La integridad de las elecciones argentinas, en juego

Argentina conmemora 40 a?os de democracia ininterrumpidos, el periodo m¨¢s largo de su historia en el cual, a pesar de crisis pol¨ªticas agudas y penurias econ¨®micas cr¨®nicas, ha renovado sus autoridades y representantes, resuelto una consulta popular y modificado su Constituci¨®n, mediante elecciones limpias y justas cada dos a?os.

La aseveraci¨®n que un proceso es justo debe sustentarse en tres pilares: la existencia de reglas claras y estables legalmente consagradas; un procedimiento en el que los competidores puedan controlar cada paso de la organizaci¨®n y ejecuci¨®n; y un ¨¢rbitro imparcial que resuelva los conflictos y consagre los resultados y estos reflejen sin dudas la voluntad popular expresada en los comicios.

En estos a?os, con gobiernos de diverso signo pol¨ªtico, las libertades de asociaci¨®n, expresi¨®n y sufragio no han sido restringidas en modo alguno y la validez y veracidad de los procesos y resultados electorales se sustentan en un procedimiento simple pero robusto, donde la Justicia Electoral, aut¨®noma respecto de los gobiernos, es la autoridad m¨¢xima y las agrupaciones pol¨ªticas y la ciudadan¨ªa protagonistas.

En definitiva, nuestro sistema es suficientemente s¨®lido como para no ser vulnerado, y suficientemente simple y controlado como para que cualquier intento de alteraci¨®n de la legalidad electoral sea detectada y remediada.

Es cierto que en cada contienda electoral se agitan temores sobre la transparencia comicial, pero los mismos nunca superaron el nivel de trascendido period¨ªstico, o afirmaci¨®n en redes sociales y han existido escasas denuncias formales ante las autoridades electorales y, tras ser investigadas, se descart¨® una maniobra delictiva.

Sin embargo, durante el presente proceso electoral han aparecido manifestaciones que fueron desde insinuaciones de irregularidades hasta afirmaciones de fraude que, sin perjuicio que deben considerarse, no parecen tener asidero en la realidad y se fundan en mayor medida en el desconocimiento del proceso electoral, a presar de los 40 a?os seguidos de elecciones, que en la verificaci¨®n de hechos concretos.

Describir¨¦ en breve s¨ªntesis los rasgos salientes del proceso electoral. La Justicia electoral (no el Gobierno) tiene a su cargo la confecci¨®n del padr¨®n electoral (censo); el registro de los partidos pol¨ªticos y alianzas electorales, la inscripci¨®n de candidaturas, la designaci¨®n de las autoridades de mesa y el recuento definitivo de los resultados, as¨ª como dirimir los conflictos que ocurran en cada una de esas instancias.

Los partidos pol¨ªticos tienen el derecho y el deber de controlar la confecci¨®n de los padrones, objetar candidaturas por vicios legales, designar fiscales (representantes) inform¨¢ticos, apuntar fiscales en cada una de las mesas de votaci¨®n, controlar la transmisi¨®n de resultados provisionales y presenciar, controlar el escrutinio definitivo de los votos y formular objeciones o apelar las resoluciones que consagran los resultados.

Existe, por lo tanto, un control horizontal, cruzado, entre partidos y un control vertical que se aplica a todo el proceso ejercido por la justicia electoral.

Ampliando respecto de los cuestionamientos formulados a ¨²ltimo momento por una de las fuerzas que compiten, la fortaleza de los controles se basa en la existencia de tres tipos de documentos que acreditan el resultado electoral, dos de car¨¢cter vinculante y uno meramente informativo. En cada mesa de votaci¨®n se cuentan los votos con la participaci¨®n de los fiscales de los partidos en disputa, se completan tres tipos de formularios uno llamado acta, para la Justicia electoral y que ser¨¢ el instrumento con el que se realiza el escrutinio definitivo, otros documentos iguales entre si llamados certificados de escrutinio cuyos originales firmados por la autoridad de la mesa se entregan a los fiscales de los partidos pol¨ªticos y un telegrama que se remite al Ministerio del Interior para proceder al recuento provisional y publicar los resultados provisorios la noche electoral.

Como vemos hay dos recuentos, uno provisional, informativo y no vinculante ¨Caunque usualmente muy preciso¨C que se realiza en forma centralizada, por el Ministerio del Interior y mediante el cuales publican resultados en la propia jornada y otro llamado definitivo, vinculante, realizado en cada capital de provincia por la Justicia Electoral donde se califica la validez de las actas, se cuentan los votos, se resuelven las observaciones, impugnaciones y otras protestas y se define la validez de le elecci¨®n y sus resultados.

En ambas instancias participan y tienen derecho a peticionar las fuerzas pol¨ªticas contendientes.

En la elecci¨®n del 22 de octubre, no hubo una sola decisi¨®n respecto de la validez de esta y sus resultados que fuera confrontada por ninguna de las fuerzas pol¨ªticas.

Las afirmaciones de fraude, entonces, no se corresponden con la conducta de los partidos pol¨ªticos en las instancias donde pod¨ªan denunciarlo y remediarlo, lo que, en lugar de poner en duda la elecci¨®n, la pone sobre la intenci¨®n de quienes las formulan.

Durante a?os, hubo fuertes consensos pol¨ªticos para proteger la integridad de las elecciones porque estas son patrimonio com¨²n de la sociedad.

En los ¨²ltimos a?os, en varios pa¨ªses, crecientemente asistimos a tendencias a cuestionar las elecciones mediante la siembra de sospechas sobre la integridad que no tienen en miras contribuir a su mejora sino sacar ventaja en la competencia o poner en duda la legitimidad del ganador.

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