Evitar el conflicto educativo

A estas alturas del siglo XXI ya nadie discute que un pa¨ªs se juega su futuro en el rendimiento de su sistema educativo. Viene siendo as¨ª desde siempre, pero cada vez con m¨¢s intensidad. Sin la alfabetizaci¨®n generalizada de la poblaci¨®n adecuada a cada momento es imposible que una sociedad pueda competir ventajosamente con las dem¨¢s, adem¨¢s de hacer inalcanzable que cada individuo pueda ser evaluado real y efectivamente de acuerdo con el principio de m¨¦rito y capacidad.

No deber¨ªa ser necesario recordar esta obviedad, pero desgraciadamente hay que volver sobre ella. Llevamos meses en los que no hacemos m¨¢s que dar pasos atr¨¢s, transmiti¨¦ndose a los ciudadanos por parte de diversas autoridades p¨²blicas los mensajes que m¨¢s da?o pueden hacer a la confianza de la sociedad en su sistema educativo.

Puede entenderse que, ante una situaci¨®n de emergencia econ¨®mica, tambi¨¦n la educaci¨®n pueda verse afectada. Cuando la crisis llega a tener la intensidad que est¨¢ teniendo esta, no hay pr¨¢cticamente ninguna partida presupuestaria que no tenga que sufrir alg¨²n recorte. Pero cuando de la educaci¨®n se trata, el recorte ¨²nicamente puede producirse en ¨²ltima instancia y la justificaci¨®n del mismo tiene que trasladarse a la sociedad de una manera que a ella le resulte comprensible y que, en consecuencia, pueda aceptar.

Los recortes educativos tienen que ser discutidos y pactados. Y una vez que se han discutido y pactado tienen que ser explicados a la sociedad, a fin de que los ciudadanos puedan entenderlos y compartirlos. Lo peor que se puede hacer es convertir en momentos de crisis el derecho a la educaci¨®n en un arma arrojadiza.

Es posible que a los profesores se les tenga que exigir un esfuerzo superior al que se les ven¨ªa exigiendo, pero lo que no se puede es justificar esa exigencia de un esfuerzo superior con el argumento de que trabajan 18 horas a la semana, como hicieron Esperanza Aguirre y Ana Botella para justificar la imposici¨®n de recortes en la comunidad de Madrid. Es posible que se tenga que contemplar la posibilidad de que ¨²nicamente se puedan convocar oposiciones para profesores en determinadas circunstancias, pero, una vez que se han convocado en tales circunstancias, no se puede obstaculizar la realizaci¨®n de las mismas, como ha ocurrido recientemente en el Pa¨ªs Vasco y Andaluc¨ªa, lleg¨¢ndose incluso a cambiar unilateralmente el temario por parte del Ministerio. Y no es posible siquiera contemplar que se pueda actuar contra alumnos que protestan leg¨ªtimamente y sin violencia de ning¨²n tipo contra los recortes educativos de la forma en que lo han hecho las autoridades en Valencia. Es un momento para consensuar la respuesta que tiene que darse por parte de todas las Administraciones P¨²blicas al ejercicio del derecho a la educaci¨®n y no el de buscar el enfrentamiento.

Lo que se ha hecho con la asignatura de Educaci¨®n para la Ciudadan¨ªa no debe hacerse con el conjunto del sistema educativo. Ni en el fondo ni en la forma. En la medida de lo posible hay que intentar evitar los conflictos en este terreno. Porque los conflictos educativos, una vez que se desatan, son muy dif¨ªciles de encauzar. Especialmente cuando las condiciones en que los protagonistas directos del ejercicio del derecho a la educaci¨®n, alumnos y profesores se est¨¢n deteriorando de manera perceptible.

Me temo que el Jos¨¦ Ignacio Wert no ha reflexionado suficientemente sobre el riesgo que supone expresarse de manera agresiva desde un ministerio como el de Educaci¨®n. Y de hacerlo, adem¨¢s, con un discurso que ha sido tradicionalmente el de la extrema derecha. No tiene mucho tiempo para rectificar.