La presi¨®n de alcaldes de PP y PSOE forz¨® la moratoria de los derribos
El Colegio de Arquitectos advierte de la inconstitucionalidad de la norma La oposici¨®n mantendr¨¢ su apoyo en la C¨¢mara el aplazamiento
A nadie se le escapa en la Xunta ni en los grupos parlamentarios el escaso recorrido legal que le espera a la moratoria a los derribos de edificaciones ilegales, incluida en la Lei de Vivenda que este martes inici¨® su tr¨¢mite parlamentario. El informe de la Asesor¨ªa Xur¨ªdica que acompa?a el proyecto del Gobierno gallego alerta del ¡°evidente riesgo¡± de impugnaci¨®n ante el Tribunal Constitucional. Pero mientras eso ocurra, o no, los ayuntamientos gallegos dispondr¨¢n de un bal¨®n de ox¨ªgeno en forma de aplazamiento de las demoliciones ordenadas por sentencia firme. Un caramelo demasiado goloso para unos ayuntamientos con las arcas vac¨ªas.
La nueva ley obligar¨¢ a la Administraci¨®n a indemnizar a los propietarios antes de efectuar los derribos. Se abre as¨ª un plazo de un a?o para tramitar un procedimiento de responsabilidad patrimonial que, de entrada, aplazar¨¢ todas las sentencias de demolici¨®n por licencias declaradas ilegales. Las trabas jur¨ªdicas surgen por la interposici¨®n de una ley auton¨®mica en la aplicaci¨®n de fallos judiciales y por la imposibilidad de resarcir un da?o antes de que se produzca. As¨ª lo advirti¨® la Asesor¨ªa Xur¨ªdica y esos fueron los principales argumentos por los que el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria recurri¨® un art¨ªculo casi id¨¦ntico del Gobierno regional ante el Tribunal Constitucional, que lo admiti¨® a tr¨¢mite.
El decano de los arquitectos acusa a la Xunta de obstaculizar la actuaci¨®n de la justicia
Pese a las dudas legales y a la trascendencia de la norma, su contenido fue obviado por el conselleiro de Territorio, Agust¨ªn Hern¨¢ndez, en su defensa del proyecto legislativo, este martes en el Parlamento, del mismo modo que ni socialistas ni nacionalistas hicieron la m¨¢s m¨ªnima alusi¨®n a la misma. La raz¨®n hay que buscarla en la presi¨®n que hicieron alcaldes de todos los partidos para favorecer la moratoria, que aparece en la disposici¨®n adicional sexta. En el caso del PP, el Ayuntamiento de Cangas, presidido por Enrique Sotelo, ya ha anunciado su intenci¨®n de acogerse a la nueva ley para aplazar el derribo del c¨¦ntrico edificio Noria 2. En el PSOE, la defensa de la disposici¨®n la ha liderado el alcalde de A Guarda, Jos¨¦ Manuel Dom¨ªnguez Freitas. [PASA]<QM>
>En A Guarda, la fren¨¦tica actividad judicial de un particular provoc¨® la anulaci¨®n de 21 licencias para construir viviendas unifamiliares en las zonas de Catanga y Loucenzas. Tres de esas residencias llegaron a demolerse. El propio alcalde result¨® condenado al pago de una sanci¨®n por importe de 1.200 euros al no ejecutar la orden de derribo de una de las casas sentenciadas por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).
Los alcaldes de Caldas y Vilaboa pidieron al PSOE que apoyara la ley
Dom¨ªnguez Freitas y el alcalde de Vilaboa, Luis Poceiro, lideraron la petici¨®n al PSOE de que se mantenga la disposici¨®n adicional sexta, en una reuni¨®n celebrada en la sede socialista con los diputados Luis Pi?a, Carmen Gallego, Luis Toxo e Ismael Rego, a la que asistieron otros regidores y representantes municipales. Ya a finales del pasado a?o, el PSdeG intent¨® promover en el Parlamento una proposici¨®n no de ley similar, que tumb¨® el PP con el argumento de que la nueva Lei de Vivenda debe ser la herramienta adecuada.
El decano del Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia, Jorge Duarte, que se opone a la moratoria, tiene una explicaci¨®n al apoyo de PSdeG y BNG. ¡°En los ayuntamientos gallegos hay alcaldes de todos los partidos¡±, recuerda. Al menos en las filas socialistas, existe la sospecha del escaso recorrido legal de la pol¨¦mica medida, pero se asume la conveniencia de defender a sus alcaldes, aunque sea por un corto per¨ªodo de tiempo. De hecho, ni socialistas ni nacionalistas presentar¨¢n enmiendas de supresi¨®n a la disposici¨®n adicional. Lo que intentar¨¢n ser¨¢, por lo tanto, simplemente ¡°matizar¡± la norma impulsada por Agust¨ªn Hern¨¢ndez.
El Colegio de Arquitectos, que elabor¨® un informe jur¨ªdico sobre la moratoria, pidi¨® a la Xunta que la retirara de la Lei de Vivenda, ya que considera que correr¨¢ la misma suerte que la de Cantabria: acabar en el Tribunal Constitucional. ¡°Interfiere en la separaci¨®n de poderes y obstaculiza que los ayuntamientos asuman sus responsabilidades¡±, critica su decano. Duarte est¨¢ convencido de que la Xunta solo pretende ¡°una pr¨®rroga m¨¢s y generar un comp¨¢s de espera para ganar tiempo¡±. ¡°No es serio que se antepongan los intereses econ¨®micos de los ayuntamientos a la justicia¡±, resume.
Uno de los edificios que podr¨ªa acogerse al aplazamiento es el de la antigua sede de Fenosa en A Coru?a. ¡°Es un parche chapucero para posponer en el tiempo lo que es inevitable: la demolici¨®n de un edificio cuya licencia ha sido anulada por la justicia¡±, sostiene el arquitecto Valentin Souto, que logr¨® que los tribunales declararan ilegal la transformaci¨®n y ampliaci¨®n del edificio tras 14 a?os de litigio, informa Paola Obelleiro. Para Souto, la nueva norma gallega, que tacha de ¡°barbaridad¡±, no tiene visos de ser aplicable dado, ya que pretende modificar una ley org¨¢nica, la que regula los contenciosos-administrativos. ¡°Y una comunidad aut¨®noma no puede modificarla¡±, a?ade.
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