Los ERE y la estabilidad del pacto PSOE-IU

El ingreso en prisi¨®n del exconsejero andaluz de Empleo Antonio Fern¨¢ndez por su implicaci¨®n en el caso de los ERE fraudulentos es un contratiempo previsto en el nuevo escenario pol¨ªtico que se ha abierto en Andaluc¨ªa tras las elecciones del 25 de marzo, que han dado paso a un gobierno de coalici¨®n entre el PSOE e IU. La gesti¨®n pol¨ªtica de un esc¨¢ndalo que se fragu¨® en la Consejer¨ªa de Empleo a lo largo de una d¨¦cada ser¨¢ una de las piedras de toque del futuro Ejecutivo aut¨®nomo. Este siempre podr¨¢ alegar que se trata de una herencia envenenada (algo que ya hace el equipo m¨¢s pr¨®ximo a Gri?¨¢n), pero lo cierto es que va a enturbiar el arranque de una complicada legislatura en la que Andaluc¨ªa est¨¢ en el punto de mira del Gobierno de Mariano Rajoy por el cumplimiento del objetivo de d¨¦ficit y la salud de su situaci¨®n financiera.

Los tiempos y la estrategia judicial que ha marcado la juez Mercedes Alaya apuntan a que en las pr¨®ximas semanas el caso ir¨¢ cercando m¨¢s a Jos¨¦ Antonio Viera, que era el consejero de Empleo cuando se puso en marcha el fondo de los ERE, una partida que permiti¨® que durante casi 10 a?os se repartiera dinero p¨²blico con una discrecionalidad impropia en una Administraci¨®n. La previsible imputaci¨®n de Viera elevar¨ªa la causa, al menos parcialmente, al Tribunal Supremo, ya que el exl¨ªder de los socialistas sevillanos es diputado en el Congreso.

El caso de los ERE tiene dos partes muy claras. Por un lado, est¨¢ la corrupci¨®n pura y dura: los intrusos que cobraron dinero p¨²blico al ser incluidos en ERE de empresas en las que nunca trabajaron, las ayudas directas y sin control a determinadas sociedades (en algunos casos vinculadas a antiguos cargos municipales del PSOE) o las exageradas comisiones cobradas por la intermediaci¨®n en los expedientes de regulaci¨®n de empleo. Esta parte salpica a antiguos cargos de la Junta, a empresas aseguradoras, a sindicatos o a bufetes de abogados.

Luego est¨¢ la parte troncal del caso, que puede comprometer al futuro Ejecutivo ya que la juez est¨¢ apuntando a todo el Consejo de Gobierno de la Junta de Andaluc¨ªa de la ¨²ltima d¨¦cada. Alaya cree que tanto el fondo como el procedimiento con el que se dieron las ayudas son ilegales, algo que impugna el Gobierno de Gri?¨¢n. Considerar ilegal entera una partida que a lo largo de los a?os ha estado dotada con casi 700 millones de euros generar¨ªa graves problemas de seguridad jur¨ªdica. Con el fondo de los ERE se han pagado, por ejemplo, las prejubilaci¨®nes de Delphi cuando la multinacional decidi¨® dar el cerrojazo.

Es urgente aclarar cuanto antes si el fondo es legal (el Gobierno andaluz siempre subraya que se trata de una partida que estaba incluida en el Presupuesto auton¨®mico y que se debat¨ªa en el Parlamento) y si el procedimiento, pese a las objeciones de la Intervenci¨®n de la Junta de Andaluc¨ªa, estaba dentro de la ley. La estabilidad del futuro Gobierno PSOE-IU depende de forma sustantiva del esclarecimiento de esta parte del caso de los ERE.