Javier Milei desmantela un ¨¢rea clave que aporta pruebas en juicios por los cr¨ªmenes de la dictadura argentina

El Ministerio de Defensa argentino ha avanzado en el desmantelamiento de un ¨¢rea estatal que aportaba pruebas fundamentales para esclarecer y juzgar los delitos de lesa humanidad cometidos durante la ¨²ltima dictadura militar (1976-1983). Desde su creaci¨®n en 2010, el ¨¢rea llev¨® adelante una experiencia pionera en la que por primera vez un grupo de profesionales civiles accedi¨® a los archivos de las Fuerzas Armadas para su an¨¢lisis. Su gesti¨®n podr¨ªa quedar a cargo ahora de las instituciones militares.

Conformados por civiles y profesionales especializados, los llamados Equipos de Relevamiento y An¨¢lisis fueron creados en 2010 a partir de la decisi¨®n pol¨ªtica de abrir los archivos de las Fuerzas Armadas y acceder a la documentaci¨®n que produjeron en dictadura. El pasado 27 de marzo, 10 de sus 13 trabajadores fueron despedidos por el Ministerio de Defensa encabezado por Luis Petri del cual dependen, mientras que a los restantes se les advirti¨® que el equipo ser¨ªa ¡°desarmado¡± y ya no se continuar¨ªa con esa tarea. Adelgazar la Administraci¨®n es una de las principales promesas con las que Javier Milei gan¨® las elecciones. En lo que va de a?o ha despedido a al menos 24.000 de las 340.000 personas que el Estado ten¨ªa contratadas.

¡°Registra antecedentes ideol¨®gicos marxistas que hacen aconsejable su no ingreso y/o permanencia en la administraci¨®n p¨²blica¡±. Con esta descripci¨®n la dictadura militar argentina defin¨ªa a los ¡°F¨®rmula 4¡å, un conjunto de intelectuales, periodistas, m¨²sicos y artistas que, seg¨²n los represores, revest¨ªan el mayor nivel de peligrosidad y por lo que se desaconsejaba su vinculaci¨®n con el Estado. Bajo esta calificaci¨®n fueron identificados los escritores argentinos Julio Cort¨¢zar y Osvaldo Bayer; el periodista Francisco, Paco, Urondo, asesinado en 1976 en manos de una pandilla; el cineasta Leonardo Favio y los m¨²sicos Mercedes Sosa, Mar¨ªa Elena Walsh y Horacio Guarany, entre otros tantos.

De este se?alamiento dieron cuenta las denominadas ¡°listas negras¡± confeccionadas por los militares en la dictadura, que fueron halladas en 2013 por la Fuerza A¨¦rea y posteriormente estudiadas por los Equipos de Relevamiento y An¨¢lisis de los archivos de las Fuerzas Armadas. El descubrimiento, conocido como Hallazgo C¨®ndor por haber sido encontrado en el subsuelo del Edificio C¨®ndor, sede de la Aeron¨¢utica, permiti¨® reconstruir la l¨®gica de la censura que se aplic¨® a grandes referentes de la cultura argentina.

En un acervo de 1.500 cajas, archivadores y carpetas se encontraron, adem¨¢s de las ¡°listas negras¡±, las denominadas ¡°actas secretas¡± de las reuniones que las sucesivas Juntas Militares celebraron peri¨®dicamente entre 1976 y 1983. El hallazgo del documental completo y original permiti¨® conocer informes que daban sustento doctrinario o ideol¨®gico al plan de Gobierno, aportes conceptuales de organizaciones empresariales al desarrollo de la dictadura y registros de los pedidos que llegaban a la Junta acerca de hombres y mujeres que desaparec¨ªan a diario.

Durante estos a?os, el equipo relev¨® m¨¢s de 17.000 documentos de los archivos burocr¨¢tico-administrativos de estas instituciones como legajos, libros hist¨®ricos de los regimientos, actuaciones de justicia militar, sumarios e incluso reclamos de militares por obtener un ascenso alegando su participaci¨®n en distintos operativos represivos. Si bien los archivos administrativos no hablan por s¨ª mismos de los delitos cometidos, a¨²n habiendo sido creados con otros fines permitieron probar hechos, identificar autores y reconstruir la operatoria represiva del terrorismo de Estado, a¨²n con la dificultad que implica la clandestinidad en la que se ejecut¨®.

A partir de su an¨¢lisis y como resultado de un riguroso conocimiento perfeccionado durante m¨¢s de una d¨¦cada, m¨¢s de 170 informes fueron aportados y sirvieron como material probatorio en distintos juicios de lesa humanidad. Al momento de los despidos, el equipo se encontraba trabajando aproximadamente 30 requerimientos judiciales que solicitaban espec¨ªficamente su participaci¨®n. ¡°Estos trabajos no pudieron ser realizados, ni tampoco entregados de forma parcial al momento del desguace del ¨¢rea y por eso habr¨¢ causas judiciales de lesa humanidad de todo el pa¨ªs que no van a contar con el aporte de informaci¨®n que necesitan para su desarrollo¡±, explic¨® uno de los trabajadores despedidos del ¨¢rea, que prefiri¨® reservar su identidad.

Uno de los m¨¢s importantes aportes que realiz¨® el equipo civil de an¨¢lisis fue en el marco de la ¡°mega causa ESMA¡±, que juzg¨® los cr¨ªmenes cometidos en la Escuela de Mec¨¢nica de la Armada, el mayor centro clandestino de detenci¨®n que funcion¨® durante la dictadura. All¨ª estuvieron detenidos-desaparecidos cerca de 5.000 hombres y mujeres, que en su mayor¨ªa fueron arrojados vivos al mar en lo que se denomin¨® los vuelos de la muerte. El material archiv¨ªstico aportado result¨® clave en el juzgamiento a los pilotos acusados de participar en el ¨²ltimo tramo del plan represivo, del cual no hab¨ªa sobrevivientes que puedan brindar su testimonio como en otros casos.

El aporte documental del archivo militar permiti¨® reconstruir la mec¨¢nica con la que se movilizaban los aviones y la cadena de responsabilidades que involucr¨® cada operativo. La inclusi¨®n de estos trabajos en los juicios de lesa humanidad ayud¨® a probar que el accionar de las Fuerzas Armadas no se redujo a un conjunto de responsabilidades aisladas ¨Co de ¡°excesos¡±¨C ni a un enfrentamiento como se plantea con la ¡°teor¨ªa de los dos demonios¡±.

A partir de los despidos de los archiveros civiles, se espera que sean los mismos agentes militares quienes respondan a los requerimientos que llegan desde la justicia, en un contexto en que la conducci¨®n del Ministerio de Defensa (del que dependen las Fuerzas Armadas) actualmente est¨¢ en buena parte a cargo de militares retirados. En ese escenario, el equipo expres¨® su ¡°profunda preocupaci¨®n¡± por la documentaci¨®n que permanec¨ªa bajo su guarda. ¡°El desmantelamiento del ¨¢rea implica tambi¨¦n que no quede nadie atento a lo que pase con esa documentaci¨®n¡±, advirtieron.

Desde el regreso a la democracia, 343 sentencias fueron emitidas por los tribunales y 1.210 represores fueron condenados por la participaci¨®n en los cr¨ªmenes de lesa humanidad. Sin embargo, dada la magnitud de la represi¨®n ilegal implementada en Argentina durante la ¨²ltima dictadura, a¨²n resta identificar y juzgar a muchos responsables, hallar los restos de la gran mayor¨ªa de las v¨ªctimas desaparecidas y restituir la identidad de casi 300 ni?os y ni?as que fueron apropiados. Seg¨²n el ¨²ltimo relevamiento de la Procuradur¨ªa de Cr¨ªmenes contra la Humanidad, al menos 17 juicios se encuentran en curso en diferentes jurisdicciones y 62 causas cuentan con requerimiento de elevaci¨®n a juicio.

¡°No hay ninguna sentencia de las que se emitieron en estos a?os que no tenga como fundamento las pruebas documentales que surgen de estos archivos. Las sentencias explican muy bien la importancia de los mismos y de un personal capacitado para saber leer los datos¡±, sostiene el abogado querellante en juicios de lesa humanidad Pablo Llonto. Tras conocerse los despidos, Llonto present¨® junto a su par Mariana Maurer una acci¨®n de amparo para que se disponga la continuidad de las tareas de los expertos y que se proteja la documentaci¨®n. Los letrados advirtieron que el esp¨ªritu del nuevo Gobierno de Javier Milei es ¡°obstaculizar de todas las maneras posibles el avance del trabajo de d¨¦cadas de Memoria, Verdad y Justicia y el proceso de juicio y castigo a los culpables¡±.

En tanto, la diputada Victoria Montenegro, quien preside la comisi¨®n de Derechos Humanos de la Legislatura porte?a, realiz¨® una presentaci¨®n ante la ONU y solicit¨® su intervenci¨®n al relator especial sobre la promoci¨®n de la verdad, la justicia y la reparaci¨®n del organismo multilateral, Fabi¨¢n Salvioli. Para la legisladora, quien fue apropiada a d¨ªas de nacer y luego restituida por Abuelas de Plaza de Mayo, las medidas adoptadas impactan directamente ¡°en el derecho de las v¨ªctimas, de sus familias y de la sociedad en general a conocer la verdad sobre lo que sucedi¨®¡± y afecta ¡°a la construcci¨®n de la memoria colectiva¡±.

Desde la vuelta a la democracia en 1983, fueron las v¨ªctimas del terrorismo de Estado, sus familiares y organismos de derechos humanos quienes impulsaron el reclamo por la recuperaci¨®n de los archivos que permitieran reconstruir el plan de exterminio ideado por el Gobierno dictatorial. En 1983, antes de que terminase la dictadura, el presidente de facto Reynaldo Bignone -quien fue condenado por delitos de lesa humanidad- emiti¨® un decreto ordenando la destrucci¨®n de los archivos de inteligencia de cada fuerza militar en Argentina. De esa documentaci¨®n, que representaba el coraz¨®n de la informaci¨®n represiva, s¨®lo se recuperaron escasos ejemplares. Sin embargo, hubo durante estos a?os importantes experiencias de desclasificaci¨®n de archivos, como el de la Direcci¨®n de Inteligencia de la Polic¨ªa de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA), reconocido por la UNESCO y declarado Patrimonio de la Humanidad en 2008, o los archivos de inteligencia desclasificados desde Estados Unidos.

Del acervo recuperado forma parte tambi¨¦n el Archivo Nacional de la Memoria, dependiente de la Secretar¨ªa de Derechos Humanos, donde alrededor de 30 trabajadores fueron despedidos el ¨²ltimo mes y a¨²n siguen sin autoridades designadas para la gesti¨®n de esta instituci¨®n archiv¨ªstica. ¡°El archivo est¨¢ preservado gracias a los trabajadores, porque a esta gesti¨®n no le interesa este organismo ni tampoco la memoria¡±, expres¨® Octavio ¡°Pilo¡± Rampoldi, trabajador del archivo y delegado de la Asociaci¨®n de Trabajadores del Estado (ATE).

Creado en 2003, el Archivo Nacional de la Memoria preserva valiosa documentaci¨®n que ¡°la sociedad necesita para resguardar la memoria, para darla a conocer y que los hechos que han ocurrido en este pa¨ªs no se vuelvan a reiterar y que no tengamos terrorismo de Estado otra vez¡±, describe Rampoldi. Su vast¨ªsimo cat¨¢logo -que va desde las denuncias recopiladas por la Comisi¨®n Nacional sobre la Desaparici¨®n de Personas (Conadep) y el Juicio a las Juntas hasta cassettes que permiten a un hijo recuperar la voz de sus padres desaparecidos- ha sido clave como prueba en los juicios y como base para la gesti¨®n de pol¨ªticas de reparaci¨®n de las v¨ªctimas del terrorismo de Estado, adem¨¢s de ser fuente de consulta permanente para investigaciones y producciones period¨ªsticas.

En un contexto en que desde el Gobierno nacional anuncian una ¡°nueva era de reconciliaci¨®n¡± con las Fuerzas Armadas y las presentan como v¨ªctimas ¡°de hostigamiento y humillaci¨®n¡±, los trabajadores que sostienen las pol¨ªticas de memoria en la Argentina prenden las alarmas y denuncian el desguace e intento de desarticulaci¨®n de ¡°todas las piezas del Estado que aportan y preservan pruebas en el proceso de averiguaci¨®n de la verdad y juzgamiento¡±.

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