Doble mayor¨ªa

El Estado auton¨®mico que definitivamente se ha construido dentro de las posibilidades y l¨ªmites que ofrece la Constituci¨®n no fue una opci¨®n del centro-derecha espa?ol, sino que fue una forma de Estado que el centro-derecha acab¨® aceptando a finales de la d¨¦cada de los ochenta, en el Congreso de conversi¨®n de AP en el PP, en el que Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar sustituy¨® a Manuel Fraga en la presidencia del partido. En las elecciones que se celebraron en 1982 y 1986 AP llevaba en su programa una propuesta de reforma de la Constituci¨®n, a fin de reducir el contenido y alcance del ejercicio del derecho a la autonom¨ªa, tal como se hab¨ªa impuesto tras el refer¨¦ndum del 28-F de 1980 y los pactos auton¨®micos de 1981. ?nicamente a partir de 1989 el centro-derecha espa?ol acept¨® la estructura del Estado, contribuyendo adem¨¢s a su desarrollo con la firma con el Gobierno presidido por Felipe Gonz¨¢lez de los pactos auton¨®micos de 1992, que equipararon a las comunidades aut¨®nomas desde el punto de vista competencial. Estos pactos auton¨®micos de 1992 fueron ejecutados b¨¢sicamente por el Gobierno del PP en las legislaturas de 1996 a 2004. La transferencia real y efectiva de la sanidad y la educaci¨®n a las comunidades aut¨®nomas del art¨ªculo 143 CE se hizo bajo el Gobierno de Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar.

Conviene recordarlo en este momento. En la construcci¨®n inicial del Estado auton¨®mico el centro-derecha tuvo un papel muy reducido, pero en la configuraci¨®n definitiva de dicho Estado tuvo tanto protagonismo como el centro-izquierda. El Estado auton¨®mico se ha construido a trav¨¦s de pactos, entre UCD en el Gobierno y el PSOE en la oposici¨®n, primero, y entre el PSOE en el Gobierno y el PP en la oposici¨®n, despu¨¦s. A nadie se le ha impuesto la estructura del Estado, que ha sido el resultado del consenso entre los dos grandes partidos de Gobierno de Espa?a.

Es obvio que el consenso sobre la estructura del Estado se puede revisar. Pero parece l¨®gico que se revise tambi¨¦n por consenso, en el que tendr¨ªan que participar las comunidades aut¨®nomas, que no exist¨ªan en el momento del consenso inicial, pero que ahora s¨ª existen. El pacto sobre la estructura del Estado es el pacto m¨¢s inclusivo que puede imaginarse en el Estado democr¨¢tico. Tiene que haber detr¨¢s del mismo una mayor¨ªa de ciudadanos y una mayor¨ªa de territorios. As¨ª lo entendi¨® el constituyente de los Estados Unidos de 1787, que exige esa doble mayor¨ªa para la reforma de la Constituci¨®n.

El pacto territorial es el m¨¢s dif¨ªcil de alcanzar y el m¨¢s determinante para el funcionamiento de un Estado democr¨¢tico. No se puede hacer uso de atajos ni en el momento de alcanzarlo ni en el de reformarlo. Hay que agotar todas las posibilidades de discusi¨®n, a fin de que el resultado descanse, si no en la unanimidad, porque esto es imposible, s¨ª en una mayor¨ªa que se aproxime a dicha unanimidad.

La tentaci¨®n de sustituir el consenso por la decisi¨®n unilateral tiene que ser evitada a toda costa. En mi opini¨®n, el PP se estaba deslizando en esta direcci¨®n, que, posiblemente, habr¨ªa empezado a concretarse si los resultados de las elecciones auton¨®micas andaluzas hubieran sido los que pronosticaban las encuestas. La propuesta de Esperanza Aguirre el pasado martes, con la finalidad de vaciar de contenido al Estado auton¨®mico, transfiriendo las competencias de las comunidades al Estado y a los Ayuntamientos, ha quedado, de momento, en una ocurrencia. Pero no la estar¨ªamos viendo como tal, si el Gobierno de Andaluc¨ªa estuviera en las manos del PP. Con el tiempo ¨¦sta acabar¨¢ siendo vista como la consecuencia m¨¢s importante del resultado electoral del 25-M.