El Supremo confirma la condena a dos expresidentes de Ferrocarrils

El Tribunal Supremo (TS) ha confirmado, en parte, la condena a penas de c¨¢rcel para dos expresidentes de Ferrocarrils de la Generalitat que contrataron, de forma ilegal, un plan de pensiones para directivos por 2,7 millones. El alto tribunal ha admitido, en parte, los recursos de las defensas de Enric Roig y Antonio Herce, y ha rebajado su condena de seis a?os a cuatro a?os y medio de prisi¨®n por malversaci¨®n de fondos p¨²blicos. El Supremo les obliga, adem¨¢s, a devolver a la empresa de transporte el dinero malversado.

Hace poco m¨¢s de un a?o, la Audiencia de Barcelona conden¨® a Herce y a Roig por urdir una ¡°trama¡± para constituir, en 1991, un fondo de pensiones ilegal que repartieron entre una quincena de directivos. Herce, que fue condenado tambi¨¦n a ocho a?os de inhabilitaci¨®n por un delito de prevaricaci¨®n, fue director financiero y presidente entre 1999 y 2002. En cambio, Roig, presidente de 1993 a 1999, fue absuelto de ese delito porque hab¨ªa prescrito. El Supremo, sin embargo, corrige la sentencia de la Audiencia y tambi¨¦n le condena a ocho a?os y medio de inhabilitaci¨®n.

El tercer procesado en el caso Ferrocarrils, Albert Vilalta, fue consejero de Medio Ambiente con uno de los Gobiernos de Jordi Pujol. Vilalta tambi¨¦n presidi¨® la empresa (de 1983 a 1991), pero result¨® absuelto a pesar de que, poco antes de ser nombrado consejero, firm¨® el contrato de constituci¨®n del fondo de pensiones con Winterthur a sabiendas de que el asunto deb¨ªa ser abordado por el Consejo de Administraci¨®n. Como el delito hab¨ªa prescrito, no se le pudo condenar.

Vilalta tambi¨¦n fue absuelto del delito de malversaci¨®n porque, seg¨²n la sentencia, ¡°no pretendi¨® ni comparti¨® el enriquecimiento que s¨ª obtuvieron el resto de los acusados¡±. Y eso a pesar de que ¡°su intervenci¨®n entra de lleno en la preparaci¨®n de la infracci¨®n¡±.

El tribunal rebaja la pena de seis a cuatro a?os y medio de c¨¢rcel

La Audiencia de Barcelona consider¨® que el dinero defraudado deb¨ªa reclamarse por la v¨ªa civil. El fiscal, sin embargo, expuso ante el Supremo que los dos expresidentes ten¨ªan la obligaci¨®n de devolver de forma inmediata las ganancias obtenidas del ¡°expolio de dinero p¨²blico¡± adquirido a trav¨¦s del fondo de pensiones. Seg¨²n defendi¨® el fiscal, Roig y Herce hicieron lo posible para dar apariencia de legalidad al plan de pensiones. ¡°En total fueron unos 400 millones de pesetas los que se repartieron directa o indirectamente¡±, detall¨®. El fiscal tambi¨¦n mostr¨® su oposici¨®n a que Roig quedase absuelto del delito continuado de prevaricaci¨®n porque, en su opini¨®n, esa conducta va unida a la malversaci¨®n.

Un a?o despu¨¦s, el Supremo ha dado la raz¨®n a la fiscal¨ªa y obliga a los condenados a devolver, de forma solidaria, el dinero p¨²blico que desviaron a sus bolsillos. El TS recuerda que debe tenerse en cuenta la ¡°responsabilidad civil¡± que nace del delito.

Los condenados desviaron fondos a un plan de pensiones

El alto tribunal ha acabado rebajando las penas de c¨¢rcel para los dos expresidentes con el argumento de que no debe aplicarse el tipo penal agravado de malversaci¨®n. Aunque ¡°es cierto que la cuant¨ªa es importante¡±, tambi¨¦n lo es, razona la sentencia, que el expolio ¡°se realiz¨® a lo largo de aproximadamente 10 a?os¡± y que ¡°no hubo da?o al servicio p¨²blico¡±, requisitos para aplicar la agravante. Las penas superan los dos a?os, por lo que en principio deben ingresar en prisi¨®n.

La Audiencia de Barcelona consider¨® probado que Roig y Herce ¡°ambicionaron un enriquecimiento econ¨®mico personal muy superior al que les proporcionar¨ªa su retribuci¨®n salarial¡±. Ambos hicieron extensivos los beneficios del plan de pensiones a otros directivos ¡°para enmascarar su ilegal enriquecimiento¡±. En su declaraci¨®n en el juicio, los tres expresidentes defendieron las bondades del plan de pensiones. El objetivo era, explicaron, evitar la fuga de los directivos m¨¢s valiosos, que, en plena efervescencia por la organizaci¨®n de los Juegos Ol¨ªmpicos de Barcelona, pod¨ªan verse tentados por ofertas econ¨®micas m¨¢s favorables del sector privado. La fiscal¨ªa desmont¨® esa tesis durante el juicio con el argumento de que es ¡°incomprensible¡± que esos supuestos incentivos econ¨®micos se hicieran llegar tambi¨¦n a ¡°contables, gestores e incluso miembros de la asesor¨ªa jur¨ªdica¡±.