La norma

La ¨¦poca es mala y se vuelve inseguro aquello de lo que no dudaba nadie: los bancos, por ejemplo, empezando por el Banco de Espa?a, o la estabilidad de los funcionarios, tradicional motivo de celos y resentimiento, y no porque se les identificara con el peligroso pasado y se les atribuyeran las lacras del Estado franquista, patriarcal, dictatorial y muy funcionarial, sino porque aqu¨ª casi todo el mundo quisiera ser funcionario, uno m¨¢s entre el cuarto de mill¨®n que ya existen. El resentimiento contra los funcionarios es directamente proporcional al deseo de la clase media media y media baja de conseguir un puesto en la Administraci¨®n, para toda la vida, porque el Estado es la ¨²nica empresa que nunca quiebra, o eso se cre¨ªa.

Pero las dos ¨²ltimas d¨¦cadas en la historia econ¨®mica de los funcionarios han sido inestables, con cuatro congelaciones del sueldo, en 1994, 1997, 2011 y 2012, m¨¢s una rebaja del cinco por ciento en 2010. Que el Estado alguna vez resulta poco fiable qued¨® en evidencia a ra¨ªz de la congelaci¨®n de 1997, que dio por liquidado un pacto de 1994 entre sindicatos y Gobierno por el que durante el periodo 1995-1997 los salarios evolucionar¨ªan en armon¨ªa con los precios. Los sindicatos hicieron entonces una huelga, acudieron a los tribunales, y el Tribunal Constitucional sentenci¨® por fin en 2005 que el pacto no val¨ªa porque las condiciones econ¨®micas de 1994 hab¨ªan cambiado en 1997.

Recordar estas cosas tan viejas me descubre que algunos de los puntos m¨¢s indeseables de la reforma laboral de 2012 ya se hab¨ªan puesto en pr¨¢ctica en el ¨¢mbito administrativo con el aval de los m¨¢s altos tribunales. Por ejemplo, la reforma laboral contempla la anulaci¨®n de los convenios si las circunstancias econ¨®micas de la empresa as¨ª lo requieren. Y, como acabamos de ver, algo parecido ya se hab¨ªa inventado quince a?os antes, en 1997, para los funcionarios. La reforma laboral de 2012 permite a las empresas, seg¨²n sus necesidades, bajar el sueldo o cambiar las condiciones de trabajo de sus empleados, pero eso tambi¨¦n se hab¨ªa aplicado ya a los funcionarios, cuerpo disciplinado cuando la situaci¨®n lo exige.

Ahora les bajan otra vez el sueldo y les alargan la jornada a los funcionarios y a los pseudofuncionarios de las agencias y empresas p¨²blicas. Estoy leyendo el Decreto-ley 1/2012, de 9 de junio, que dicta medidas "para el reequilibrio econ¨®mico-financiero de la Junta de Andaluc¨ªa": vuelve a bajar los sueldos un cinco por ciento y declara que las cl¨¢usulas de los acuerdos firmados por los sindicatos "permanecer¨¢n vigentes, si bien, atendiendo a la situaci¨®n de excepcionalidad provocada por la alteraci¨®n sustancial de las circunstancias econ¨®micas, se suspenden aquellas que contradigan lo dispuesto en el presente Decreto-ley". El estilo de los t¨¦cnicos de la Junta demuestra una aut¨¦ntica sensibilidad verbal y evita la repetici¨®n de palabras: podr¨ªan haber escrito que los acuerdos permanecer¨¢n vigentes salvo en lo que no permanezcan vigentes, porque lo vigente es el Decreto-ley.

Todos los partidos, de derechas, de izquierdas, regionalistas y nacionales de toda Espa?a, hacen lo mismo en esta "situaci¨®n de excepcionalidad provocada por la alteraci¨®n sustancial de las circunstancias econ¨®micas", como dice la Junta. Pero ninguno se responsabiliza de sus actos y todos descargan las culpas en alg¨²n ente superior, sea el Estado, Bruselas o Berl¨ªn. Todos obedecen la nueva norma: fomentar la creciente inanidad sindical y dejar de considerar al asalariado un ser racional capaz de negociar con los patronos.