Un juez declara nulos los despidos de 19 trabajadores del Incas¨°l

¡°?Ha salido la sentencia, vuelven los 19!¡±. Ayer fue un d¨ªa de SMS, WhatsApp y cava en el Instituto Catal¨¢n del Suelo (Incas¨°l). Hab¨ªa salido la sentencia sobre los 19 trabajadores despedidos en marzo: el juez declara nulos los despidos y obliga a la empresa de la Generalitat a readmitirles y pagarles el sueldo del tiempo que han estado parados. El titular del Juzgado de lo Social n¨²mero 12 de Barcelona incluso lanza una advertencia: aunque la Administraci¨®n recurriera, son despidos improcedentes. La raz¨®n: una empresa p¨²blica no puede echar a sus empleados por motivos econ¨®micos, como pretend¨ªa justificarlos el Gobierno, porque no persigue los mismos fines que las empresas privadas.

Un portavoz del Incas¨°l asegur¨® que este organismo a¨²n no ha recibido la comunicaci¨®n del fallo judicial y que cuando tenga acceso al texto estudiar¨¢ la posibilidad de presentar recurso.

Esta nueva sentencia asesta un duro golpe a la catarata de despidos en empresas p¨²blicas con que la Generalitat pretendi¨® ahorrar desde principios de a?o. Hace un mes, otras cinco sentencias declararon improcedentes 23 despidos en el Servicio Meteorol¨®gico, el Instituto Cartogr¨¢fico, Forestal Catalana y la Agencia Catalana de la Vivienda. Pero ahora la justicia va un paso m¨¢s all¨¢: declara nulos los despidos del Incas¨°l y obliga a la empresa a ¡°readmitirles inmediatamente en las mismas condiciones¡±.

En todos los casos citados, las empresas de la Generalitat se apoyaron en la instrucci¨®n del mes de enero de los departamentos de Econom¨ªa y Gobernaci¨®n que, entre otras medidas, ordenaba ahorrar entre el 5% y el 6% en personal. A estos 23 casos hay que sumar el de una directiva de Catalan Films, despedida tras comunicar que estaba embarazada; el caso fue declarado nulo y el juez oblig¨® a indemnizarla con 50.000 euros por da?os morales.

¡°Esta sentencia del Incas¨°l es un ataque a la l¨ªnea de flotaci¨®n de la pol¨ªtica de despedir para ahorrar¡±, asegura Vicente Cantos, abogado que ha defendido a parte de los 19 despedidos. ¡°El juez les est¨¢ diciendo, a la direcci¨®n y sus asesores, que no vale, que se han equivocado, porque la Administraci¨®n no est¨¢ en la calle para hacer dinero, sino para servir a la ciudadan¨ªa¡±, a?ade. Cantos avisa que desde las primeras sentencias ¡°los jueces han ido aprendiendo y endureciendo el discurso¡±. De hecho, en esta ¨²ltima sentencia, el titular del Juzgado de lo Social n¨²mero 12 alude en los fundamentos de derecho a los casos citados en las otras empresas.

El magistrado destaca que el Incas¨°l es una entidad p¨²blica cuyo fin es ¡°favorecer una utilizaci¨®n del suelo de acuerdo con el inter¨¦s general¡± y no ¡°concurrir en el mercado como si de un competidor m¨¢s se tratara¡±. El juez expresa incluso que los resultados del Incas¨°l ¡°no pueden medirse ni valorarse con los par¨¢metros finalistas de beneficios o p¨¦rdidas inherentes a las sociedades capitalistas privadas¡±.

La sentencia es dura con la Administraci¨®n catalana, como cuando apunta que el coste laboral anual de los 19 despedidos era de entre 800.000 y 900.000 euros, una cifra que compara con la deuda de la Generalitat con el Incas¨°l, de casi 340 millones de euros. El juez reprocha entonces al Incas¨°l que despida a los afectados para ahorrarse su salario cuando no ¡°ha adoptado medida o previsi¨®n alguna ¡ªcomo ser¨ªa exigible de acuerdo con los principios de eficacia administrativa y racionalidad en su gesti¨®n¡ª para corregir¡± la deuda.

El comit¨¦ de empresa recibi¨® el fallo con euforia. ¡°Refuerza la postura que siempre hemos mantenido: que la Generalitat no puede despedir para ahorrar, y la refuerza ante cualquier tentaci¨®n de prescindir de m¨¢s personal¡±, celebr¨® un portavoz. Con casi 500 empleados, el Incas¨°l es una de las empresas p¨²blicas sobre las que los sindicatos temen que la Generalitat aplique un expediente de regulaci¨®n de empleo. Los 19 casos de la sentencia forman parte de un total de 22. De los tres despedidos restantes, dos decidieron no recurrir y el tercero es el exdirector de Comunicaci¨®n David Companyon, cuyo despido fue declarado nulo por motivos ideol¨®gicos.