Benestar desoy¨® informes jur¨ªdicos al endosar servicios a las diputaciones

El recorte a los servicios sociales asestado por el decreto que la Conseller¨ªa de Traballo public¨® el pasado 30 de marzo es ¡°contrario al ordenamiento jur¨ªdico¡±. Con esta claridad lo dictamin¨® el Consello Consultivo de Galicia en un informe aprobado por el pleno celebrado el d¨ªa 1 de ese mismo mes, entre otros motivos por ¡°carecer del preceptivo informe de la Asesor¨ªa Xur¨ªdica Xeral¡± de la Xunta. Pese a las tachas jur¨ªdicas advertidas, el departamento que dirige Beatriz Mato sigui¨® adelante con un decreto que endosa a las diputaciones la financiaci¨®n de los servicios sociales en los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes.

El decreto que regula los servicios sociales comunitarios y su financiaci¨®n ha provocado un enorme revuelo en las diputaciones provinciales. Sobre todo en las dos m¨¢s rurales, las de Ourense y Lugo, ya que la conseller¨ªa atribuye a estas instituciones provinciales la financiaci¨®n del costoso servicio de ayuda a dependientes a domicilio. El presidente de la de Ourense, Jos¨¦ Manuel Baltar, lo calific¨® de ¡°golpe¡± a la diputaci¨®n, con un coste que calcul¨® en 1,4 millones de euros. En esta provincia, solo la capital supera los 20.000 habitantes que marca el decreto. La de Lugo, gobernada por una coalici¨®n de socialistas y nacionalistas, cifra el coste en 2,2 millones, y llevar¨¢ el pr¨®ximo martes a pleno una propuesta de impugnar judicialmente el decreto.

La Diputaci¨®n de Lugo impugnar¨¢ judicialmente la nueva norma

Aunque la Conseller¨ªa de Traballo e Benestar encarg¨® un informe a la Asesor¨ªa Xur¨ªdica de la Xunta, el proyecto se someti¨® despu¨¦s a ¡°numerosas¡± modificaciones. Tantas, que ¡°cabe afirmar que el texto que se somete a dictamen de este Consello Consultivo carece del previo y preceptivo informe¡± jur¨ªdico. Otro tanto ocurre con el tr¨¢mite de audiencia a las entidades interesadas, que se efectu¨® sobre una versi¨®n inicial del proyecto y sin incluir a la Comisi¨®n Galega de Cooperaci¨®n Local, a pesar de que el decreto regula ¡°aspectos tan relevantes para las entidades locales¡± como el establecimiento, la prestaci¨®n y la financiaci¨®n de los servicios sociales comunitarios. Dicha comisi¨®n es el ¨®rgano permanente de colaboraci¨®n para la coordinaci¨®n entre la Xunta y los ayuntamientos. ¡°Tal observancia deber¨ªa ser incluso m¨¢s exquisita cuando, como es el caso, la norma proyectada incide tan intensamente en la definici¨®n de un modelo de relaciones interadministrativas consagrado en el Pacto Local¡±, a?ade el Consultivo.

En las observaciones al articulado, el informe del Consello Consultivo revela que la atribuci¨®n a las diputaciones de la financiaci¨®n del servicio de atenci¨®n en el hogar en los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes ¡ªel 90% del total de Galicia¡ª no figuraba en la versi¨®n original del decreto. Por lotanto, las entidades locales no fueron informadas durante la tramitaci¨®n del proyecto. La divisi¨®n que hace la conseller¨ªa entre ayuntamientos mayores y menores de 20.000 habitantes es, seg¨²n el dictamen, ¡°discriminatoria e incompatible¡± con la Lei de Servicios Sociais de Galicia, que no establece este tipo de distinciones.

El decreto de Traballo e Benestar establece por primera vez una distinci¨®n entre copago para dependientes y para no dependientes. La carga econ¨®mica sobre los ¨²ltimos ser¨¢ mayor y podr¨¢ alcanzar el 90% del coste del servicio si capacidad econ¨®mica del usuario excede el 2,5% del Indicador P¨²blico de Rentas M¨²ltiples (IPREM), fijado en 532 euros. Desde 2009, el beneficiario pagaba, como mucho, el 65%.