Una privatizaci¨®n endiablada

Un borrico que tira del arado, un sat¨¦lite artificial, una hamburguesa con queso o un veraneo en Benidorm pueden ser tasados, son bienes tangibles y, como tales, susceptibles de ser comprados en mercados m¨¢s o menos sofisticados. No faltar¨¢ quien se vea tentado de igual forma a colgar etiqueta de precio a un artefacto social pero, por muchos informes econ¨®micos que se esgriman para justificarlo, ser¨¢ imposible ponerlo a la venta sin el consenso de todos aquellos que lo hacen posible. Quien dice artefacto social dice acuerdo pol¨ªtico para servir al bien com¨²n. O, por resumir, Canal de Isabel II, un asunto intrincado en el que la ideolog¨ªa importa casi tanto como el dinero.

La privatizaci¨®n del Canal, porque ¡°s¨ª es una privatizaci¨®n¡±, como puntualiza la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre (Partido Popular), es ¡°una inversi¨®n segura¡± para aquellos que opten por participar en esta empresa hasta ahora 100% p¨²blica, porque ¡°todo el mundo bebe agua¡±, tanto en las vacas gordas como en las flacas. La Comunidad aceler¨® esta semana por en¨¦sima vez su plan: espera poner a la venta el 49% del Canal ¡°antes del verano¡±, seg¨²n su vicepresidente (y presidente del Canal), Ignacio Gonz¨¢lez. Pero Izquierda Unida, el Partido Socialista y asociaciones ecologistas y vecinales no lo ven tan claro, y por ello se han movilizado e impulsado una consulta popular hoy.

Aducen que el valor de mercado del Canal se asienta en los convenios por lo que los Ayuntamientos han puesto en sus manos la gesti¨®n del agua. Merced a ese consenso, los municipios se aseguran la administraci¨®n unificada (y por tanto m¨¢s eficaz) de una intrincada red de servicios e infraestructuras en la que resultar¨ªa rematadamente dif¨ªcil discernir a qui¨¦n pertenece cada tuber¨ªa. Y ese es al mismo tiempo el problema a la hora de privatizar el Canal: no basta con vender sus activos tangibles, adem¨¢s es necesario preservar esos pactos con los municipios, puesto que de ello depende su actividad (y su valor).

El Canal es una empresa rentable. En 2010 gan¨® 114 millones de euros. Su valor supera los 2.700 millones. Su deuda roza los 1.670 millones. La Comunidad justifica la entrada de capital privado para afrontar una inversi¨®n de 4.000 millones en 15 a?os que adapte las infraestructuras a la normativa europea. Sin embargo, no fundamenta ese c¨¢lculo. La Comunidad de Madrid era en 2011 la tercera del pa¨ªs en volumen de deuda (15.191 millones de euros).

Aguirre anunci¨® su intenci¨®n de privatizar el Canal en 2008, pero se encontr¨® con la oposici¨®n de la izquierda y de su compa?ero de partido y entonces alcalde de la capital, Alberto Ruiz-Gallard¨®n. Tambi¨¦n se coloc¨® en contra la Confederaci¨®n Hidrogr¨¢fica del Tajo, el organismo estatal que regula el agua en la regi¨®n, por entonces en manos socialistas.

La Comunidad inici¨®, pues, un laborioso proceso para convencer a propios y extra?os de la idoneidad de esta privatizaci¨®n. En un principio hab¨ªa planteado que el Canal era suyo, y por tanto no precisaba de los Ayuntamientos para ponerlo a la venta. Gallard¨®n aleg¨® que el saneamiento y distribuci¨®n de las aguas era competencia municipal, y aport¨® un dictamen de la Junta Consultiva de Contrataci¨®n Administrativa.

La Comunidad cambi¨® entonces de estrategia y reparti¨® la propiedad del Canal: un 10% para Madrid (tras una negociaci¨®n a cara de perro) y otro 10% para el resto de municipios (Alcorc¨®n, por ejemplo, con 170.000 habitantes, obtuvo el 0,8%). As¨ª convenci¨® a Gallard¨®n, y as¨ª est¨¢ convenciendo al resto de alcaldes. En p¨²blico, la Comunidad se niega a difundir su valoraci¨®n del Canal. Pero varios regidores consultados dicen haber escuchado por boca de Ignacio Gonz¨¢lez cifras concretas de lo que les corresponder¨ªa en caso de sumarse al modelo.

Las ¨²nicas condiciones del proceso son que el 51% de la empresa debe seguir siendo p¨²blico, y que los Ayuntamientos tienen que mantener un 30% de su paquete y no vender ni una acci¨®n antes que lo haga la Comunidad.

De esta forma, el Gobierno regional ha incorporado a 87 de los 179 municipios de la regi¨®n al nuevo sistema de gesti¨®n. Suman el 80,2% de la poblaci¨®n, cerca de cinco millones, y el 97% del negocio (solo la capital tiene el 65%). ¡°Interesa a todos, independientemente del color pol¨ªtico¡±, dice la Comunidad. Pero no todos son necesarios. Lo importante es aglutinar suficiente volumen econ¨®mico para seducir a los posibles inversores. Si alg¨²n Ayuntamiento se desmarca, es su problema. Podr¨¢ elegir entre mantener su pacto con el Canal, gestionar directamente el servicio (una opci¨®n muy costosa) o sacarlo a concurso. Ese es el principal argumento de la Comunidad: quien tome ese camino se pondr¨¢ probablemente en manos de una empresa privada (la que gane el concurso) en lugar de seguir con una con mayor¨ªa de capital p¨²blico (el Canal).

Madrid espera obtener 245 millones de la venta del 70% de sus acciones (el m¨¢ximo legal). Pero la Comunidad ha puesto en duda ese c¨¢lculo. En su opini¨®n, la venta de acciones debe hacerse de forma conjunta y proporcional. Es decir: si se llega a colocar en manos privadas el 49% de la empresa (el m¨¢ximo legal), significar¨¢ que cada administraci¨®n implicada ha vendido el 49% de su paquete. De esta forma, los Ayuntamientos nunca podr¨ªan desprenderse del 70%. Madrid, por ejemplo, no ingresar¨ªa 245 millones sino la mitad, una estocada de cuidado a sus cuentas. La beneficiada ser¨ªa la Comunidad, que no se ver¨ªa obligada a mantener acciones para preservar la mayor¨ªa p¨²blica de la empresa compensando la desbandada vendedora de los Ayuntamientos. El problema de este desencuentro para el Gobierno regional es que la sombra de un posible litigio con la capital reventar¨ªa la operaci¨®n.

Los municipios gobernados por la izquierda (Parla, Fuenlabrada, San Fernando y Rivas, entre otros) prometen no sumarse al nuevo modelo. Tambi¨¦n se quejan 42 pueblos de la sierra (la mayor¨ªa del Partido Popular), que se sienten discriminados en el reparto por su escasa poblaci¨®n.

El Partido Socialista apunta que recurrir¨¢ al Tribunal Constitucional. Izquierda Unida acudir¨ªa a la v¨ªa contencioso-administrativa, al considerar que los convenios firmados carecer¨¢n de validez cuando se constituya la nueva sociedad y habr¨¢ que licitar la gesti¨®n del agua pueblo a pueblo. Lo contrario, se?ala el edil madrile?o Jorge Garc¨ªa Casta?o (IU), ser¨ªa prevaricar. Se apoya para afirmarlo en un informe encargado en 2010 por la Confederaci¨®n Hidrogr¨¢fica del Tajo y esgrimido tambi¨¦n por los socialistas.

Socialistas e Izquierda Unida presentar¨¢n recurso en todos los municipios (ya lo han hecho en Alcorc¨®n, Tres Cantos, Loeches, Aranjuez y Ciempozuelos). Una vez m¨¢s, la estrategia pasa porque la inseguridad jur¨ªdica ahuyente a los inversores. Pero en este caso, las convicciones pol¨ªticas conllevan el dolor de ver c¨®mo se esfuma la posibilidad de ingresos f¨¢ciles: ¡°Nos ofrecen dinero y, como muchos Ayuntamientos est¨¢n necesitados de dinero, es un problema¡±, dice el alcalde socialista Jos¨¦ Luis Garc¨ªa (San Mart¨ªn de Valdeiglesias; 8.000 habitantes).

Adem¨¢s, la inseguridad jur¨ªdica funciona en ambas direcciones, puesto que algunos regidores denuncian que la Comunidad amenaza con obligarles a devolver el dinero de inversiones o a mantener infraestructuras car¨ªsimas. ¡°Es como ponernos una pistola en el pecho¡±, explica uno. Una vez m¨¢s, donde no se alcanza consenso, alza su voz el dinero.