Las claves del auto

El auto de ingreso en prisi¨®n del exconsejero andaluz de Empleo Antonio Fern¨¢ndez dibuja el descontrol que se vivi¨® en este departamento a lo largo de casi una d¨¦cada (entre 2000 y 2009). La juez Mercedes Alaya se?ala directamente a Fern¨¢ndez y apunta tambi¨¦n al otro consejero de Empleo en esa etapa, Jos¨¦ Antonio Viera, diputado socialista. Sobre ¨¦l se estrecha una investigaci¨®n que puede acabar en el Tribunal Supremo dada la condici¨®n de aforado de Viera. Estas son las claves del auto de Alaya:

1. La juez sostiene que en 2001 Fern¨¢ndez, entonces viceconsejero de Empleo, firm¨® con Viera (titular del departamento) el convenio marco que puso en marcha el fondo de los ERE con el fin de "eludir il¨ªcitamente " los importantes controles de la Intervenci¨®n de la Junta de Andaluc¨ªa. Fern¨¢ndez, que luego fue consejero de Empleo entre 2004 y 2009, dio 837 ayudas sociolaborales que sumaron 395 millones de euros, adem¨¢s de 294 ayudas a empresas (82 millones). Alaya afirma que "con pleno conocimiento" de Fern¨¢ndez, se opt¨® por dar el dinero mediante una transferencia de financiaci¨®n, un mecanismo m¨¢s ¨¢gil para dar ayudas p¨²blicas, pero con un control menor que las subvenciones excepcionales. Seg¨²n la juez, el objetivo era "institucionalizar la arbitrariedad y la discrecionalidad en la concesi¨®n de ayudas p¨²blicas" de la Junta de Andaluc¨ªa y permitir un "uso abusivo" en el manejo de fondos de la Administraci¨®n. "Pod¨ªan regalarse las ayudas fraudulentamente a personas f¨ªsicas y jur¨ªdicas", dice Alaya, "pr¨®ximas a la Junta de Andaluc¨ªa y al PSOE".

2. El auto afirma que Fern¨¢ndez conoc¨ªa los reparos que la Intervenci¨®n de la Junta puso, a partir de 2005, al procedimiento con el que se daban las ayudas. Destaca que las ayudas se daban sin solicitudes, que no hab¨ªa ning¨²n control y que se adquirieron compromisos de pago superiores a los presupuestado en el fondo. La juez afirma que Fern¨¢ndez era "consciente" de esta situaci¨®n, lo que permiti¨® el "enriquecimiento" de algunos perceptores de las ayudas.

3. Alaya afirma que Fern¨¢ndez conoc¨ªa la inclusi¨®n de intrusos (personas que nunca trabajaron de en las empresas por las que est¨¢n cobrando una prejubilaci¨®n). Da cr¨¦dito al ex director general de Trabajo Javier Guerrero, tambi¨¦n en prisi¨®n, que sostuvo que informaba de todas las ayudas en las reuniones del consejo de direcci¨®n de la Consejer¨ªa de Empleo. Asegura la juez que de esta manera personas pr¨®ximas al PSOE (por militancia o haber ocupado alg¨²n cargo municipal) cobrasen dinero de forma irregular. Da por hecho que en el futuro saldr¨¢n nuevos nombres de intrusos.

4. Sobre las ayudas directas a empresas, Alaya hace hincapi¨¦ en que buena parte de las ayudas se concentraron en la Sierra Norte de Sevilla, una peque?a comarca que acapar¨® 51 millones de euros. Y en concreto, buena parte de ese dinero acab¨® en empresas de Jos¨¦ Enrique Rosendo (exconcejal del PSOE) y Jos¨¦ Mar¨ªa Sayago. Alaya subraya la amistad de Rosendo con Viera en este punto. Refleja tambi¨¦n el dinero percibido por las empresas de Angel Rodr¨ªguez de la Borbolla, hermano del expresidente de la Junta Jos¨¦ Rodr¨ªguez de la Borbolla y exalcalde del municipio sevillano de Cazalla. Apunta tambi¨¦n las 17 ayudas a empresas que recibieron 17 empresas de Jerez, localidad natal de Fern¨¢ndez.

5. La magistrada concluye que Fern¨¢ndez conoc¨ªa el "entramado" de bufetes de abogados, aseguradoras, intermediarios que se cre¨® alrededor de los ERE pagados por la Junta, trama en la que tambi¨¦n incluye a los sindicatos. En este sentido, subraya que permiti¨® que aseguradoras como Uniter o Vitalia cobrasen hasta un 15% de cada ERE en el que interven¨ªan.

6. Alaya censura que Fern¨¢ndez fuera incluido en el ERE de la empresa Gonz¨¢lez Byass, donde trabaj¨® entre 1971 y 1983 cuando era consejero de Empleo. La juez recalca que el exconsejero de Empleo pidi¨® una excedencia voluntaria cuando dej¨® la empresa, por lo que no ten¨ªa derecho a acogerse a ninguna ayuda. Fern¨¢ndez tiene pendiente de cobro 34.240 euros por indemnizaci¨®n por despido. Adem¨¢s la juez afirma que no hizo efectivo el cobro de la prejubilaci¨®n en la empresa (386.181 euros) porque salt¨® a la luz p¨²blica el esc¨¢ndalo de los ERE. Fern¨¢ndez concedi¨® una ayuda de 17,4 millones a su antigua empresa para pagar un ERE.

7. En el auto, la juez afirma que bajo la excusa de lograr la paz social en Andaluc¨ªa se puso en marcha el fondo, pero que Fern¨¢ndez debi¨® hacer caso a las objeciones de la Intervenci¨®n sobre el procedimiento con el que daban las ayudas, un sistema que el exconsejero ha defendido en su declaraci¨®n judicial y que sigue defendiendo el Gobierno andaluz. "La pol¨ªtica no puede ir contra la ley y el derecho", afirma lapidaria la juez, que abre una nueva l¨ªnea de investigaci¨®n sobre el papel de los servicios jur¨ªdicos de la Junta de Andaluc¨ªa en el caso.

8. Alaya dicta orden de prisi¨®n para Fern¨¢ndez, que llevaba un a?o imputado en la causa, porque cree que hay riesgo de fuga y entorpecer la investigaci¨®n. Recuerda que de los seis delitos que se le imputan, solo por el de malversaci¨®n podr¨ªa ser condenado a 18 a?os de c¨¢rcel. Y un hecho llamativo: ordena su ingreso en la prisi¨®n sevillana de Mor¨®n, donde se encuentra su antiguo subordinado Javier Guerrero, con el que proh¨ªbe cualquier contacto.