Deslegitimaci¨®n
La primera vez que los ciudadanos han tenido la posibilidad de pronunciarse sobre el programa que el Gobierno est¨¢ poniendo en pr¨¢ctica ha sido el 25-M
Las elecciones celebradas el pasado domingo en Asturias y Andaluc¨ªa fueron formalmente unas elecciones auton¨®micas, pero materialmente fueron adem¨¢s una suerte de refer¨¦ndum sobre la pol¨ªtica puesta en pr¨¢ctica por el Gobierno presidido por Mariano Rajoy desde finales de diciembre de 2011.
En cuanto elecciones auton¨®micas han supuesto un giro a la izquierda, muy considerable en Andaluc¨ªa, en la que la suma de PSOE e IU supera ampliamente al voto del PP, y tambi¨¦n, aunque no de manera tan inequ¨ªvoca, en Asturias. Se trata, sin duda, de un cambio de importancia en la tendencia que ven¨ªa expres¨¢ndose en las urnas en Espa?a desde las ¨²ltimas elecciones auton¨®micas catalanas en 2010. En estas dos comunidades se ha detenido el avance de la derecha y el deterioro de la izquierda.
Pero m¨¢s importancia tiene, en mi opini¨®n, la dimensi¨®n del resultado electoral en cuanto refer¨¦ndum sobre la acci¨®n del Gobierno. Si el resultado electoral del 25-M hubiera reproducido el del 20-N, ser¨ªa imposible discutir que las medidas adoptadas por el Gobierno contaban con un apoyo claramente mayoritario de la sociedad espa?ola. Tal era el discurso que se estaba poniendo en circulaci¨®n tanto por el Gobierno como por los medios de comunicaci¨®n que lo apoyan con base en algunos estudios de opini¨®n publicados en estos tres ¨²ltimos meses. Tal era el discurso que, a tenor del resultado de las encuestas preelectorales, el Gobierno pensaba que iba a poder mantener tras el 25-M.
Ese discurso ha sido desmentido por el resultado de las urnas. Los ciudadanos asturianos y, sobre todo los andaluces de manera muy mayoritaria, han dicho no a las reformas del Gobierno de Mariano Rajoy. A pesar del esfuerzo de ocultaci¨®n de la realidad, ejemplificado con el retraso de la presentaci¨®n de los Presupuestos Generales del Estado, que no ha permitido que los ciudadanos acudieran a votar con la informaci¨®n con que deber¨ªan haber acudido, el rechazo de la acci¨®n del Gobierno no deja lugar a dudas.
Si antes del d¨ªa 25 el Gobierno pod¨ªa argumentar que hay una mayor¨ªa social en el pa¨ªs a favor de su pol¨ªtica econ¨®mica y laboral, hoy ya no puede hacerlo. Tiene una mayor¨ªa parlamentaria para toda la legislatura y, en consecuencia, puede seguir avanzando por el mismo camino en que lo ha venido haciendo desde la investidura, ya que los resultados de unas elecciones auton¨®micas no invalidan los resultados de unas elecciones generales. Pero esos resultados en las elecciones generales los obtuvo para poner en pr¨¢ctica un programa que no es el que present¨® a los electores. La primera vez que los ciudadanos han tenido la posibilidad de pronunciarse sobre el programa que el Gobierno est¨¢ poniendo en pr¨¢ctica ha sido el 25-M. Y el sentido del voto ciudadano ha sido inequ¨ªvoco. En dos comunidades aut¨®nomas nada m¨¢s. Pero en dos comunidades que cuentan con casi 10 millones de ciudadanos.
En manos del presidente del Gobierno est¨¢ atender el resultado de las elecciones del 25-M o desconocerlo y considerar que no tiene por qu¨¦ rectificar. Si en apenas tres meses y tras un arrollador triunfo electoral y una ausencia de oposici¨®n propiamente dicha, ha pasado lo que ha pasado, no es dif¨ªcil pronosticar lo que puede pasar si se decide avanzar en la misma direcci¨®n. El divorcio entre el Gobierno y la opini¨®n p¨²blica puede hacerse irreversible. Y en un momento de tantas dificultades como las actuales y como las que se nos vienen encima, el pa¨ªs no va a poder soportar un Gobierno carente de legitimidad social, por mucha que sea su mayor¨ªa parlamentaria. El aviso est¨¢ dado. Veremos si ha sido entendido o no.
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