La oposici¨®n rechaza la ¡°dr¨¢stica¡± reducci¨®n de viviendas protegidas

Mucho ha cambiado el mercado inmobiliario desde que, en 2008, el bipartito aprob¨® una Lei de Vivenda que elevaba al 40% las reservas de pisos protegidos en los principales ayuntamientos de Galicia, los de m¨¢s de 20.000 habitantes. Pero seg¨²n los antiguos socios de gobierno, ahora en la oposici¨®n, no tanto como pretende la Xunta del PP con el proyecto de ley que sustituir¨¢ la de la nacionalista Teresa T¨¢boas, que ayer inici¨® su tr¨¢mite parlamentario. De entrada, el 40% pasar¨¢ a convertirse en un 30%. En la pr¨¢ctica, una excepcionalidad, la que permite vincular la oferta a la poblaci¨®n anotada en el registro de demandantes, permitir¨ªa, con las inscripciones actuales, llevar esa rebaja hasta una media del 14,4%. El dato no se le escap¨® a la oposici¨®n, que censur¨® esta ¡°dr¨¢stica reducci¨®n¡± y pidi¨® la devoluci¨®n del proyecto de ley.

Los votos del PP tumbaron las enmiendas a la totalidad de socialistas y nacionalistas, con lo que la Lei de Vivenda, el ¨²ltimo gran proyecto de la legislatura del conselleiro Agust¨ªn Hern¨¢ndez, inici¨® su mete¨®rico trayecto parlamentario por procedimiento de lectura ¨²nica, lo que facilitar¨¢ que entre en vigor este verano. El diputado del PSdeG Luis Toxo tach¨® el proyecto de ¡°desregulador¡±, orientado a ¡°favorecer m¨¢s los intereses privados que los generales¡±. La ley contempla la vivienda ¡°m¨¢s como una mercanc¨ªa que como un derecho¡±, acus¨® Toxo, que consider¨® la rebaja de las exigencias de viviendas protegidas un ejemplo de la ¡°renuncia a pol¨ªticas sociales¡±. En algunos casos, como Carballo o A Estrada, la reducci¨®n ser¨¢ del 90%, alert¨®.

La nacionalista Isabel S¨¢nchez Montenegro utiliz¨® cifras muy similares para sustentar el rechazo del BNG al proyecto de la Conseller¨ªa de Territorio. La diputada del Bloque tambi¨¦n censur¨® que rebaje de 140 a 120 metros cuadrados el m¨ªnimo de superficie de la vivienda protegida y la supresi¨®n de la superficie m¨ªnima de 40 metros cuadrados que reg¨ªa en general para las viviendas desde la ley de 2008.

Otra coincidencia de socialistas y nacionalistas fue la denuncia de una supuesta intenci¨®n de ¡°favorecer los intereses de los promotores¡± inmobiliarios, en palabras de S¨¢nchez Montenegro. En ese contexto situ¨® tambi¨¦n la diputada del Bloque la reducci¨®n de hasta un 50% de las multas previstas en el r¨¦gimen sancionador de la ley, por infracciones tales como el cobro de sobreprecios en pisos protegidos. ¡°Es un proyecto de ideolog¨ªa liberal¡±, critic¨® el diputado del PSdeG.

Agust¨ªn Hern¨¢ndez abri¨® el debate con la defensa de un proyecto que consider¨® ¡°atemporal¡±, y que debe servir de herramienta para recuperar la actividad en el sector de la construcci¨®n. El texto, afirm¨® el conselleiro de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, pretende ¡°contribuir a la estabilidad normativa¡± y aportar ¡°claridad y sencillez¡± en la legislaci¨®n, adem¨¢s de ser una ¡°gu¨ªa ¨²til tambi¨¦n para regular la actividad de los promotores y agentes implicados¡± en el sector. Entre las novedades de la ley, Hern¨¢ndez destac¨® el nuevo r¨¦gimen de copropiedad con la Xunta, por el que el comprador de una vivienda de promoci¨®n p¨²blica adquirir¨¢ un m¨ªnimo del 60% del inmueble, pudiendo comprar posteriormente el resto.

Agust¨ªn Hern¨¢ndez cerr¨® su intervenci¨®n reclamando el apoyo de la oposici¨®n a la nueva ley. Y lo obtuvo, al menos, en una de las disposiciones m¨¢s controvertidas de su proyecto legislativo, silenciada por la oposici¨®n: la que establece una suspensi¨®n generalizada de todos los derribos de edificaciones ilegales establecidos por sentencia firme. La medida se incluy¨® en la ley pese al informe en contra de la Asesor¨ªa Xur¨ªdica, que dedic¨® 17 folios de a alertar de su dif¨ªcil ¡°encaje jur¨ªdico¡±. Lo ilustr¨® con el caso de Cantabria, donde una medida id¨¦ntica ha acabado en el Tribunal Constitucional, que admiti¨® a tr¨¢mite el recurso presentado por el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria.

La ley obliga a la Administraci¨®n a abrir un procedimiento de responsabilidad patrimonial, para indemnizar a los propietarios antes de efectuar el derribo, incluso en el caso de que hayan incurrido en dolo, culpa o negligencia grave. El plazo para abrir ese procedimiento de responsabilidad patrimonial es de un a?o desde el momento del da?o efectivo, pero como ese da?o no se produce hasta la demolici¨®n del inmueble, la modificaci¨®n legal supondr¨¢ la inejecuci¨®n de las sentencias anuladoras de licencias. En el caso del PSOE, la renuncia a polemizar con esa disposici¨®n se produce despu¨¦s de la presi¨®n realizada por un numeroso grupo de alcaldes en una reuni¨®n en la sede del partido miembros de la ejecutiva y del grupo parlamentario.