Las pesquisas de la Guardia Civil abocan el caso de los ERE al Tribunal Supremo

El caso de los ERE se situ¨® ayer a las puertas del Tribunal Supremo. O al menos una buena parte de su instrucci¨®n. El motivo es que la Guardia Civil apunt¨® ayer al diputado socialista Jos¨¦ Antonio Viera como el promotor que jug¨® ¡°un papel esencial¡± para gran parte de las subvenciones il¨ªcitas que concedi¨® la Junta de Andaluc¨ªa durante una d¨¦cada (2001-2010). Al ser Viera aforado, la juez Mercedes Alaya enviar¨¢ la causa, por completo o solo en parte, al alto tribunal ?Cu¨¢ndo? La respuesta, por la que todos preguntan al haber se?alado ¡ªque no imputado¡ª la instructora ya al presidente del Gobierno andaluz, Jos¨¦ Antonio Gri?¨¢n, qued¨® ayer en el aire. Sin embargo, ante el extenso informe policial (300 p¨¢ginas m¨¢s anexos), la instructora decidi¨® suspender todas las declaraciones previstas para estudiar el atestado ¡°dada su relevancia¡±.

Tanto el sucesor de Viera, el exconsejero Antonio Fern¨¢ndez, como su ex director general Javier Guerrero, se encuentran en prisi¨®n preventiva. Ahora los investigadores se?alan a Viera, exconsejero de Empleo entre 2000 y 2001, por las numerosas y cuantiosas ayudas recibidas por las sociedades de dos exconcejales socialistas de la Sierra Norte sevillana, donde residi¨® Viera, que acapararon nada menos que 29 millones.?

La peque?a comarca de la Sierra Norte sevillana concentr¨® 50 de los 73 millones concedidos en ayudas directas en toda la comunidad. Y la Guardia Civil avis¨® ayer de que el atestado de la Sierra Norte a¨²n se est¨¢ elaborando y cerrar¨¢ el c¨ªrculo en torno a Viera. ¡°El papel concreto desarrollado por Viera, se?alado por distintos imputados como creador e impulsor de la f¨®rmula del convenio marco, est¨¢ siendo objeto de an¨¢lisis¡±, detallan los agentes.

El informe policial hace un profundo an¨¢lisis del caos, ¡°descontrol absoluto¡± y las numerosas ilegalidades que supuestamente cometi¨® la c¨²pula de la Consejer¨ªa de Empleo a trav¨¦s de 189 ayudas directas dadas a empresas (73 millones) y la inclusi¨®n de 126 intrusos (prejubilados que nunca trabajaron en las compa?¨ªas) que defraudaron 12,3 millones. El matiz es que mientras que la Junta considera que esos 85 millones conforman el fraude, la Guardia Civil estima que todo el fondo [incluidos las partidas para los ERE] result¨® fraudulento. El coste total supera los 1.200 millones con los intereses de demora, seg¨²n los auditores de la C¨¢mara de Cuentas.

Con este panorama, los agentes ponen nombre y apellido a las presuntas tropel¨ªas y tambi¨¦n censuran la actuaci¨®n del actual director general de Trabajo, Daniel Rivera, ya imputado. Adem¨¢s de acusarle de actuar ¡°sin formalidad y con una clara y patente falta de procedimiento¡± en la tramitaci¨®n del ERE de la empresa Surcolor, la Guardia Civil censura que diera forma a los mismos acuerdos alcanzados por Guerrero. ¡°Todo ello en un contexto en el que ya se sab¨ªa c¨®mo se hab¨ªan dado las ayudas durante la ¨¦poca de Guerrero¡±, puntualizan los agentes. La Guardia Civil tambi¨¦n le acusa de haber pagado p¨®lizas en la empresa Cespa/FCC que ya fueron investigadas de manera interna por las sospechas fundadas en la Consejer¨ªa ¡°de que eran ilegales¡±.

Sin embargo, la acusaci¨®n va m¨¢s all¨¢ y achaca a la Junta que en noviembre de 2010 le ocultara documentos comprometedores: ¡°Los expedientes reclamados por el juzgado no se mandaron tal cual estaban en la DGT (...) se sac¨® de los expedientes documentaci¨®n que pudiera haber resultado comprometida o de inter¨¦s para la investigaci¨®n¡±. Una t¨¦cnica imputada aclar¨®: ¡°Rivera me dijo que hab¨ªa sacado algunas notas manuscritas m¨ªas [del expediente de Hitemasa]¡±. Los agentes a?aden que existen pagos a sindicatos que no est¨¢n justificados, entre ellos dos de 120.000 euros a Santana y la Faja Pir¨ªtica.

Adem¨¢s de Viera, el atestado acusa al ex director general Juan M¨¢rquez de ¡°dar continuidad¡± a acuerdos ilegales y se?ala al exparlamentario Ram¨®n D¨ªaz como ¡°pleno conocedor¡± de la existencia de tres intrusos. D¨ªaz realiz¨® gestiones para incluir a varios de ellos que percibieron p¨®lizas millonarias ilegales. ¡°Hay que meter a uno m¨¢s, uno que est¨¢ en Sevilla trabajando¡±, le dijo a un sindicalista, seg¨²n cont¨® este a los investigadores. Junto a D¨ªaz, el exch¨®fer de Guerrero y las secretarias Mar¨ªa ?ngeles Gala y Roc¨ªo Sayago ¡°se aprovecharon de la falta de control¡± en la Direcci¨®n General de Trabajo.

Entre las deficiencias tambi¨¦n enfatizan los agentes los pagos cruzados con las aseguradoras y las comisiones que impusieron las consultoras. Como en el caso del Hotel Cervantes, donde veraneaba el intermediario imputado Juan Lanzas, en cuyo ERE Empleo pag¨® una comisi¨®n del 19,95% frente al 3,18%, que ser¨ªa la media del mercado. Resultado: un sobrecoste de 1,4 millones.

Por ¨²ltimo, la juez dict¨® ayer dos autos en los que se?ala al gabinete jur¨ªdico de la Junta por su papel ¡°activo o pasivo¡± sobre el fondo y su relaci¨®n con el prestigioso bufete Garrigues, dos de cuyos abogados est¨¢n imputados. La juez solicita a la Junta un organigrama del gabinete jur¨ªdico y dos asesor¨ªas jur¨ªdicas con todos los cargos especificados desde 2001 hasta la actualidad, ¡°ante la evidencia del asesoramiento constante en el tiempo por parte de este despacho profesional¡±. Garrigues ha sido durante dos d¨¦cadas el bufete de referencia para la Junta, y por tanto sus facturas resultaron astron¨®micas. Alaya exige al despacho que en 20 d¨ªas le env¨ªe las cartas de encargo, facturas emitidas y medios de pago para los encargos.

El informe avanza la previsible imputaci¨®n de seis personas m¨¢s, pero sobre todo detalla el incre¨ªble descontrol de una d¨¦cada plagada de desmanes.