La Junta defiende al director general imputado en el caso de los ERE

Defensa cerrada frente a la juez. La Junta opt¨® ayer por enfrentarse a la juez del caso de los ERE, Mercedes Alaya, y defender al primer alto cargo imputado en el actual Gobierno andaluz. No es la primera vez que el Ejecutivo contraviene las decisiones de la magistrada (con momentos cumbre como la disputa por las actas ante el Supremo), pero aceptar la dimisi¨®n del director general de Trabajo Daniel Rivera hubiera supuesto un costo demasiado alto.

Renunciar al mando que ha dirigido la la investigaci¨®n interna e intent¨® poner orden en el caos de los ERE y las ayudas directas hubiera puesto en entredicho toda la pol¨ªtica de transparencia y depuraci¨®n de la que ha hecho gala Empleo. Por eso ayer el consejero, Manuel Recio, elogi¨® la gesti¨®n de Rivera para identificar intrusos (prejubilados que no trabajaron en las empresas beneficiadas) y discrep¨® de la acusaci¨®n de la magistrada Alaya.

¡°No comparto la decisi¨®n adoptada por la juez. Rivera no tiene la menor responsabilidad de incluir en un expediente a personas ajenas a la empresa. Le animo a que culmine el magn¨ªfico trabajo emprendido¡±, alab¨® Recio. La juez le acusa junto a su predecesor Juan M¨¢rquez de haber autorizado el pago del ERE de la empresa Surcolor, donde se prejubilaron dos intrusos. La investigaci¨®n le achaca adem¨¢s ordenar pagos ¡°con total ausencia de procedimiento¡±, sin solicitud por parte de la empresa o protocolo de colaboraci¨®n. Por ¨²ltimo, Alaya sospecha de un pago de 109.620 euros a la empresa de aceitunas Acyco destinado a mantener 144 puestos de trabajo, cantidad que coincide ¡°exactamente¡± con los honorarios del bufete Garrigues por la tramitaci¨®n del ERE.

Sin embargo, la juez no est¨¢ sola en su tesis. La Guardia Civil censura con dureza la actuaci¨®n de Rivera: ¡°No solo da continuidad a los acuerdos con una patente falta de procedimiento (...) sino que ordena los pagos¡±.

Cuando el nuevo equipo de Recio se hizo cargo en la primavera de 2010 de la Consejer¨ªa, la gran patata caliente era poner orden en el departamento del ex director general de Trabajo Javier Guerrero (principal imputado del caso) tras el tibio intento de su predecesor Juan M¨¢rquez. Y el brazo ejecutor fue Rivera. ?Qu¨¦ hacer? ?Paralizar los pagos y afrontar las manifestaciones de los prejubilados mientras se articulaba un procedimiento reglado que casara con la ley? El Ejecutivo decidi¨® enmendar la forma de pagos, un proceso prolongado en exceso, y cerrar el grifo casi por completo a nuevas subvenciones. Pero mientras, los pagos de acuerdos antiguos continuaron desde las aseguradoras. Y ah¨ª viene el problema y la imputaci¨®n de Rivera.

Recio aclar¨® ayer que no va a dimitir ni le ha pedido el cese a Rivera. ¡°La p¨®liza de Surcolor se tramit¨® cuatro a?os antes de su nombramiento y cuando Rivera orden¨® el pago no hab¨ªa ning¨²n indicio de irregularidad (...) Jam¨¢s podremos compartir que se le sit¨²e en el lado de los acusados (...) solo continu¨® el calendario de pagos¡±, defendi¨®.

Adem¨¢s, el consejero record¨® que su investigaci¨®n se ha ampliado a las comisiones a consultoras, pero neg¨® por tres veces que la Junta pagara honorarios a Uniter, cuyo responsable est¨¢ imputado. La agencia p¨²blica IDEA refleja en su contabilidad que en 2010 Empleo orden¨® dos pagos a Uniter SL: uno de 452.468 euros y otro de 408.304 euros.

La defensa de Rivera contrasta con el blindaje ansiado para el parlamentario Ram¨®n D¨ªaz al incluirlo en la Diputaci¨®n Permanente del Parlamento para mantenerle como aforado, y que finalmente el PSOE ha frenado. La Guardia Civil subraya en un informe c¨®mo el responsable de Uniter aleg¨® haber comentado con D¨ªaz ¡°un error en c¨¢lculos actuariales¡± que enmascaraban la inclusi¨®n de dos intrusos en la empresa Calderinox.