Lo que est¨¢ en juego

Como consecuencia de los pactos auton¨®micos de 1981 las comunidades aut¨®nomas se constituyeron con la misma arquitectura institucional, Parlamento, Gobierno elegido por y responsable ante el Parlamento y Tribunal Superior de Justicia. Como consecuencia de los pactos auton¨®micos de 1992 se produjo la equiparaci¨®n en el terreno competencial. Como consecuencia de todo ello, el derecho a la autonom¨ªa por parte de las nacionalidades y regiones que integran Espa?a se ejerce en condiciones de igualdad.

Para cerrar el c¨ªrculo hubiera sido preciso que se hubiera reformado el Senado y que las comunidades aut¨®nomas hubieran sido equiparadas en el proceso de participaci¨®n en la definici¨®n de la voluntad del Estado a trav¨¦s de la segunda C¨¢mara. Esta es la garant¨ªa que falta, para que no fuera posible retroceder en lo que a la igualdad en el ejercicio del derecho a la autonom¨ªa se refiere.

Quiere decirse, pues, que, al no haberse reformado el Senado, la estructura del Estado que materialmente se ha ido construyendo desde 1980 con base en el principio de igualdad puede ser revisada. Es pr¨¢cticamente imposible que pueda ser anulada, pero s¨ª se pueden introducir cambios que tiendan a imponer una interpretaci¨®n de la Constituci¨®n m¨¢s pr¨®xima a la que intent¨® pactar el Gobierno de UCD presidido por Adolfo Su¨¢rez con el nacionalismo catal¨¢n y vasco en 1979, que a la que acab¨® imponi¨¦ndose tras el resultado del refer¨¦ndum del 28-F de 1980.

Desde Catalu?a y desde el Gobierno de la naci¨®n ya se est¨¢ trabajando en esa direcci¨®n. De una manera subrepticia y espuria, mediante pactos vergonzantes, que nadie se atreve a hacer p¨²blicos, pero que son imposibles de esconder. Ah¨ª est¨¢n las votaciones de estas ¨²ltimas semanas en el Parlament y en el Congreso de los Diputados, en los que PP ha dado apoyo a CiU en el copago sanitario o la tasa tur¨ªstica, y CiU ha dado apoyo al PP en la reforma laboral o el techo de gasto. Por no decir nada del indulto semiclandestino al dirigente de Uni¨® por un caso de corrupci¨®n, del que no se dio cuenta en la referencia del Consejo de Ministros en que se aprob¨® y del que solo nos hemos enterado esta semana tras su publicaci¨®n en el BOE.

Quien haya seguido la prensa catalana de estos ¨²ltimos meses habr¨¢ podido advertir que la operaci¨®n de revisar la estructura del Estado, a fin de diferenciar el ejercicio del derecho a la autonom¨ªa de las nacionalidades, pero sobre todo de Catalu?a y Pa¨ªs Vasco, del ejercicio de tal derecho por las regiones, est¨¢ en marcha desde hace tiempo.

Y habr¨¢ podido advertir tambi¨¦n que hay una coincidencia general en que el ¨¦xito de la operaci¨®n depende de Andaluc¨ªa, es decir, del resultado de las elecciones auton¨®micas del 25-M. Este pasado mi¨¦rcoles lo dec¨ªa expresamente Enric Juli¨¢ en su cr¨®nica pol¨ªtica en La Vanguardia. Si cae Andaluc¨ªa, ven¨ªa a decir, Espa?a pol¨ªticamente ser¨¢ PP m¨¢s nacionalismo catal¨¢n y vasco. Habr¨¢ desaparecido, en consecuencia, el obst¨¢culo para que se pueda pasar de la igualdad a la diferenciaci¨®n de Catalu?a y Pa¨ªs Vasco en el ejercicio del derecho a la autonom¨ªa.

Lo que est¨¢ en juego el 25-M no es solamente si se van a producir m¨¢s o menos recortes en las prestaciones sociales, que tambi¨¦n, sino adem¨¢s si se va a mantener o no la estructura del Estado que se consigui¨® imponer tras la movilizaci¨®n pol¨ªtica andaluza en febrero de 1980 o si, por el contrario, se acabar¨¢ imponiendo una estructura en clave nacionalista, b¨¢sicamente catalana y vasca y en mucha menor medida gallega, que ha sido la que siempre ha preferido la derecha espa?ola. Fuera de Andaluc¨ªa se sabe que es as¨ª. El d¨ªa 25 veremos si los andaluces tambi¨¦n nos hemos enterado de lo que est¨¢ en juego.