres causas m¨¢s. D¨ªas despu¨¦s, el due?o del gimnasio le confes¨® a Lucila que le hab¨ªa dado al hombre el video de las c¨¢maras de seguridad ¨Cque antes le hab¨ªa negado a ella¨C y este lo public¨® en un grupo de Facebook llamado ¡®Puerto Viejo Open Forum¡¯, con m¨¢s de 14.000 miembros. La publicaci¨®n culpaba a Lucila del incidente y dejaba expuesta su identidad. Ella comenz¨® a ser v¨ªctima de ciberacoso. ¡°?l sigue libre y por eso las mujeres no quieren denunciar¡±, espeta.

De la indignaci¨®n a la acci¨®n

Los feminicidios de la turista mexicana Mar¨ªa Trinidad Matus y la espa?ola Arantxa Guti¨¦rrez en 2018; el de Mar¨ªa Luisa Cede?o en 2020, o la violaci¨®n de dos turistas danesas en 2022 fueron algunos de los casos m¨¢s medi¨¢ticos que hicieron brotar en redes sociales a grupos feministas como respuesta indignada ante la inoperancia estatal y la creciente inseguridad que azota a las mujeres en Costa Rica. Dos de ellos han sido Unidas Talamanca y el Movimiento Feminista de Santa Teresa, ahora formalmente constituido como ACOPROM. Lucila y Paula han encontrado sororidad en UT y, mediante un grupo de WhatsApp de cerca de 150 integrantes, se alertan diariamente de todo tipo de casos de violencia de g¨¦nero.

Julia, quien lleva media vida en el Caribe, fue una de las pioneras de UT. ¡°A veces parece que logramos muy poco, pero conseguimos que los due?os del gimnasio echaran al agresor de Lucila ¨Ccontra quien ya antes hab¨ªamos fracasado en un intento de armar un caso por varias violaciones. Esa victoria jam¨¢s hubiera sido posible sin UT¡±, sentencia. Ella se ha convertido en uno de los contactos de emergencia de las v¨ªctimas. ¡°La sostenibilidad del activismo pesa m¨¢s porque hacemos un trabajo que deber¨ªa hacer el Estado¡±, afima esta mujer que asegura haber atendido al menos a 50 mujeres en los ¨²ltimos a?os. Seg¨²n datos de la Unidad de Monitoreo y Gesti¨®n de las Fiscal¨ªas (UMGEF), solo en Bribri se registraron 893 delitos sexuales entre 2021 y 2023.

Sin embargo, en la zona existen choques culturales no resueltos que limitan una actuaci¨®n m¨¢s conjunta frente a la violencia sexual. UT se compone de extranjeras y capitalinas, y las afrodeind¨ªgenas locales reprochan sus metodolog¨ªas. ¡°No creemos en el feminismo y nos molest¨® much¨ªsimo que dijeran que representaban a las mujeres de Talamanca sin preguntarnos a nosotras¡±, explica Celia Mur¨¦, una lideresa comunitaria. Pese a sus desavenencias, algunas ven una lucha com¨²n. ¡°Yo he aprendido mucho de las afroind¨ªgenas y, aunque odien el t¨¦rmino ¡®feminista¡¯, para m¨ª lo son y mucho, porque luchan incansablemente por su comunidad¡±, expresa Julia.

Wanda Patterson es propietaria de la discoteca Salsa Brava. Para ella, la comisi¨®n de delitos sexuales se debe a la falta de presencia policial y la desintegraci¨®n comunitaria. ¡°Despu¨¦s de las 2:00 am, esto es tierra de nadie. Y antes nos conoc¨ªamos todos, pero ya no¡±, explica. Tanto ella como Mur¨¦ consideran que las extranjeras se exponen a s¨ª mismas. ¡°Las mujeres se pasean semidesnudas y no respetan nuestra moralidad religiosa¡±, espeta Mur¨¦. UT discrepa con esta visi¨®n que ¡°culpa a las v¨ªctimas¡± y piden redoblar esfuerzos. ¡°Cuando se?alamos los lugares peligrosos nos atacan, pero los propietarios de negocios no son contundentes en actuar para evitar la violencia¡±, sentencia Adria, activista de UT. Casi todos los carteles informativos que ellas han colgado para prevenir a las mujeres de estos lugares han sido arrancados.

Las mujeres afro no niegan la existencia del patriarcado, pero temen que estos se?alamientos exacerben el racismo que hist¨®ricamente ha afectado a la provincia de Lim¨®n, cuna de la afrodescendencia costarricense. ¡°Nos ha costado mucho quitarnos la fama de lugar peligroso y por eso no quieren que ahuyentemos el turismo¡±, explica Adria.

El gran triunfo de las feministas de Santa Teresa

Unos 400 kil¨®metros separan a Santa Teresa de Puerto Viejo, pero comparten los mismos problemas en materia de violencia de g¨¦nero. Es s¨¢bado por la noche en Kooks, uno de los epicentros de fiesta de la zona. A medianoche, una decena de chicas entra al bar, la mayor¨ªa, turistas. Varios hombres las siguen. ¡°El modus operandi ac¨¢ es ir a los bares, escoger mujeres a dedo, emborracharlas, drogarlas y despu¨¦s abusar de ellas¡±, explica Florencia Santoni, una de las fundadoras del MFST. As¨ª operaba Andr¨¦s Picado, alias Bala, un violador serial de la zona. Tras un largo proceso judicial, fue condenado a 24 a?os de c¨¢rcel. ¡°Tras cinco a?os de trabajo llegamos a juicio por la labor que realizamos el MFST y yo, no por el buen trabajo de la fiscal¨ªa¡±, asegura el abogado Walter Brenes, que trabaj¨® ad honorem con las activistas.

Brenes y el MFST reprochan la poca eficiencia y empat¨ªa de las autoridades. ¡°Ni la fiscal¨ªa de C¨®bano ni la de Puntarenas consideraron necesarias las tres solicitudes de medidas cautelares de prisi¨®n preventiva, nunca entendieron que un depredador suelto generaba la posibilidad de nuevas v¨ªctimas¡±. Bala lleg¨® a tener hasta siete denuncias. Dos de ellas en 2019, con v¨ªctimas menores de edad, y el resto en el 2022. ¡°De haberse encontrado en prisi¨®n preventiva desde el inicio, los otros cinco casos nunca hubiesen ocurrido¡±, lamenta el letrado.Tras el feminicidio de la mexicana Mar¨ªa Trinidad Matus ¨Cque qued¨® impune¨C y las constantes violaciones en la zona, las feministas de Santa Teresa acudieron a las redes sociales para visibilizar testimonios de v¨ªctimas, fotograf¨ªas de los agresores y a los establecimientos permisivos de conductas machistas. Sufrieron amenazas de muerte, pero su hartazgo super¨® al amedrentamiento y consiguieron que establecimientos como Kooks vetasen el ingreso de sujetos con denuncias.

El abogado admite que, tras la condena de Bala, se ha percibido un cambio positivo en Santa Teresa. De hecho, seg¨²n la fiscal¨ªa de C¨®bano, este a?o han entrado apenas cuatro casos de delitos sexuales, frente a los 318 casos que hubo entre 2021 y 2023, seg¨²n UMGEF. ¡°La sentencia demuestra que, bien manejado, el sistema judicial costarricense s¨ª puede lograr una condena¡±, celebra.

Pero la carrera de fondo es consolidar los esfuerzos a largo plazo. ¡°La violencia machista est¨¢ asociada al entorno y estas zonas la sufren m¨¢s porque apenas hay trabajo de prevenci¨®n¡±, apunta Ana Hidalgo, activista de la Red de Feministas Contra la Violencia hacia las Mujeres. ¡°El gran impacto del MFST es precisamente cambiar la cultura local¡±. El principal reto ahora es la saturaci¨®n del sistema judicial.

Falta de funcionarios

Seg¨²n UMGEF, apenas hay 440 fiscales auxiliares en todo el pa¨ªs para investigar estos delitos. ¡°Cada fiscal maneja un flujo de casi 350 causas, la carga laboral es enorme por el incremento de la criminalidad y por el impedimento de la creaci¨®n de plazas para fiscal¨ªas y el OIJ¡±, explica Andrey Guerrero, fiscal de Puntarenas.

Adem¨¢s, solo hay 25 fiscal¨ªas Adjuntas de G¨¦nero, y ni C¨®bano ni Bribri cuentan con ellas. ¡°Hay mucha mala praxis en las fiscal¨ªas, tienen malas condiciones laborales y algunos, incluso malas formaciones¡±, explica la abogada Amanda Segura. Que un caso obtenga una condena acusatoria depende en gran medida de que la fiscal¨ªa tome la denuncia adecuadamente. Y, salvo que las mujeres contraten abogados privados, la gran mayor¨ªa se enfrenta al proceso judicial sin asesor¨ªa jur¨ªdica. Al contrario que los agresores. ¡°Todos los imputados en delitos sexuales tienen un defensor p¨²blico o abogados privados, pero las mujeres van solas, es muy intimidante¡±, explica Hidalgo.

Las cifras oficiales de los delitos sexuales de las instituciones p¨²blicas tienen un problema: no cuadran entre s¨ª. ¡°No existe un sistema inform¨¢tico unificado en el Ministerio P¨²blico, por lo que no hay trazabilidad para contrastar los datos que entran por el OIJ o por la fiscal¨ªa y estos se pierden¡±, explica Fabiola Luna, fiscal jefa de UMGEF. Y esto, dice, revictimiza, ya que los distintos intervinientes en una causa (peritos, m¨¦dicos, etc.) manejan informaci¨®n diferenciada, lo que obliga a repreguntar a las v¨ªctimas por la agresi¨®n. Adem¨¢s, la falta de cifras fiables dificulta la creaci¨®n de pol¨ªticas p¨²blicas eficientes.

Es algo tan engranado en el sistema que, para la fiscal adjunta de G¨¦nero, Debby Garay, es inevitable. ¡°La revictimizaci¨®n es necesaria e inherente a un proceso penal, porque hay que preguntarle a la v¨ªctima qu¨¦ ocurri¨®, lo ideal es que se reduzca y sea humanizado¡±. Hay algunos avances: la reforma del art¨ªculo 293 del C¨®digo Procesal Penal permite un anticipo de la declaraci¨®n de la v¨ªctima en casos de delitos sexuales. ¡°As¨ª evitamos que declaren muchas veces y que abandonen el pa¨ªs y el proceso¡±, explica Luna.

Legitimaci¨®n del discurso de violencia

Rodrigo Ch¨¢ves lleg¨® a la presidencia de Costa Rica en 2022, cargando con varias denuncias de acoso sexual durante su ¨¦poca laboral en el Banco Mundial. Tanto los movimientos feministas como los expertos consultados coinciden en que este hecho y su discurso ¡°legitiman¡± la violencia contra las mujeres. Esto se suma al desmantelamiento progresivo del Instituto Nacional de las Mujeres, (INAMU), seg¨²n Hidalgo. ¡°Este Gobierno no ha impulsado la pol¨ªtica p¨²blica de Estado en materia de violencia contra las mujeres¡±.

Cindy Quesada, ministra de la Condici¨®n de la Mujer, asegura que la instituci¨®n est¨¢ en un proceso de reestructuraci¨®n y lamenta ¡°cargar con el estigma de la administraci¨®n que acarrea que muchas personas no quieran trabajar¡± con su ministerio. El INAMU ha desarrollado la iniciativa Espacios Seguros con cerca de 780 negocios inscritos. Tambi¨¦n se han implantado 32 Puntos Violeta, pero atienden en horario de oficina, y no son f¨¢ciles de encontrar, ya que no aparecen en los buscadores digitales.

Pese al problema, el trabajo de los movimientos feministas da sus peque?os frutos. Florencia Santorini, quien nunca se imagin¨® que el MSFT lograr¨ªa una condena, trabaja impulsada por las palabras de la legisladora argentina Ofelia Fern¨¢ndez. ¡°¡®Lo que combate al odio es la rabia bien organizada¡¯ y eso es lo que nos representa, porque estamos furiosas por tanta impunidad¡±, dice. ¡°Hoy en d¨ªa estamos trabajando con las instituciones, que apenas ahora, tras a?os de lucha, comienzan a hacernos caso¡±.