Juego sucio

Nadie discute que la competencia para convocar oposiciones para cubrir plazas de profesor en los niveles de ense?anza no universitaria corresponde a las comunidades aut¨®nomas. Siempre que se mantengan dentro de los l¨ªmites respecto del d¨¦ficit fijados por el Estado, el Gobierno de cada comunidad aut¨®noma puede tomar la decisi¨®n de convocarlas. En esto, entre otras cosas, consiste el derecho a la autonom¨ªa. Las comunidades aut¨®nomas tienen que tener la posibilidad de tener una pol¨ªtica propia en todas aquellas materias que son de su competencia. Justamente por eso, todo Estado pol¨ªticamente descentralizado exige que est¨¦ establecida normativamente la distribuci¨®n de competencias entre el ente central y los entes subcentrales, se denominen como se denominen el primero o los segundos. Cada ente territorial tiene que saber qu¨¦ puede hacer y qu¨¦ no.

La seguridad en el marco jur¨ªdico definitorio de la distribuci¨®n de competencias no afecta solamente y ni siquiera primariamente a los poderes p¨²blicos, sino que afecta sobre todo a los ciudadanos destinatarios del servicio p¨²blico que tiene que ser gestionado por el ente territorial competente para ello. El Gobierno de una comunidad aut¨®noma debe tener seguridad a la hora de decidir si puede convocar o no oposiciones para cubrir plazas en la ense?anza no universitaria, pero los ciudadanos tambi¨¦n tienen que tener seguridad de que, una vez convocadas, las oposiciones se van a celebrar. Y que se van a celebrar con arreglo a la normativa que estaba vigente en el momento en que la oposici¨®n se convoc¨®.

Esto es esencial para que un Estado pol¨ªticamente descentralizado pueda operar. El Gobierno de la naci¨®n puede hacer ver a los Gobiernos de las comunidades aut¨®nomas que no deben convocarse oposiciones para profesores, pero si estos ¨²ltimos deciden convocarlas, el Gobierno de la naci¨®n tiene que respetar esa decisi¨®n. Y respetarla de verdad. Pues el Gobierno no puede impedir que una comunidad aut¨®noma convoque oposiciones, pero s¨ª puede interferir la celebraci¨®n de las mismas con obst¨¢culos casi fraudulentos, como es el de la anulaci¨®n del temario con base en el cual se han convocado y el establecimiento de uno nuevo.

Con ello no es la competencia de la comunidad aut¨®noma la que se ve afectada, pero s¨ª el derecho de los ciudadanos que han pagado las tasas exigidas para poder presentarse. No creo que sea preciso argumentar la perturbaci¨®n que supone para un opositor que le cambien sobre la marcha el temario que tiene que estudiar. A la comunidad aut¨®noma no le afecta. Al opositor s¨ª.

Esto es lo que acaba de hacer el ministro de Educaci¨®n en un acto de soberbia y de prepotencia incalificable, que ha situado tanto a la comunidad aut¨®noma como a los firmantes de la oposici¨®n en una posici¨®n de indefensi¨®n, ya que, aunque formalmente contra la decisi¨®n del ministerio cabr¨ªa recurso ante los tribunales de justicia, materialmente la interposici¨®n del recurso conducir¨ªa a que la celebraci¨®n de las oposiciones se retrasaran tanto, que ser¨ªa un suicidio interponerlo. Como ha dicho el consejero andaluz de Educaci¨®n, el recurso contra la decisi¨®n del ministerio tendr¨ªa muchas posibilidades de prosperar, pero la sentencia no servir¨ªa para nada.

Lo que ha hecho el ministro es lo que t¨¦cnicamente se denomina desviaci¨®n de poder. El Gobierno tiene competencia para fijar el temario de las oposiciones, pero no para hacerlo con efecto retroactivo, alterando el desarrollo de las oposiciones ya convocadas con grave perjuicio para ciudadanos que se encuentran en una situaci¨®n que puede ser muy angustiosa. Esto no es gobernar. Esto es juego sucio.