El dogma
La Administraci¨®n central est¨¢ hipertrofiada por su inadaptaci¨®n al Estado auton¨®mico
Hace solo dos d¨ªas, Mariano Rajoy anunciaba su decisi¨®n de pisar el acelerador para impulsar nuevas y profundas reformas ¡ªajustes¡ª para atajar lo que el presidente del Gobierno denomin¨® la hemorragia del d¨¦ficit p¨²blico. Y una vez m¨¢s situ¨® la prioridad de la lucha contra el d¨¦ficit en el necesario recorte del gasto generado por las comunidades aut¨®nomas. Es, pues, cada d¨ªa m¨¢s evidente que el PP y determinados sectores econ¨®micos y medi¨¢ticos est¨¢n empe?ados en una dura campa?a para desacreditar tanto el modelo social como el Estado auton¨®mico. Aprovechando la grave crisis econ¨®mica y social que atraviesa Espa?a, dichos sectores no tienen reparo en estigmatizar a las autonom¨ªas y atribuirles, contra toda evidencia, la responsabilidad del d¨¦ficit, presentando como alternativa las viejas recetas centralistas y activando el espa?olismo reactivo y primario que caracteriz¨® a la derecha espa?ola durante buena parte del pasado siglo.
La deuda p¨²blica espa?ola a finales del primer trimestre de este a?o era de 775.000 millones de euros, de los cuales 145.000 millones correspond¨ªan a las comunidades aut¨®nomas (19% del total), cerca de 30.000 millones a los ayuntamientos y el resto, algo m¨¢s de 600.000 millones a la Administraci¨®n central del Estado. Es curioso que cuando Rajoy y los mencionados actores pol¨ªtico-medi¨¢ticos proponen dr¨¢sticos recortes en el gasto de las autonom¨ªas oculten estos datos y pasen por alto un hecho muy relevante: que son las comunidades aut¨®nomas las que gestionan una parte esencial del gasto social en Espa?a (sanidad, educaci¨®n y la mayor¨ªa de los servicios sociales), y que dicho gasto social representa una parte sustancial ¡ªen torno al 75%¡ª del presupuesto auton¨®mico. Tambi¨¦n se olvidan casualmente de se?alar el excesivo n¨²mero de ayuntamientos que hay en Espa?a (m¨¢s de 8.000), la pervivencia de instituciones anacr¨®nicas como las Diputaciones o la injustificada hipertrofia de la Administraci¨®n central como consecuencia de su inadaptaci¨®n al desarrollo del Estado auton¨®mico. Por eso resulta evidente que esta ofensiva antiautonomista persigue dos objetivos muy claros: la recentralizaci¨®n del poder pol¨ªtico en Espa?a y el recorte del Estado de bienestar.
Pero como ha quedado bien patente a lo largo de las ¨²ltimas semanas, nuestro principal problema es el endeudamiento privado que afecta a bancos, empresas y familias, as¨ª como la bajada de ingresos p¨²blicos como consecuencia de la ca¨ªda de la actividad econ¨®mica, los regalos fiscales, la econom¨ªa sumergida y el fraude tributario. Sin embargo, determinados gur¨²s, alguno de los cuales pretende erigirse en gu¨ªa espiritual del pa¨ªs, califican al actual modelo de Estado (social y auton¨®mico) como insostenible y alientan el recorte dr¨¢stico del gasto p¨²blico (inversiones y gasto social) que est¨¢ llevando a la sociedad espa?ola a una grave depresi¨®n, a la recesi¨®n econ¨®mica y a la profundizaci¨®n de la grave situaci¨®n que atraviesa el pa¨ªs. No se trata de una pol¨ªtica para salir de la crisis, sino de una opci¨®n ideol¨®gica que aprovechando aquella pretende cambiar el Estado y el modelo social. Estamos ante un dogma que, como tal, requiere una gran dosis de fe inmune a la realidad y al pensamiento cient¨ªfico.
En contraposici¨®n a la inaceptable ofensiva antiautonomista en marcha, ser¨ªa deseable una reforma constitucional que deber¨ªa afectar tanto al T¨ªtulo VIII como al T¨ªtulo III (reforma del Senado) que permita la participaci¨®n de las comunidades aut¨®nomas en el dise?o estrat¨¦gico del Estado, tal como contempla el art¨ªculo 69 de nuestra Constituci¨®n, y tal como sucede en todos los pa¨ªses que, como el nuestro, son descentralizados y compuestos. Este ser¨ªa junto a la reforma del Estatuto de Autonom¨ªa el modelo que conviene a Galicia, porque si no cambia la estructura en la toma de decisiones, Galicia acabar¨¢ en el rinc¨®n del olvido y sus intereses marginados. Desde luego, es preciso que Feij¨®o, como presidente de la primera instituci¨®n del pa¨ªs, no siga escondi¨¦ndose tras sus conocidos malabarismos dial¨¦cticos y fije una posici¨®n inequ¨ªvoca sobre esta crucial cuesti¨®n.
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