El fiscal mantiene la petici¨®n de 24 a?os de c¨¢rcel para Bravo y exculpa a su socio

El fiscal mantuvo ayer su petici¨®n de 24 a?os y tres meses de prisi¨®n para Jos¨¦ Mar¨ªa Bravo, principal acusado en el caso del fraude en la Hacienda de Ir¨²n, al considerar que existen pruebas ¡°plenas y contundentes¡± contra ¨¦l para condenarle por los delitos continuados de malversaci¨®n de caudales p¨²blicos, prevaricaci¨®n, estafa, usurpaci¨®n de funciones p¨²blicas, blanqueo de capitales y alzamiento de bienes. La defensa del procesado, en cambio, solicit¨® al tribunal la absoluci¨®n de su cliente porque durante el juicio no se ha podido acreditar ninguno de los hechos que se le imputan. En su alegato final, el abogado de Bravo consider¨® una ¡°desproporci¨®n brutal¡± que se soliciten penas que superan los 20 a?os de prisi¨®n para alguien que ¡°no ha matado a nadie¡±.

La petici¨®n que formul¨® la acusaci¨®n particular, ejercida por la Diputaci¨®n y las Juntas Generales de Gipuzkoa, va m¨¢s all¨¢ a¨²n. El abogado Miguel Alonso, que calific¨® el caso de ¡°extrema gravedad¡±, reclam¨® 27 a?os de reclusi¨®n ¡ªinicialmente eran 30 a?os¡ª para Bravo, porque durante la vista se ha demostrado que caus¨® un da?o econ¨®mico a las arcas forales y, sobre todo, perjudic¨® con sus actuaciones la credibilidad de la Hacienda guipuzcoana.

¡°Existen pruebas contundentes y plenas¡± contra Bravo, afirma la fiscal¨ªa

En la exposici¨®n de las conclusiones definitivas, el fiscal Javier Larraya argument¨® que ha quedado sobradamente acreditado, con abundantes testimonios e informes periciales, que Bravo exigi¨® a contribuyentes pagos en met¨¢lico que despu¨¦s nunca fueron ingresados en la cuentas forales, sino que se apropi¨® de esas cantidades. El fiscal record¨® que el propio acusado reconoci¨® en las dos reuniones que mantuvo en 2006 con el exdiputado de Hacienda Juan Jos¨¦ Mujika, antes de formalizarse la denuncia, que el dinero entregado por los deudores no lleg¨® a las arcas forales. Ese d¨ªa, a?adi¨®, lleg¨® a ofrecer 148.000 euros para tapar este asunto, un montante muy superior a lo que sumaban los expedientes irregulares que se le mostraron.

La fiscal¨ªa, adem¨¢s de la pena de c¨¢rcel, pidi¨® el pago de multas e indemnizaciones a la Diputaci¨®n que suman 1,9 millones de euros por los importes que Bravo supuestamente se adue?¨® indebidamente.

La petici¨®n contra la esposa del acusado se reduce de 10 a seis a?os

La defensa del principal acusado insisti¨® en que durante el juicio no se ha probado que su cliente no apoderara de un solo euro de los contribuyentes. Trat¨® de despreciar el valor de los informes y testimonios ofrecidos durante la vista por t¨¦cnicos y funcionarios de Hacienda. E impugn¨® la prueba pericial realizada por una t¨¦cnico de la Agencia Tributaria, quien descart¨® la posibilidad de que el dinero desaparecido en los expedientes tramitados por Bravo se encuentre ingresado en Hacienda. Para Urraza resultan exageradas las penas que formulan las acusaciones, comparadas con el hecho de que en el ¨²ltimo asesinato juzgado en Gipuzkoa se saldara con una condena de 10 a?os. ¡°Este hombre no ha matado a ninguna persona¡±, dijo el letrado. Tambi¨¦n record¨® que en el caso Anesvad, el tribunal conden¨® al principal acusado a seis a?os de c¨¢rcel por apropiarse de 7,5 millones.

Adem¨¢s, el Ministerio P¨²blico retir¨® la acusaci¨®n de malversaci¨®n contra Rosa Cobos, la esposa de Bravo, y redujo su petici¨®n de condena de 10 a?os y un mes hasta los seis a?os y tres meses por los delitos de blanqueo de capitales y alzamiento de bienes.

Al comienzo de la sesi¨®n, fiscal¨ªa y acusaci¨®n retiraron los cargos contra Pedro Atristain porque durante el juicio no se pudo demostrar que se lucrara en este caso e incluso fue exculpado por el propio Bravo.