El Plan del Litoral cumple un a?o sin apenas avances y con 47 pleitos
La Xunta olvida desarrollar el documento y las Directrices do Territorio
Las Directrices de Ordenaci¨®n del Territorio y el Plan de Ordenaci¨®n del Litoral, los dos principales documentos que definen la ocupaci¨®n y uso del suelo en Galicia, entraron en vigor, tras a?os de retraso, hace justo doce meses. El pasado 23 de febrero, en el caso de las Directrices, y el 24, en el del Plan del Litoral, se cumpli¨® un a?o del inicio de su aplicaci¨®n. Esas fechas se han superado sin que la Xunta haya cumplido dos de las tres obligaciones que ambos documentos exig¨ªan para su su primer a?o en vigor y con un reguero de pleitos en marcha impulsados por Ayuntamientos, empresas y particulares. En el caso del Plan del Litoral, se han presentado 47 recursos en los tribunales.
?Las Directrices y el Plan del Litoral contienen numerosas normas cuyo cumplimiento es obligado solo cuando una administraci¨®n o un particular quiere acometer una intervenci¨®n determinada en el territorio. Tambi¨¦n recogen la posibilidad de que la Xunta desarrolle a partir de ambos documentos otro tipo de planes secundarios, sin establecer plazos para ello. Esto es, parte del desarrollo de las Directrices y del Plan del Litoral es de car¨¢cter pol¨ªtico, potestativo, y depende de las iniciativas que decidan priorizar este y pr¨®ximos gobiernos. Pero ambos documentos s¨ª fijaban tres obligaciones concretas a cumplir por la Xunta en su primer a?o en vigor.
El deber m¨¢s importante viene determinado por la ley territorial de 1995, la misma que obligaba a redactar las Directrices que tardaron 16 a?os en aprobarse. Esa ley, y su posterior desarrollo, establece que ¡°la Xunta de Galicia, una vez al a?o, presentar¨¢ al Parlamento una memoria en la que se plasmar¨¢ el estado en que se encuentran las directrices¡±. El primer a?o ya ha pasado sin que se tenga constancia del env¨ªo al Parlamento de dicho balance.
Por su parte, el Plan del Litoral exige, en su disposici¨®n adicional primera, que ¡°en el plazo de 12 meses desde la aprobaci¨®n definitiva¡± del documento ¡°la conseller¨ªa competente en materia ambiental realizar¨¢ una Gu¨ªa de buenas pr¨¢cticas de intervenci¨®n en los sistemas playa-duna¡±. Superados esos doce meses, nada se sabe de esa gu¨ªa.
El ente que se encargar¨¢ de su seguimiento a¨²n no est¨¢ constituido
Lo que s¨ª ha cumplido la Xunta es la exigencia de la disposici¨®n adicional quinta de que ¡°en el plazo de doce meses desde la aprobaci¨®n definitiva del Plan de Ordenaci¨®n del Litoral la conseller¨ªa competente en materia ambiental realizar¨¢ una gu¨ªa para la elaboraci¨®n de los estudios de impacto e integraci¨®n paisaj¨ªstica¡±. Medio Ambiente present¨® ese documento el 3 de febrero, veinte d¨ªas antes de que venciese el plazo de un a?o que tuvo para ello.
En este ¨²ltimo a?o la Xunta tambi¨¦n ten¨ªa la obligaci¨®n de intercambiar informaci¨®n entre varios de sus departamentos implicados en el seguimiento de ambos documentos. Seg¨²n otra disposici¨®n adicional del Plan del Litoral, la cuarta, la Direcci¨®n Xeral de Sostenibilidade e Paisaxe debe ser informada anualmente del cumplimiento del seguimiento ambiental del Plan del Litoral. A su vez, ese seguimiento debe estar vinculado al de las Directrices, y para encargarse de ello, entre otras funciones, se ha creado el Instituto de Estudos do Territorio. Pero el consejo rector del nuevo organismo se constituy¨® el 6 de febrero y su funcionamiento no ser¨¢ pleno hasta dentro de varias semanas, seg¨²n admiti¨® entonces la Xunta, por lo que tendr¨¢ dif¨ªcil hacer en plazo el primer balance anual de ambos documentos.
Se ha presentado solo una de las dos gu¨ªas de actuaci¨®n comprometidas
El Plan del Litoral contempla otras obligaciones temporales cuyo plazo a¨²n no ha sido superado pero para las que siguen pasando los meses. Antes de que pasen dos a?os desde su aprobaci¨®n la Xunta deber¨¢ iniciar un plan especial que cree la denominada Senda de los Faros, un itinerario peatonal por toda la costa gallega. El Plan del Litoral tambi¨¦n fija tres a?os de plazo para que los ayuntamientos adapten al mismo su planeamiento urban¨ªstico.
Algunos de estos plazos parecen haberse quedado cortos pese a que fueron notablemente ampliados en la versi¨®n definitiva del Plan del Litoral aprobada hace un a?o. En los primero borradores que manej¨® la Xunta se establec¨ªan seis meses frente a los doce actuales para la gu¨ªa de actuaci¨®n en las playas, un a?o frente a los dos actuales para la Senda de los Faros y dos a?os frente a los tres actuales para que los ayuntamientos adaptasen su urbanismo.
Ence encabeza la batalla judicial
Aunque su seguimiento por parte de la Xunta presente deficiencias, las Directrices do Territorio y el Plan Litoral se est¨¢n aplicando en numerosos aspectos. Las primeras est¨¢n sirviendo como gu¨ªa para la redacci¨®n de documentos urban¨ªsticos y sectoriales de todo tipo y las restricciones y consideraciones del segundo est¨¢n siendo incorporadas por los Ayuntamientos en sus respectivos planes municipales: el 25% de los municipios afectados ya lo hab¨ªa hecho a los siete meses de su entrada en vigor, seg¨²n el ¨²ltimo balance facilitado de la Xunta, pese a que disponen de tres a?os para ello.
Pero el futuro de ambos documentos en aspectos o zonas geogr¨¢ficas puntuales puede verse truncado si prospera alguno del medio centenar de recursos judiciales que se han impuesto contra ellos ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia y de los que ha venido dando cuenta el Diario Oficial de Galicia durante el ¨²ltimo a?o.
El Plan Litoral es el que mayor conflictividad suscit¨® con 47 recursos, Cinco de ellos proceden de Ayuntamientos (Bueu, Cari?o, Vilaboa, Vimianzo y A Illa de Arousa), una docena de promotoras inmobiliarias, tres de asociaciones vecinales, uno de Ence, otro de Elnosa y el resto de particulares, en ocasiones agrupados en una misma denuncia. Por su parte, las Directrices do Territorio se enfrentan a cuatro recursos: Ayuntamiento de Cari?o, una fundaci¨®n, Ence y Elnosa. Las dos ¨²ltimas empresas encabezan el rechazo a ambos documentos oficiales porque estos impiden las permanencia de sus instalaciones en la r¨ªa de Pontevedra m¨¢s all¨¢ de 2018.
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