La batalla final de los ERE se acerca
Alaya apunta a la c¨²pula de la Junta y sospecha del papel de los servicios jur¨ªdicos y la Intervenci¨®n General. La magistrada avanza el cerco al Consejo de Gobierno
La hip¨®tesis del presidente de la Junta, Jos¨¦ Antonio Gri?¨¢n, contestando como imputado a las preguntas del abogado del propio Gobierno andaluz, como acusaci¨®n personada en el caso de los ERE, cobra fuerza para muchos juristas. Es una paradoja consecuencia del en¨¦simo giro que ha dado el caso, esta vez encaminado a determinar si la c¨²pula de la Junta ide¨® el fondo para empresas en crisis con la intenci¨®n de beneficiar a determinados empresarios.
La nueva deriva del caso apunta con artiller¨ªa pesada al Ejecutivo: la juez Mercedes Alaya sostiene que este dise?¨® una estrategia para entregar subvenciones (647 millones en 10 a?os) a c¨ªrculos empresariales cercanos a la Administraci¨®n y poder hacerlo evitando los controles de la Intervenci¨®n General y de la Uni¨®n Europea. No solo eso. La magistrada cree que los servicios jur¨ªdicos de la Junta (que velan por el cumplimiento de la legalidad) y la Intervenci¨®n General (que fiscaliza los gastos) pudieron formar parte de esta estrategia para permitir que el Gobierno favoreciera a determinados empresarios o que, al menos, no fueron tan diligentes como debieron.
?Qu¨¦ supone esa teor¨ªa sobre el fondo para empresas en crisis? Para empezar, un terremoto que cuestiona el cumplimiento de la ley por parte de Gri?¨¢n durante su mandato como consejero de Econom¨ªa (entre 2004 y 2009), pero tambi¨¦n del expresidente Manuel Chaves y todo su equipo, adem¨¢s del cuerpo funcionarial de ¨¦lite de la Junta. Es decir, Alaya considera que la c¨²pula de la Administraci¨®n andaluza se confabul¨® para repartir subvenciones millonarias. Y la previsible consecuencia ser¨¢ la declaraci¨®n de numerosos altos cargos socialistas ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJA) y el Tribunal Supremo.
La tesis de la juez implica que cargos socialistas declaren ante el Supremo
Esta hip¨®tesis trazada por Alaya, que acostumbra a adelantar sus pr¨®ximos pasos judiciales, llega para el Gobierno andaluz en un momento pol¨ªtico extremadamente delicado, con la amenaza expresa de la intervenci¨®n de las comunidades aut¨®nomas por parte del Gobierno central.
Si prevalece la tesis de la magistrada, aqu¨ª cae hasta el lucero del alba Proclama un letrado
El objetivo final de Alaya es el Consejo de Gobierno de la Junta, que aprob¨® modificaciones presupuestarias del fondo, coinciden varias fuentes del caso. Antes de culminar este cerco al coraz¨®n del Ejecutivo, la juez someter¨¢ a sus incisivos interrogatorios al ex interventor general Manuel G¨®mez y al exjefe de los servicios jur¨ªdicos de la Junta Francisco del R¨ªo, acompa?ados de otros t¨¦cnicos como el interventor delegado en la agencia Idea (pagadora de las ayudas).
¡°Si prevalece la tesis de Alaya, que el procedimiento se instaur¨® para omitir controles, aqu¨ª cae hasta el lucero del alba: Empleo, Innovaci¨®n, Hacienda¡ y funcionarios de ¨¦lite. La Intervenci¨®n General, los servicios jur¨ªdicos de las consejer¨ªas, el Gabinete Jur¨ªdico de la Junta, y hasta la C¨¢mara de Cuentas (¡) O todos eran imb¨¦ciles o todos corruptos. La Junta puede tener muchos problemas, pero hay cosas que funcionan. Las ¨¦lites funcionariales hacen su trabajo¡±, proclama otro letrado contrariado. La juez ya avanz¨® en anteriores autos la supuesta responsabilidad de Gri?¨¢n y los exconsejeros Magdalena ?lvarez y Francisco Vallejo por el procedimiento.
La magistrada investiga por qu¨¦ en 2005 la Intervenci¨®n General, a las ¨®rdenes de Gri?¨¢n, examin¨® el fondo y efectu¨® un informe con observaciones en t¨¦rminos muy duros, pero sin llegar a emitir un informe de actuaci¨®n que habr¨ªa alertado del menoscabo en los fondos p¨²blicos [Alaya ya ha explicado que investiga por qu¨¦ el interventor no se percat¨® de esta circunstancia]. Y sobre todo, la instructora analiza por qu¨¦ los informes de la Intervenci¨®n posteriores a 2005 (entre 2006 y 2008) son mucho m¨¢s d¨¦biles en su reprimenda a la Consejer¨ªa de Empleo, a pesar de que el procedimiento permaneci¨® inalterado esos a?os. ¡°La transferencia de capital ha prescindido del procedimiento administrativo establecido¡±, se limit¨® a subrayar el informe de 2007.
Mientras las defensas han destacado c¨®mo el Parlamento aprob¨® a?o tras a?o el fondo, Alaya ha replicado que ese procedimiento era opaco por su lenguaje y tramitaci¨®n burocr¨¢ticos.
La magistrada considera ilegal tanto la constituci¨®n del fondo como el procedimiento, mientras que la Junta defiende su legalidad. Alaya sostiene que en 2000, antes de los desmanes del ex director general Javier Guerrero, la c¨²pula de la Junta decidi¨® implantar el sistema. El exconsejero Antonio Fern¨¢ndez, en prisi¨®n preventiva, respondi¨® sobre el origen del fondo: ¡°Lo hizo un consejero, y un consejero nunca act¨²a en contra de lo que decide o indica el Gobierno de la Junta¡±. Las pr¨®ximas declaraciones judiciales de los t¨¦cnicos, bajo la seria amenaza de la prisi¨®n preventiva, apoyar¨¢n o desvirtuar¨¢n la tesis de Alaya.
Pol¨¦mica por la prisi¨®n para el exconsejero Fern¨¢ndez
La dr¨¢stica medida de prisi¨®n preventiva decretada para el exconsejero de Empleo Antonio Fern¨¢ndez tras su extens¨ªsima declaraci¨®n contrasta con la libertad que disfrutan el expresidente balear Jaume Matas y el presidente del Sevilla, Jos¨¦ Mar¨ªa del Nido, ambos condenados y en libertad porque han recurrido en casaci¨®n sus sentencias ante el Tribunal Supremo.
La c¨¢rcel para Fern¨¢ndez, apoyada por la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n, ha motivado las cr¨ªticas del presidente Jos¨¦ Antonio Gri?¨¢n y dirigentes del PSOE como Jos¨¦ Antonio Viera [creador del fondo] y Francisco Toscano. Pero la situaci¨®n de la Junta, presente como acusaci¨®n en el caso, no es nada f¨¢cil. "Son situaciones procesales comprometidas y un tanto esquizofr¨¦nicas", ilustra un letrado del caso. A pesar de que la Junta pidi¨® que solo se obligara a Fern¨¢ndez a comparecer en el juzgado cada semana, el abogado del Gobierno andaluz le hizo preguntas tan severas como esta: "?Por qu¨¦ a ra¨ªz de la irregularidad detectada por el sr. M¨¢rquez [el ex director general Juan M¨¢rquez] no se procedi¨® a revisar de oficio o a pedir el reintegro de las ayudas concedidas a las empresas pertenecientes al mismo grupo [Matadero de Sierra Morena, receptor de 29 millones]?".
La comparecencia de Fern¨¢ndez, acusado de malversaci¨®n continuada, ha ofrecido a Alaya numerosas grietas sobre la gesti¨®n del fondo. El exconsejero ha reconocido que no exist¨ªa un documento que recogiera los criterios para conceder o rechazar la petici¨®n de subvenciones. Es decir, una pauta oficial que estableciera a qu¨¦ empresarios se les daba dinero y por qu¨¦ razones, mediante criterios objetivos. Y por otro lado, ha admitido que las instrucciones sobre los usos del fondo a grandes rasgos las daba ¨¦l y de manera verbal, y que cuando se descubrieron ayudas mal dadas, se opt¨® por el silencio administrativo en vez de revisar otras ayudas. Ning¨²n funcionario visaba los expedientes durante su tramitaci¨®n en Empleo, solo personal de confianza.
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