El juez de G¨¹rtel investiga los contratos de Martinsa con dos socios en Arganda

El magistrado que instruye el caso G¨¹rtel en la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, est¨¢ investigando las operaciones econ¨®micas en Arganda entre Fernando Mart¨ªn, accionista mayoritario de Martinsa, y los empresarios aragoneses Amando Mayo Rebollo y Manuel Salinas L¨¢zaro. De esta forma, el magistrado ha solicitado a Fernando Mart¨ªn los contratos que su sociedad cerr¨® en diciembre de 2004 con las empresas Agr¨ªcola La Corona y Tasal, por un montante de tres y dos millones de euros, respectivamente. Estas cantidades de dinero se habr¨ªan abonado a cambio de una participaci¨®n en la promoci¨®n de un millar de viviendas en Arganda. Esta operaci¨®n es considerada hasta el momento el mayor pelotazo del caso G¨¹rtel, porque el presunto cerebro de la red corrupta, Francisco Correa, cobr¨® sendas comisiones por un valor de 12 millones de euros cada una, seg¨²n el sumario

La primera de las transferencias, de 12 millones, sali¨® de la cuenta de los empresarios aragoneses en diciembre de 2004 (el mismo mes y a?o en el que se cerraron los contratos entre Mart¨ªn, Mayo y Salinas, los tres imputados en el caso G¨¹rtel) desde sus cuentas en Suiza y en M¨®naco. Al final el dinero acab¨® en otra cuenta que la investigaci¨®n del caso atribuye a Francisco Correa. La segunda de las presuntas comisiones, seg¨²n el sumario, es de 13 millones de euros y se realiz¨® en 2006. El dinero sali¨® de una cuenta en M¨®naco de Fernando Mart¨ªn, que previamente hab¨ªa recibido cinco millones de euros de Mayo y Salinas (cuatro y uno).

Hasta el momento, los informes policiales atribuyen esta suma al pago de una comisi¨®n que cobr¨® Francisco Correa, y que fue abonada por la adjudicaci¨®n del Ayuntamiento de Arganda a Martinsa de unas fincas por un precio de 77 millones de euros, una cantidad considerada muy baja en relaci¨®n con la de mercado. De hecho, Martinsa logr¨® vender un tercio de estos terrenos de origen municipal por unos 70 millones de euros. Fernando Mart¨ªn, en declaraciones a este peri¨®dico, defendi¨® la legalidad de la adjudicaci¨®n, al mismo que asegur¨® que el precio fue acorde con la situaci¨®n econ¨®mica que se viv¨ªa en ese momento.

El magistrado Pablo Ruz tambi¨¦n ha solicitado los documentos relacionados con otra operaci¨®n relacionada con la adjudicaci¨®n del Ayuntamiento de Arganda de las fincas a Martinsa, en febrero de 2005, en la que Fernando Mart¨ªn y Amando Mayo Rebollo se intercambiaron 700.000 euros.