El decreto de Milei para desguazar el Estado afronta una larga carrera de obst¨¢culos en el Congreso

Los mercados financieros celebraron en el arranque del jueves el decreto de Javier Milei que desregula de un solo golpe la econom¨ªa argentina. Las acciones de bancos locales registraron subidas de hasta el 13% en la bolsa de Buenos Aires, los bonos soberanos en d¨®lares operaron al alza en Wall Street y el riesgo pa¨ªs cedi¨® casi 40 puntos. Pero la fiesta se pinch¨® a medida que avanzaba el d¨ªa y crec¨ªan nubarrones en el horizonte: el decreto debe superar una compleja carrera de obst¨¢culos. La resistencia encontrada en el Congreso, en la Justicia y en las calles puede frustrar los planes del presidente para desmantelar el Estado a trav¨¦s de cientos de derogaciones y modificaciones normativas. La disputa que se avecina ante este desaf¨ªo sin precedentes ser¨¢ larga.

¡°La primera interpretaci¨®n deber¨ªa ser positiva. Sin embargo, dado que hay muchos sectores que presentar¨¢n quejas ante la justicia, la pregunta sobre la sostenibilidad permanece latente¡±, subray¨® el grupo financiero Adcap. Otros operadores burs¨¢tiles aplaudieron de entrada el esp¨ªritu promercado de las nuevas normativas, pero moderaron tambi¨¦n su entusiasmo a la espera de la reacci¨®n de legisladores y jueces, quienes tienen la ¨²ltima palabra. Por ahora, es claramente adversa, pero la historia favorece a Milei: todos los presidentes de Argentina de las ¨²ltimas dos d¨¦cadas han firmado decretos de necesidad y urgencia y, aunque muchos han sido pol¨¦micos, ninguno de ellos ha sido derogado por el Congreso.

Los decretos de necesidad y urgencia (DNU) son un mecanismo constitucional excepcional regulado desde 1994. En un escenario de cat¨¢strofe natural o social, permiten que el Ejecutivo dicte o modifique leyes para hacer frente a alg¨²n asunto urgente que no pueda esperar al debate en el Congreso. Entre los abogados constitucionalistas hay consenso en que ese no es el caso del decreto firmado el mi¨¦rcoles por Milei, que incluye reformas que no son necesarias ni tampoco urgentes. Denuncian que el presidente se arrog¨® facultades que corresponden al Poder Legislativo, una cr¨ªtica repetida tambi¨¦n por gran parte de la oposici¨®n.

Milei gan¨® con el 56% de los votos en segunda vuelta. Lo acompa?aron m¨¢s de 14 millones de argentinos que quer¨ªan un cambio de rumbo que sacase a la econom¨ªa argentina de una d¨¦cada de estancamiento, aumento de la pobreza e inflaci¨®n. Pero la conducta del presidente en los primeros d¨ªas de Gobierno ha encendido las alarmas de todo el sistema institucional argentino. ¡°El decreto infringe pr¨¢cticamente todo. Aunque le guste el contenido, aqu¨ª lo que falla es la forma¡±, condena el profesor de derecho constitucional Daniel Sabsay.

Entre las m¨¢s de 300 medidas decretadas por el presidente ultraderechista destaca la prohibici¨®n de que el Estado intervenga para controlar los precios de los alimentos, bienes b¨¢sicos, alquileres y seguros privados de salud: la decisi¨®n quedar¨¢ en manos de empresarios y propietarios. Las empresas p¨²blicas podr¨¢n ser privatizadas, los clubes de f¨²tbol convertidos en sociedades an¨®nimas y los extranjeros dejar¨¢n de tener un l¨ªmite para comprar tierras en Argentina. Los contratos ser¨¢n aceptados tanto en pesos argentinos como en cualquier otra moneda.

A partir de ahora, para los trabajadores ser¨¢ mucho m¨¢s dif¨ªcil hacer huelga y mucho m¨¢s f¨¢cil quedar en la calle. En cambio, el panorama mejora para los empresarios: nadie les multar¨¢ ya si tienen empleados contratados de forma irregular ni si estos cumplenjornadas laborales de hasta 12 horas por d¨ªa. Los bancos podr¨¢n ocultar las comisiones de las tarjetas de cr¨¦dito a sus clientes y la industria nacional dejar¨¢ de estar protegida mediante aranceles.

Riesgo democr¨¢tico

¡°Gobernando de este modo est¨¢ en peligro la democracia¡±, advierte el abogado y jurista Roberto Gargarella, quien se opone a las restricciones impuestas al derecho a la protesta y a este mega decreto, que considera inconstitucional. Gargarella remarca que cualquier Gobierno debe ajustarse a la ley, por m¨¢s que no le guste, y le sorprende que un presidente que lleg¨® al poder con minor¨ªa parlamentaria y sin apoyo sindical haya firmado un decreto de tal magnitud sin negociarlo antes. ¡°Hay muchos legisladores que pod¨ªan estar de acuerdo con parte del texto, pero ha generado mucho enojo que pasase por arriba del Congreso¡±, asegura.

El peronismo en bloque, ahora en la oposici¨®n, ha expresado un rechazo total al texto. ¡°Esto es una pol¨ªtica de entrega del pa¨ªs que beneficia a diez vivos, ni la m¨¢s m¨ªnima consideraci¨®n para la gente¡±, declar¨® este jueves el jefe de la bancada peronista en el Senado, Jos¨¦ Mayans. Las cr¨ªticas son tambi¨¦n contundentes desde el sector moderado de la coalici¨®n conservadora Juntos por el Cambio. ¡°As¨ª no¡±, zanj¨® Horacio Rodr¨ªguez Larreta en las redes sociales. El exalcalde de Buenos Aires y ex precandidato presidencial, ha subrayado que Argentina necesita reformas profundas pero ¡°solamente van a tener ¨¦xito si se pueden sostener en el tiempo, y si tienen solidez jur¨ªdica y constitucional que garantice su concreci¨®n¡±.

Mayor¨ªa de las dos c¨¢maras

El Poder Legislativo vota el DNU ¨ªntegro. Es un ¨®rdago a todo o nada. Para derogarlo necesita el voto negativo de la mayor¨ªa de ambas C¨¢maras. Basta con que una de ellas vote a favor o incluso que no lo trate para que el decreto se mantenga vigente, seg¨²n la reglamentaci¨®n impuesta durante el kirchnerismo en 2006. Ninguno de los decretos presidenciales firmados desde entonces ha sido derogado en el Congreso, pero el de Milei podr¨ªa ser una excepci¨®n, seg¨²n Gargarella: ¡°La movida ha sido tan provocativa, tan sin buscar acuerdos con nadie, que por primera vez en la historia es posible que las dos C¨¢maras se junten en la derogaci¨®n de un decreto¡±. Aun as¨ª, cree que es posible que supere esta prueba y ve m¨¢s posible que la anulaci¨®n llegue por la v¨ªa judicial. ¡°En t¨¦rminos judiciales eso va a ser anulado apenas se pueda, en especial a la luz de jurisprudencia de la Corte¡±, augura.

¡°Sin duda se va a judicializar¡±, coincide el abogado, juez y pol¨ªtico Ricardo Gil Lavedra. A diferencia de la v¨ªa pol¨ªtica, que debe tratar el decreto como un libro cerrado, la judicial puede ir despedaz¨¢ndolo por partes. Gil Lavedra est¨¢ convencido de que en los pr¨®ximos d¨ªas se realizar¨¢n numerosas presentaciones de los distintos grupos afectados ante los tribunales argentinos. Los fallos en primera instancia podr¨¢n ser apelados por un tribunal superior y as¨ª hasta llegar a la Corte Suprema, en un camino que podr¨ªa demorarse meses, incluso a?os. El m¨¢ximo tribunal no tiene plazos para expedirse, advierte. Altas fuentes judiciales consultadas por EL PA?S descartan tambi¨¦n que la Corte recurra a atajos jur¨ªdicos como el per saltum para expedirse lo antes posible.

¡°Lo que le da previsibilidad a un sistema es el cumplimiento de la Constituci¨®n. Es muy importante que todo se haga dentro del marco de la Constituci¨®n y este decreto escapa a esos par¨¢metros¡±, lamenta Gil Lavedra. En la misma l¨ªnea, el constitucionalista Andr¨¦s Gil Dom¨ªnguez cree que la situaci¨®n de emergencia defendida por el Ejecutivo no se sostiene. Por el contrario, cree que se trata de un decreto ¡°que afecta la divisi¨®n de poderes¡± y busca ¡°imponer un proyecto pol¨ªtico¡±.

Los obst¨¢culos pol¨ªticos y judiciales pueden agrandarse si crecen las incipientes protestas ciudadanas. El mi¨¦rcoles por la noche, miles de personas protagonizaron un cacerolazo espont¨¢neo en rechazo a las medidas le¨ªdas por Milei en cadena nacional. Primero salieron a las avenidas centrales de muchas ciudades de Argentina y m¨¢s tarde se concentraron a las puertas del Congreso argentino, en Buenos Aires. Este jueves y viernes hay convocadas nuevas acciones de protesta contra el Gobierno, pero el s¨¢bado los roles se invertir¨¢n y las calles ser¨¢n de quienes lo defienden. La polarizaci¨®n de la sociedad argentina, a menos de dos semanas de asumir Milei, es m¨¢s extrema que nunca.

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