Transparencia para las empresas

Los recursos siguen creciendo desde que en mayo pasado se pusiera en marcha el ?rgano Administrativo de Recursos Contractuales (OARC) del Gobierno vasco. En los siete meses del pasado ejercicio en que estuvo activo entraron 68 casos y en los primeros dos meses, todav¨ªa sin acabar, de este a?o, son ya 19 las causas, un ritmo que de consolidarse podr¨ªa acabar duplicando el n¨²mero total de actuaciones.

Fuentes de ese ¨®rgano concretan que se est¨¢n recibiendo casos de recursos de empresas que han licitado en los Ayuntamientos de las tres capitales. El OARC ha completado un c¨ªrculo de transparencia integral para las empresas que trabajan con la Administraci¨®n.

El Perfil del Contratante es la base a partir de la cual se publicitan los contratos. Est¨¢ abierto al p¨²blico en general y cualquier persona puede ver la actividad de la Administraci¨®n como contratista y seguir los pasos de cada uno de los contratos, con plazos garantizados por el organismo certificador del Gobierno ¡ªIzenpe¡ª. Tambi¨¦n se pueden comprobar las modificaciones en los pliego, o plazos, si las hay, en tiempo real.

El portal no se queda ah¨ª. Las novedades que incorpora el sistema, que lo han convertido en ¨²nico en Espa?a, son el Perfil del Adjudicatario y el Registro de Contratos, ya operativo. El Perfil del Adjudicatario es una base de datos que se est¨¢ depurando seg¨²n los n¨²meros NIF para consultar qu¨¦ empresas contratan con la Administraci¨®n y en qu¨¦ cuestiones. Aunque existen niveles para la informaci¨®n m¨¢s sensible, los datos societarios b¨¢sicos y los de los contratos p¨²blicos pueden ser consultados libremente.

Si esas dos herramientas permiten acceder a toda la oferta de contratos del Gobierno y las empresas que los han ganado y en qu¨¦ condiciones, el Registro de Contratos facilita hacer el seguimiento de la vida ¨ªntegra de cada uno de ellos. El sistema se completa con el Registro Oficial de Contratistas y el ?rgano de Recursos Contractuales. Las empresas presentan una vez la documentaci¨®n al Registro y, tras un acuerdo con las Diputaciones y la Seguridad Social, el Ejecutivo comprueba la veracidad al momento.