Argentina salda con diez cadenas perpetuas los delitos cometidos en Campo de Mayo, el mayor centro clandestino del Ej¨¦rcito en la dictadura

Cada cadena perpetua fue recibida con fuertes aplausos este mi¨¦rcoles a las afueras de los tribunales federales de San Mart¨ªn, en el extrarradio de Buenos Aires. El excomandante Santiago Omar Riveros y otros nueve imputados por cr¨ªmenes de lesa humanidad perpetrados en el predio militar de Campo de Mayo durante la ¨²ltima dictadura argentina fueron condenados este mi¨¦rcoles a la pena m¨¢xima. Los dem¨¢s recibieron penas de entre cuatro y 22 a?os en la sentencia de uno de los mayores juicios por delitos de lesa humanidad de la historia del pa¨ªs sudamericano, el de la megacausa de Campo de Mayo, en el que se juzgaban delitos perpetrados contra 323 v¨ªctimas.

Campo de Mayo, a menos de 30 kil¨®metros de Buenos Aires, es el mayor complejo del Ej¨¦rcito de Argentina, con 5. 000 hect¨¢reas. Durante el r¨¦gimen militar que estuvo en el poder entre 1976 y 1983, funcion¨® all¨ª de clandestina un centro de detenci¨®n y torturas y una maternidad en la que mujeres secuestradas dieron a luz beb¨¦s que despu¨¦s fueron entregados a apropiadores bajo otra identidad. Desde Campo de Mayo tambi¨¦n se dirigi¨® la actividad represiva estatal en la zona norte del conurbano bonaerense.

En la largu¨ªsima lectura de la sentencia ¡ªdur¨® casi dos horas¡ª, el excomandante de Institutos Militares Santiago Omar Riveros, quien ten¨ªa bajo su ¨®rbita todo lo que ocurr¨ªa en Campo de Mayo, fue el primero en ser condenado a cadena perpetua. Los jueces consideraron probados todos los delitos que se le imputaban contra m¨¢s de 200 v¨ªctimas, como privaci¨®n ilegal de la libertad e imposici¨®n de tormentos agravados, entre muchos otros.

Riveros ya hab¨ªa recibido la pena m¨¢xima en m¨¢s de una docena de juicios, entre ellos en el hist¨®rico veredicto del pasado lunes, que consider¨® probada la existencia de ¡®vuelos de la muerte¡¯ que partieron desde Campo de Mayo con detenidos que fueron arrojados vivos desde el aire al R¨ªo de la Plata. El exjefe militar, de 98 a?os, escuch¨® el veredicto desde su casa, donde cumple prisi¨®n domiciliaria debido a problemas de salud.

A su vez fueron condenados a cadena perpetua los miembros de la plana mayor de la Zona de Defensa IV ¡ªLuis del Valle Arce, Carlos Javier Tamini, Mario Dom¨ªnguez¡ª y el ex jefe del ¨¢rea militar 420, Luis Sadi Pepa. Completan la lista de los diez represores sentenciados a la pena m¨¢xima Carlos Somoza, Francisco Agostino, Luis Britos y Miguel Conde.

Este ha sido el mayor juicio por delitos de lesa humanidad celebrado en Argentina desde la anulaci¨®n, en 2006, de los indultos a los jerarcas del r¨¦gimen militar y la derogaci¨®n de las leyes de impunidad. Solo se lo puede comprar, por cantidad de v¨ªctimas y casos juzgados, a otro similar, el de la megacausa de la Escuela Superior de Mec¨¢nica de la Armada (ESMA), que en 2017 conden¨® a los responsables de los delitos perpetrados en este centro clandestino de detenci¨®n de la Marina que funcion¨® frente a una de las grandes avenidas de Buenos Aires. Ambos son un gran paso en el largo camino iniciado en Argentina en 1985, con el llamado Juicio a las Juntas.

La sentencia de este mi¨¦rcoles llega despu¨¦s de tres a?os de audiencias, en su mayor¨ªa realizadas de forma virtual debido a la pandemia de coronavirus, en las que los jueces escucharon a m¨¢s de 700 testigos. El juicio, que comenz¨® en 2019, dio a conocer el funcionamiento de toda la estructura represiva de Campo de Mayo, en especial en el centro clandestino de detenci¨®n de El Campito, el mayor a manos del Ej¨¦rcito. Hasta ahora, las causas relativas a los cr¨ªmenes perpetrados en este predio militar hab¨ªan sido elevadas de forma fragmentada.

Robo de beb¨¦s

Entre las 323 v¨ªctimas hubo 14 mujeres embarazadas cuyos hijos e hijas fueron apropiados. Entre ellos est¨¢ Juana Colayago, que estaba embarazada de seis meses cuando fue secuestrada junto a su marido, Egidio Battistiol, y Leonor Landaburu, quien cursaba la ¨²ltima etapa de su embarazo. Ambas mujeres fueron secuestradas en agosto de 1977 y sus hijos siguen siendo buscados por Abuelas de Plaza de Mayo.

Las familias de los secuestrados ¡°tambi¨¦n fueron v¨ªctimas de estos hechos, pues contra ellas tambi¨¦n se dirigieron las conductas de los imputados, al negarles deliberadamente informaci¨®n sobre el paradero de sus seres queridos¡±, dijo la abogada querellante Carolina Villella durante su alegato en el juicio.

¡°Las consecuencias de este accionar a¨²n perduran en el presente, generando una carga de dolor y angustia a los familiares, que se sostienen en el tiempo¡±, agreg¨® Villella.

Entre las v¨ªctimas figuran tambi¨¦n decenas de obreros y delegados secuestrados de manera masiva en empresas como las automotrices Mercedes Benz y Ford, los astilleros Mestrina y el frigor¨ªfico Mart¨ªn Fierro, entre muchas otras. Sin embargo, no hubo ning¨²n responsable empresarial imputado.

Los organismos de derechos humanos estiman que al menos 4.000 detenidos pasaron por Campo de Mayo, de los que sobrevivi¨® menos del 1%. Hace s¨®lo dos d¨ªas, otro tribunal federal de San Mart¨ªn consider¨® probada la existencia de los vuelos de la muerte como m¨¦todo de exterminio y conden¨® a cuatro exmiembros del Batall¨®n de Aviaci¨®n 601 a cadena perpetua por su responsabilidad y participaci¨®n en estos vuelos.

Debido al escaso n¨²mero de sobrevivientes, una de las principales fuentes de ambos juicios fueron los exconscriptos, es decir, los j¨®venes que realizaron el servicio militar obligatorio en aquellos a?os. Fueron testigos involuntarios que lograron sacar a la luz aquello que los altos mandos intentaron ocultar. Tambi¨¦n fueron relevantes los testimonios de los gendarmes de los escalafones m¨¢s bajos, en especial los de aquellos que participaron en guardias en el exterior del centro de detenci¨®n de El Campito y pudieron reconocer durante el juicio a varios de los responsables.

Los abogados querellantes han reconocido tambi¨¦n la importancia de los archivos secretos hallados en el Ministerio de Defensa para reconstruir la estructura que se puso al servicio del plan sistem¨¢tico de secuestros, torturas y desapariciones.

Han pasado 46 a?os desde el golpe de Estado con el que comenz¨® la ¨²ltima dictadura en Argentina, pero los juicios por los cr¨ªmenes perpetrados en esos a?os contin¨²an. Hasta marzo, un total de 1.058 personas hab¨ªan sido condenadas por estos delitos en 273 sentencias, seg¨²n el ¨²ltimo relevamiento de la Procuradur¨ªa de Cr¨ªmenes contra la Humanidad.

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