La Guardia Civil sostiene que la Junta pag¨® ayudas que sospechaba eran ilegales

La Guardia Civil acusa al director general de Trabajo, Daniel Alberto Rivera, de actuar "sin formalidad y con una clara y patente falta de procedimiento" en la tramitaci¨®n del ERE (Expediente de Regulaci¨®n de Empleo) de la empresa Surcolor. Los investigadores del caso de los ERE censuran que Rivera dio forma a los mismos acuerdos alcanzados por el ex director general Javier Guerrero, en prisi¨®n preventiva por orden de la juez Mercedes Alaya. "Todo ello en un contexto en el que ya se sab¨ªa c¨®mo se hab¨ªan dado las ayudas durante la ¨¦poca de Guerrero", puntualizan los agentes.

La Guardia Civil acusa a Rivera de dejaci¨®n de funciones por haber pagado las p¨®lizas de la empresa Cespa/FCC que hab¨ªan sido investigadas por las sospechas fundadas en la Consejer¨ªa "de que eran ilegales", sostiene el instituto armado en su nuevo atestado entregado al juzgado esta semana y comunicado a las partes hoy. Adem¨¢s, los agentes subrayan como otra posible irregularidad los pagos a sindicatos en distintas cantidades, como 120.000 euros abonados en el caso de Santana e igual cantidad en el caso de la Faja Pir¨ªtica.

Sobre el fin de semana de noviembre de 2010 en el que un equipo de personas analiz¨® los expedientes, los investigadores determinan que no se destruyeron documentos. Sin embargo, estos apuntan una conclusi¨®n inquietante tras tomar declaraci¨®n a los participantes: "Se sac¨® de los expedientes documentaci¨®n que pudiera haber resultado comprometida o de inter¨¦s para la investigaci¨®n".

Mientras, la juez ha suspendido todas las declaraciones previstas en el caso de los ERE, entre ellas, la del exdelegado de Empleo en Sevilla Antonio Rivas, programada para finales de julio. La magistrada ha tomado la decisi¨®n en un auto dictado ayer, despu¨¦s de recibir el nuevo atestado de la Guardia Civil sobre el funcionamiento de la Direcci¨®n General de Trabajo de la Junta. ¡°Para efectuar este estudio, dada la relevancia del atestado, procede suspender todas las declaraciones que ven¨ªan se?aladas, a fin de efectuar una remodelaci¨®n del calendario de se?alamientos¡±, indica la juez Alaya en su ¨²ltimo auto.

La instructora exige al bufete de abogados Garrigues, dos de cuyos letrados est¨¢n imputados en el caso, un organigrama de su sede en Sevillla y todos los documentos que reflejen su actividad mantenida con la Consejer¨ªa de Empleo entre los ejercicios de 2001 y 2011.? "Debiendo informar igualmente si poseen los mismos datos de los ejercicios de 1999 a 2001", puntualiza Alaya. En esos a?os Empleo a¨²n no hab¨ªa puesto en marcha el fondo para empresas en crisis que permiti¨® las subvenciones irregulares, origen del caso.

La instructora llama la atenci¨®n sobre una discrepancia contable: mientras que Garrigues declar¨® que en 2003 factur¨® solo 49.160 euros al Instituto de Fomento de Andaluc¨ªa (IFA), esta agencia p¨²blica declar¨® a Hacienda haber recibido servicios del prestigioso despacho por valor de nada menos que 724.388 euros, cifra que supera el 1000% de la cuant¨ªa declarada por el bufete. La juez solicita, as¨ªmismo, toda la documentaci¨®n respecto al bufete Estudios Jur¨ªdicos Villas¨ªs y su relaci¨®n con la Junta.