Lo p¨²blico y su defensa

Al igual que en otras cuestiones, los espa?oles tendemos a posicionarnos hacia los extremos cuando de los funcionarios p¨²blicos se trata. Hay, por supuesto, una visi¨®n peyorativa de larga tradici¨®n que se remonta al menos hasta Larra y su ¡°vuelva usted ma?ana¡±, aunque la lectura del conocido art¨ªculo de El Pobrecito Hablador aclara inmediatamente que lo que don Mariano critica no es tanto la desidia administrativa como la pereza hispana. Una visi¨®n de la que ni el mism¨ªsimo Castelao escapa, ratificando su ¡°hespa?olidad¡±, con aquella cousa en la que afirma: ¡°pois eu d¨ªgolle que os funcionarios inmorales son intelixentes, traballadores, van ¨¢ oficina todos os d¨ªas...¡±.

Tambi¨¦n hay una concepci¨®n positiva del funcionario como persona que sirve y persigue con objetividad el inter¨¦s general, que es la que se incorpora a nuestra Constituci¨®n. En su art¨ªculo 103, la Administraci¨®n se configura como el brazo civil del poder pol¨ªtico que, al igual que el brazo armado en el modelo napole¨®nico que emula, se comporta siempre con la ¨²nica finalidad de perseguir el inter¨¦s general, con independencia de los posibles intereses individuales en conflicto. Un art¨ªculo el 103 que significativamente menciona entre los principios que rigen la actuaci¨®n de la Administraci¨®n p¨²blica el de ¡°eficacia¡±, que significa hacer las cosas, pero que no menciona el principio de ¡°eficiencia¡±, que significa hacer las cosas al menor coste posible. En cambio, la eficiencia s¨ª es incluida en el art¨ªculo 31.2 de nuestra norma fundamental en relaci¨®n con el gasto p¨²blico, del que se predica que realizar¨¢ una asignaci¨®n equitativa de los recursos p¨²blicos y que su programaci¨®n y ejecuci¨®n responder¨¢n a los criterios de eficiencia y econom¨ªa.

En el contexto de una crisis econ¨®mica que est¨¢ generando ajustes importantes en las plantillas de muchas empresas con el consecuente incremento del paro (sobre todo el juvenil), o alternativamente en las rentas de quienes mantienen su empleo (o autoempleo), todas las Administraciones se ven obligadas a la adopci¨®n de decisiones para dar cumplimiento a los principios de equidad, eficiencia y econom¨ªa. Algo dif¨ªcil de conseguir sin alterar los gastos en materia de personal cuando, como en la Xunta, superan el 40% del gasto auton¨®mico total. Medidas como las que el Gobierno aut¨®nomo ha presentado al Parlamento para su aprobaci¨®n, similares, por poner alg¨²n ejemplo de distinto color pol¨ªtico, a las que se est¨¢n adoptando en el Pa¨ªs Vasco (pese a que su situaci¨®n econ¨®mico financiera es mejor); pero de mucho menor calado (no se tocan las n¨®minas) que las que est¨¢n adopt¨¢ndose en Catalu?a, cuya financiaci¨®n y capacidad tributaria es tambi¨¦n muy superior a la gallega.

Como es f¨¢cil de suponer, a ning¨²n Gobierno le gusta adoptar medidas como las que todas las Administraciones, aunque en distinto grado y con distinta duraci¨®n temporal, est¨¢n adoptando. M¨¢s bien, la estructura de incentivos de los decisores p¨²blicos democr¨¢ticos de todas las ideolog¨ªas (optimizaci¨®n de votos y ausencia de costes directos para el decisor) ha tendido a impulsar, en el pasado, todo lo contrario. Primero, mejorando las condiciones de trabajo de los empleados p¨²blicos en ocasiones sin vincular esas mejoras a incrementos del rendimiento. Segundo, y confirmando la hip¨®tesis de Niskanen, aumentando las plantillas m¨¢s all¨¢ de lo razonable en t¨¦rminos de sostenibilidad presupuestaria. Un r¨¢pido repaso a la evoluci¨®n del n¨²mero de empleados p¨²blicos y su coste presupuestario en los ¨²ltimos a?os, sea cual sea la Administraci¨®n que se elija (siendo la Xunta entre 2005 y 2009 un buen ejemplo), lo ratifica.

Los funcionarios son (somos) personas como todas las dem¨¢s, que han (hemos) realizado un gran esfuerzo conforme la ley marca para acceder a un empleo en la Administraci¨®n. Los hay extremadamente entregados, algunos tienden a escaquearse, y la inmensa mayor¨ªa cumplen sus obligaciones con diligencia y eficacia, muchas veces por motivaci¨®n vocacional. Como en tantas otras cosas, los extremos son excepcionales, y no deben condicionar el juicio positivo global que los servicios p¨²blicos y sus empleados merecen de la sociedad que los financia. Una sociedad que tambi¨¦n, y en el contexto de una crisis econ¨®mica sin parang¨®n hist¨®rico que reduce dr¨¢sticamente los ingresos p¨²blicos, impone ganancias de eficiencia en el gasto p¨²blico, precisamente para defender y garantizar la continuidad y sostenibilidad futura de los servicios p¨²blicos.