La juez valida las inspecciones de la Xunta a Uni¨®ns Agrarias

La juez Ana L¨®pez-Suevos, titular del Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 1 de Santiago, decret¨® ayer el archivo provisional de la denuncia presentada por el sindicato Uni¨®ns Agrarias que acusaba a la Xunta de un delito de desviaci¨®n de poder en las inspecciones al sindicato Uni¨®ns Agrarias ( y a otras organizaciones) al que el PP acus¨® de desviar fondos para pagar campa?as electorales del PSOE.

En un auto con fecha del pasado 1 de junio, la juez valida todas las actuaciones de comprobaci¨®n de la Xunta y descarta que el Gobierno gallego incurriera en ¡°resoluci¨®n arbitraria dictada a sabiendas¡±. Y levanta por tanto la imputaci¨®n del exdirector general de Traballo Andr¨¦s Hermida Trastoy, hoy responsable de Ordenaci¨®n Pesquera en el Ministerio de Arias Ca?ete, y del director general de Avaliaci¨®n e Reforma Administrativa, Jaime Bouzada.

El fallo se?ala que no hay delito en el comportamiento de las conseller¨ªas de Traballo y Presidencia y que el alto cargo del departamento de Beatriz Mato estaba facultado para realizar unas primeras actuaciones de control para ver si se hab¨ªa cumplido el fin de las subvenciones concendidas en 2008 por el Gobierno gallego, entonces presidido por el socialista Emilio P¨¦rez Touri?o.

Se?ala la juez que los dos directores generales de Traballo y Presidencia ¡°adoptaron las decisiones siempre dentro de su ¨¢mbito de competencia y con amparo legal y reglamentario¡±. A?ade que al procedimiento seguido por la Administraci¨®n para ejecutar las ¨®rdenes de inspecci¨®n cumpli¨® ¡°escrupulosamente el proceso administrativo¡±. El sindicato anunci¨® ayer en un comunicado que recurrir¨¢ el archivo de la causa.

Uni¨®ns Agrarias siempre neg¨® que hubiera desviado un solo c¨¦ntimo puesto que las subvenciones eran directas para contratar personal y acus¨® al Gobierno gallego de ponerse a las ¨®rdenes del Partido Popular y de su secretario general, Alfonso Rueda, conselleiro de Presidencia y superior de Jaime Bouzada, que implic¨® a su departamento, una especie de asuntos internos de la Xunta, por primera vez en la inspecci¨®n de ayudas p¨²blicas.

El auto admite que la alarma social la cre¨® el PP pero defiende que? debe prevalecer el deber de la Xunta de fiscalizar las ayudas

La juez, tras admitir que la investigaci¨®n de la Xunta se produjo por ¡°el ruido medi¨¢tico¡± ocasionado por las denuncias del PP y que este es el ¡°extremo de an¨¢lisis m¨¢s complejo¡±, concluye que prevalece el derecho de la Administraci¨®n a investigar. De lo contrario, advierte, se estar¨ªa ¡°avalando un peligroso ¨¢mbito de impunidad y ausencia de control pues el partido pol¨ªtico que ocupase el poder no osar¨ªa jam¨¢s intentar verificar la legalidad de la actuaci¨®n de sus adversarios pol¨ªticos, fin ¨²ltimo no solo deseable democr¨¢ticamente sino plenamente ajustado a la legalidad¡±. De ah¨ª que el juzgado decrete el archivo del caso que, seg¨²n anunci¨® en un comunicado el sindicato, va a ser recurrido.

Su secretario general, Roberto Garc¨ªa, se mostr¨® sorprendido de que el fallo judicial justifique las inspecciones por la ¡°alama social causada cuando esa alarma social la causaron los que tomaron la decisi¨®n¡± de llevarlas a cabo. El sindicato seguir¨¢ adelante con el pleito porque, seg¨²n record¨® ayer Garc¨ªa, ¡°la instrucci¨®n por boca de los directores generales de la Xunta evidenci¨® que Uni¨®ns Agrarias no cometi¨® ninguna ilegalidad ni irregularidad¡±.

La denuncia de Uni¨®ns Agrarias se produjo despu¨¦s de que el PP , a trav¨¦s de su portavoz, Antonio Rodr¨ªguez Miranda, acusase al PSOE de ¡°sacar por la puerta de atr¨¢s de la Xunta 640.000 euros para pagar campa?as electorales¡±, una grave imputaci¨®n que llev¨® a la Xunta a abrir una investigaci¨®n para probar semejante delito. A?o y medio despu¨¦s de la apertura de aquel procedimiento, ni la Xunta ha aportado dato alguno que d¨¦ credibilidad a las acusaciones populares ni Miranda como portavoz del PP se ha retractado.