Violencia, marihuana y 11-M

Desde el pasado viernes la ciudadan¨ªa se siente m¨¢s protegida por sus instituciones, singularmente por la justicia. El reci¨¦n nombrado fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, daba ese d¨ªa la buena noticia de que gracias a una informaci¨®n publicada por Libertad Digital, el peri¨®dico en la red de Federico Jim¨¦nez Losantos, se han abierto diligencias para investigar unos restos de chatarra ferroviaria de los atentados del 11-M. Para algunos, aunque una sentencia firme del Tribunal Supremo diga lo que dice, siempre ha habido flecos inquietantes. Para ese sector de la opini¨®n p¨²blica, el 11-M fue una turbia conjunci¨®n de intereses pol¨ªticos para arrebatarle el poder al PP. Apenas repuestos de ese primer impacto, de ese golpe de justicia que da v¨ªa libre para volver a dedicar recursos ¡ªesos que hay que recortar por todas partes¡ª para rebuscar en el 11-M, Torres-Dulce remachaba el clavo y avisaba de que la fiscal¨ªa est¨¢ investigando la propuesta aprobada por el Ayuntamiento de Rasquera (Ribera d¡¯Ebre) para ceder mediante pago unos terrenos para que la Asociaci¨®n Barcelonesa Cann¨¢bica de Autoconsumo los dedique al cultivo de la marihuana. En la nueva era pol¨ªtica de formas y gestos duros en que vivimos, ya no es ¨²nicamente la abogac¨ªa del Estado la que interviene para pedir explicaciones sobre un acto administrativo ¡ªel acuerdo del pleno de Rasquera sobre la plantaci¨®n¡ª, sino que la propia fiscal¨ªa, con una gran capacidad de anticipaci¨®n, se implica en la lucha contra el proyecto de plantaci¨®n antes de empiece la siembra. Para colmo de males, el equipo de gobierno de esa poblaci¨®n de la Ribera d¡¯Ebre pertenece a Esquerra Republicana, partido por cierto al que la mayor¨ªa absoluta del PP le ha negado el acceso a la comisi¨®n de secretos oficiales del Congreso de los Diputados en previsi¨®n de que alg¨²n d¨ªa pueda traicionar a Espa?a. Es como si el caso John Profumo no hubiera existido, como si el ministro de la Guerra del conservador Gobierno de Macmillan, all¨¢ por los a?os sesenta, no se hubiera visto forzado a dimitir por compartir informaci¨®n y amante con el agregado naval sovi¨¦tico en Gran Breta?a.

Un concepto duro y partidista de democracia se abre paso en este periodo de crisis en Espa?a. Un ejemplo palpable han sido los violentos incidentes que vivi¨® Barcelona el pasado mi¨¦rcoles, tras las manifestaciones estudiantiles. Al contrario de lo que sucede con los actos vand¨¢licos que siguen a todo gran t¨ªtulo futbol¨ªstico, en el caso de los estudiantes la violencia ha diluido, a ojos de muchos medios, el trasfondo de la protesta: el negro futuro que se presenta para los j¨®venes ya con negro presente ¡ªel paro est¨¢ para ellos en casi un 48% en Catalu?a¡ª y una reforma laboral que a corto plazo no har¨¢ m¨¢s que aumentar la n¨®mina de parados. Quiz¨¢s para tener esa necesaria visi¨®n a ojo de p¨¢jaro haya que recurrir a la prensa extranjera. The New York Times lo vio claro al situar la fotograf¨ªa de Albert Gea ¡ªen la que un empleado se enfrentaba a un encapuchado que destrozaba el interior de una oficina bancaria¡ª con el titular en primera p¨¢gina: ¡°Enfrentamientos por las medidas de austeridad en Espa?a¡±. Mientras, otros rotativos patrios acusaban zafiamente a la oposici¨®n de calentar la calle e incluso identificaban rostros detr¨¢s de los contenedores de basura ardiendo. Son elementos a los que nos est¨¢ acostumbrando el nuevo discurso pol¨ªtico, que rebaja a¨²n m¨¢s la calidad de la democracia y que trata de hacer ver que no es la situaci¨®n, sino la conspiraci¨®n, la que mueve a los manifestantes.

Los gestores de la nueva era no pierden el tiempo. As¨ª, mientras la fiscal¨ªa hurga entre la chatarra del 11-M e investiga la plantaci¨®n de marihuana que a¨²n no se ha plantado, el Supremo ha convertido al juez Baltasar Garz¨®n en el primer condenado por el caso G¨¹rtel. Y m¨¢s recientemente, el ministro de Hacienda, Crist¨®bal Montoro, ha destituido a todos los cargos de la Oficina Nacional de Investigaci¨®n del Fraude a la Agencia Tributaria (ONIF) que destaparon precisamente los casos G¨¹rtel y Urdangarin. La ejecutora ha sido la reci¨¦n nombrada jefa adjunta de la oficina, Pilar Valiente, que se vio forzada a dimitir en 2001 despu¨¦s de que un diario apuntara que ella, como directora de la CNMV, lejos de controlar Gescartera, podr¨ªa haber ayudado su due?o, Antonio Camacho, condenado a 11 a?os de c¨¢rcel, a tratar de evadir esos controles. Son los signos de los nuevos tiempos.