Varios funcionarios corroboraron a los auditores las sospechas de la consejer¨ªa
La fiscal¨ªa o, en su caso, el juez recabar¨¢n previsiblemente su testimonio
Al menos tres funcionarios que trabajaron en Justicia entre 2000 y 2009, per¨ªodo en el que el actual Gobierno ha descubierto supuestas irregularidades en la contrataci¨®n de servicios para informatizar la Administraci¨®n judicial, pueden ser llamados a prestar su testimonio. Su colaboraci¨®n puede resultar bastante decisiva, por su conocimiento durante largo tiempo del ¨¢rea cuestionada y, tambi¨¦n, del desarrollo de los hechos o parte de ellos.
El fiscal alav¨¦s ya tiene los nombres de al menos tres funcionarios
Su colaboraci¨®n le result¨® valiosa al entonces viceconsejero Juan Manuel F¨ªnez, fallecido en octubre de 2010, durante la indagaci¨®n inicial que abri¨®, una vez que los informes t¨¦cnicos pusieron de manifiesto ¡°significativas irregularidades¡±. Fue a partir de esas evidencias cuando Justicia decidi¨® emprender una investigaci¨®n m¨¢s exhaustiva. En su curso se examinaron de forma minuciosa los expedientes que las empresas Iberm¨¢tica e Indra hab¨ªan reconocido ya que se hallaban sin ejecutar y se encarg¨® una segunda auditor¨ªa externa.
Informaci¨®n delicada
La rapidez de actuaciones en este tipo de investigaci¨®n reviste una importancia notable, seg¨²n medios conocedores de la marcha de asuntos similares. El motivo principal es que el juez que en su caso se haga cargo deber¨¢ recabar seguramente documentaci¨®n delicada, con m¨¢s garant¨ªas de no sufrir alteraciones interesadas cuanto antes sea requerida y est¨¦ en su poder y bajo custodia judicial.
23 millones de euros abonados por el erario p¨²blico con su legalidad puesta ahora en cuesti¨®n, parecen motivo suficiente para que que la investigaci¨®n sea ¨¢gil. Se est¨¢ poniendo en duda m¨¢s de un tercio del dinero que los tres Gobiernos de Juan Jos¨¦ Ibarretxe destinaron a un menester por el que recibi¨® todo tipo de parabienes en la ¨¦poca: la informatizaci¨®n judicial.
Si ahora resulta que, como ha revelado el Gobierno y parece compartir ya el fiscal superior vasco, Juan Calparsoro, los pagos se hicieron ¡°sin la contraprestaci¨®n correspondiente¡±, en palabras de este ¨²ltimo, parece que se impone la intervenci¨®n judicial. En realidad, el Ejecutivo ha proporcionado en esta ocasi¨®n casi toda la documentaci¨®n precisa, salvo la que deber¨ªan aportar, en su caso, las empresas adjudicatarias de los contratos.
El resto, desde las memorias que dieron origen a las contrataciones hasta la certificaci¨®n por la jefe del servicio correspondiente de que los trabajos estaban correctamente entregados y la conformidad de los responsables del departamento con cada una de las facturas, as¨ª como los justificantes de su abono, est¨¢n ya en manos de la fiscal¨ªa.
En ese contexto, F¨ªnez mantuvo entrevistas con varios funcionarios y todas esas actuaciones le permitieron, seg¨²n el informe ahora redactado por su sucesora, Mar¨ªa Victoria Cinto, corroborar indiciariamente, aunque de modo fundado, aquellas sospechas iniciales. En el caso de estos funcionarios, se trata de personas que han prestado sus servicios en el ¨¢rea de inform¨¢tica judicial, a cuyo frente estaba en el periodo ahora investigado Ana Molina, quien depend¨ªa org¨¢nicamente de la Direcci¨®n de Relaciones con la Administraci¨®n de Justicia, a cargo de Inmaculada de Miguel.
En la actuaci¨®n de ambas se centra la investigaci¨®n interna del Gobierno, sin que hasta el momento ning¨²n elemento conduzca a deducir responsabilidades en niveles m¨¢s altos y pol¨ªticos del depatamento, en manos de EA en esos a?os. Ninguna de las dos auditor¨ªas, la interna y la externa, apuntan hacia los sucesivos viceconsejeros, Esther Larra?aga y Josu Sagasti, y menos a los titulares de la cartera, Sabin Intxaurraga, ya fallecido, y Joseba Azkarraga.
Los nombres de por lo menos esos tres empleados p¨²blicos obran ya en conocimiento del fiscal jefe alav¨¦s, Josu Izaguirre, a quien le han sido facilitados por el Gobierno, seg¨²n ha podido saber EL PA?S.
Izaguirre, a quien el fiscal superior vasco, Juan Calparsoro, ha traslado todas las diligencias, podr¨ªa optar por abrir ¨¦l mismo una investigaci¨®n de los hechos antes de decidir si hay causa o no como para elevar el caso a un Juzgado de Instrucci¨®n. Sin embargo, y tras el pronunciamiento de Calparsoro, a quien el Ejecutivo envi¨® primero el expediente, parece m¨¢s l¨®gico que se desprenda de ¨¦l con cierta rapidez para que entre en reparto y lo asuma el juez que corresponda.
Calparsoro dijo el martes que el informe del Ejecutivo es ¡°muy completo y detallado¡±. La anterior condici¨®n de magistrada de la actual viceconsejera se deja notar en su redacci¨®n, a juicio de especialistas que lo han le¨ªdo. ¡°Es bastante elaborado¡±, indic¨® el fiscal superior. ¡°Hay que hacer una investigaci¨®n¡±, a?adi¨®, dentro de la que ¡°habr¨¢ que esperar a conocer las explicaciones de los responsables¡± de haber autorizar los pagos¡±, y tambi¨¦n ¡°la versi¨®n de las empresas¡±.
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