El Gobierno de Ecuador destruye las muestras gen¨¦ticas de presos que tom¨® de manera ilegal

Bajo el sigilo con el que el Gobierno de Ecuador ha manejado el censo penitenciario que, mediante enga?os, implic¨® la toma de muestras gen¨¦ticas de presos, el Servicio de Medicina Legal y Ciencias Forenses dispuso la destrucci¨®n de dichas muestras. Esta decisi¨®n llega tras ocho meses en los que las autoridades suspendieron la controvertida pr¨¢ctica, luego de que EL PA?S publicara una investigaci¨®n en la que se revelaba que la administraci¨®n de Daniel Noboa estaba creando en secreto una base de perfiles gen¨¦ticos de presos.

Durante varios d¨ªas, los censistas comenzaron su labor en las c¨¢rceles de mayor poblaci¨®n y peligrosidad del pa¨ªs, bajo la mirada de los militares. Los internos respondieron a las preguntas de los censistas, entregaban su identificaci¨®n y abr¨ªan la boca para que el personal del Servicio Nacional de Medicina Forense recolectara material gen¨¦tico mediante un hisopo. Cuando se les preguntaba sobre el prop¨®sito de la recolecci¨®n de su ADN, la respuesta era inquietante: se argumentaba que era para identificar a los presos en caso de que fueran asesinados durante motines, masacres o desmembramientos, pr¨¢cticas que han ocurrido en repetidas ocasiones en los ¨²ltimos tres a?os en las c¨¢rceles ecuatorianas.

Una muestra del perfil gen¨¦tico solo puede ser solicitada por una jueza o un fiscal. El porcentaje de personas que accede a facilitar esta informaci¨®n en los casos judiciales es muy bajo. Esto hace a¨²n m¨¢s sospechoso que el Gobierno haya logrado convencer a pr¨¢cticamente toda la poblaci¨®n carcelaria. El plan del Gobierno consist¨ªa en que, con la informaci¨®n extra¨ªda a los internos, se cree una base de registros que podr¨ªa ser utilizada para involucrarlos en cr¨ªmenes futuros o en aquellos que hayan perpetrado en el pasado. Por ejemplo, un preso condenado por homicidio que aporte su material gen¨¦tico podr¨ªa encontrarse con que sus muestras coinciden con las recogidas en un caso de violaci¨®n.

Ante los cuestionamientos sobre estos procedimientos y tras la suspensi¨®n de la recolecci¨®n de muestras en las c¨¢rceles, el peque?o sobre donde se guardaba el hisopo con cada muestra gen¨¦tica fue grapado a un documento que indicaba el consentimiento de la persona privada de libertad, pero sin la firma de autorizaci¨®n. Tambi¨¦n se adjunt¨® una hoja de responsabilidad sobre la custodia, aunque carec¨ªa de informaci¨®n esencial: no se especificaba el centro de privaci¨®n de libertad en el que se tom¨® la muestra, ni la hora, y lo m¨¢s preocupante, no hab¨ªa firma de responsabilidad, lo que eleva el riesgo de que estos datos pudieran ser completados a conveniencia. Las muestras recolectadas en la Penitenciar¨ªa del Litoral fueron almacenadas en parte en una caja de cart¨®n y en otra en una funda de pl¨¢stico negra, quedando en un rinc¨®n de una de las oficinas de Medicina Legal de Guayaquil, sin refrigeraci¨®n ni custodia. Posteriormente, se trasladaron a otra oficina del ¨¢rea de gen¨¦tica, donde permanecieron hasta ser entregadas a una empresa de bioseguridad para su destrucci¨®n. EL PA?S ha solicitado en m¨²ltiples ocasiones una entrevista con las autoridades del Servicio de Medicina Legal, sin obtener respuesta.

En Ecuador, la ley de protecci¨®n de datos garantiza a los ciudadanos el derecho a conocer la existencia y acceder a los datos gen¨¦ticos que consten en entidades p¨²blicas o privadas. Adem¨¢s, se debe especificar el uso que se dar¨¢ a estos datos, su finalidad, origen y destino, as¨ª como el tiempo de vigencia de la base de datos y la autorizaci¨®n requerida cada vez que se utilice.

Tras el esc¨¢ndalo de la recolecci¨®n de muestras gen¨¦ticas a presos sin su consentimiento, emergieron otras irregularidades en la morgue de Guayaquil, la delegaci¨®n que m¨¢s cad¨¢veres recibe, por el aumento incontrolable de la violencia en las calles. El fuerte hedor que inund¨® los alrededores de la morgue evidenci¨® una grave situaci¨®n: m¨¢s de 200 cad¨¢veres de personas asesinadas, muchas sin identificar y otras que no han sido reclamadas por sus familiares, se descompon¨ªan en dos contenedores con el sistema de refrigeraci¨®n averiado desde inicios de a?o. Estos contenedores fueron habilitados como parte de un plan de emergencia sanitaria en el peor momento de la pandemia de coronavirus y permanecieron en el patio de Medicina Legal para suplir la falta de espacio en la c¨¢mara de fr¨ªo, que estaba colapsada y donde se almacenaban hasta tres cad¨¢veres en una b¨®veda. A pesar de las afirmaciones del Gobierno sobre una reducci¨®n de la violencia, el Servicio Nacional de Medicina Legal ha reconocido que, debido al aumento de la criminalidad, existe un mayor n¨²mero de cad¨¢veres NN; es decir, cuerpos que no han sido identificados ni retirados por sus familiares.

Los funcionarios recolectaron en la puerta del contenedor pedazos de cuerpos que se sal¨ªan de las fundas forenses, para almacenarlas en bolsas. En el fondo del dep¨®sito, se apilaban brazos, cabezas y troncos sueltos, perdiendo as¨ª las identificaciones de los cad¨¢veres. Mientras tanto, en los exteriores de la morgue, los familiares esperaban respuestas de los funcionarios, quienes elud¨ªan la crisis, indicando que deb¨ªan esperar. En algunos casos, los familiares llevaban meses reclamando el cuerpo de sus hijas, hijos, hermanos o nietos. Para mitigar la crisis, el Servicio de Medicina Legal aceler¨® las inhumaciones masivas expr¨¦s. As¨ª, lo evitable ocurri¨®: la instituci¨®n estatal encargada de custodiar los cad¨¢veres perdi¨® cuerpos y cabezas, como en el caso del hijo de Ana, a quien le entregaron el cuerpo, pero no la cabeza, ya que hab¨ªa sido inhumada.

El 5 de agosto, la instituci¨®n declar¨® la emergencia para movilizar recursos y paliar la crisis, que no es solo de infraestructura y materiales, sino tambi¨¦n de recursos humanos. La morgue de Guayaquil, que en 2023 recibi¨® 4.500 cad¨¢veres, batalla el d¨ªa a d¨ªa en la zona m¨¢s violenta de Ecuador con solo cinco m¨¦dicos legistas, cada uno obligado a analizar hasta 20 cuerpos por d¨ªa, lo que genera el temor de no cumplir con los protocolos t¨¦cnicos ni ¨¦ticos necesarios para esa labor. El protocolo establece que el procedimiento de revisi¨®n, toma de fotograf¨ªas y muestras periciales puede tardar entre tres y seis horas por cada cuerpo, pero en Guayaquil, los m¨¦dicos no pueden dedicar m¨¢s de 20 minutos, comprometiendo as¨ª posibles evidencias cruciales para la obtenci¨®n de justicia. El Servicio de Medicina Legal, dirigido por un expolic¨ªa, ha contratado m¨¦dicos generales, pero no pueden realizar autopsias porque no est¨¢n acreditados como peritos ante el Consejo de la Judicatura, como se especifica en su p¨¢gina web.