El PP mantiene a Castedo en la alcald¨ªa pese a estar acusada de soborno

La alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, del PP, sigue en el cargo pese al auto del juez que la acusa de un supuesto delito de cohecho por modificar el Plan General de Ordenaci¨®n Urbana (PGOU) de la ciudad en favor de los intereses urban¨ªsticos del promotor Enrique Ortiz. "No piensa dimitir", han asegurado fuentes de su entorno. Tampoco la direcci¨®n de los populares valencianos ha dado hasta ahora ning¨²n paso encaminado hacia la destituci¨®n de Castedo al frente de la alcald¨ªa de la capital alicantina y esperar¨¢ a la imputaci¨®n formal de la regidora para exigirle su renuncia al cargo, como ha hecho en otros casos de supuesta corrupci¨®n en sus filas.?? ?

La implicaci¨®n de Castedo, y de su antecesor en el cargo Luis D¨ªaz Alperi, en la may¨²scula trama de corrupci¨®n pol¨ªticoempresarial de la provincia de Alicante que indaga el caso Brugal, ha subido esta ma?ana un nuevo pelda?o: Ambos han pasado de estar acusados por el fiscal Anticorrupci¨®n por los delitos de cohecho, tr¨¢fico de influencias y revelaci¨®n de secretos a serlo directamente por el magistrado instructor de esta pieza del sumario y de los mismos delitos. El magistrado ha remitido la causa al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, dada la condici¨®n de aforados de ambos pol¨ªticos del PP. Castedo es diputada auton¨®mica desde mayo de 2011, y D¨ªaz Alperi desde 2007.

El promotor Ortiz est¨¢ ya imputado en esta causa, y en otras piezas del caso Brugal, como la que indagada un supuesto soborno al exl¨ªder del PP de Alicante Jos¨¦ Joaqu¨ªn Ripoll, por la planta de basura del Plan Zonal de la comarca de la Vega Baja (Sur de Alicante). La investigaci¨®n policial y el fiscal Anticorrupci¨®n consideran a Ortiz, el empresario ?ngel Fenoll y Ripoll los cabecillas de la trama corrupta. El empresario Ortiz tambi¨¦n est¨¢ imputado en la rama valenciana del caso G¨¹rtel, que indaga una supuesta financiaci¨®n ilegal del PP de la Comunidad Valenciana. ? ? ? ?

Ortiz acapar¨® suelo que iba a ser declarado parque natural para trasvasar la edificabilidad a la ciudad

En su escrito de motivaci¨®n razonada remitido esta ma?ana al TSJ, el titular del Juzgado n¨²mero 5 de Alicante justifica el traslado de la causa por al Tribunal Superior de Justicia Valenciano por? "concurrir necesidad de imputaci¨®n formal de Alperi y Castedo".? No obstante, ser¨¢ el alto tribunal el que decida finalmente si imputa a la regidora o a su antecesor en el cargo. " [...] Indiciariamente resulta la percepci¨®n y/o solicitud de d¨¢divas por parte de los aforados [Castedo y Alperi], por la comisi¨®n de un acto cuando menos injusto, pues merced a las mismas, los aforados facilitaron informaci¨®n que no deb¨ªa ser p¨²blica relativa al Plan General de Ordenaci¨®n Urbana de Alicante e incluso procedieron a modificar el mismo en atenci¨®n a los deseos manifestados por un particular [Ortiz], prescindiendo de los intereses generales y atendiendo exclusivamente al inter¨¦s particular", recoge textualmente el escrito del juez.

El supuesto trato de favor se realiz¨® en la recta final del tr¨¢mite del PGOU, a partir de marzo de 2008 y antes de la primera aprobaci¨®n provisional del documento por parte del Ayuntamiento, mayo de 2010. El planeamiento a¨²n no ha sido autorizado por la Consejer¨ªa de Urbanismo del Gobierno Valenciano. El magistrado considera que Ortiz hizo valer su influencia y amistad sobre los dos alcaldes del PP para conseguir datos secretos del Plan general sobre varios proyectos en los que ten¨ªa inter¨¦s, entre ellos, la remodelaci¨®n del estadio Rico P¨¦rez, donde juega el H¨¦rcules. Tanto el campo como el equipo son propiedad del promotor.

El magistrado resalta que Ortiz, merced a esa informaci¨®n privilegiada, pudo acaparar suelo protegido en los zonas que iban a ser declaradas parques naturales en el nuevo PGOU? para luego trasvasar la edificabilidad a otras ¨¢reas urbanas de la ciudad. La polic¨ªa cifra ese pelotazo en 120 millones de euros. Para estas operaciones inmobiliarias, Ortiz se vali¨® de tres exdirectivos de Bancaja y la CAM, tambi¨¦n imputados en la causa.?

El promotor supuestamente pag¨® un viaje a Creta al anterior regidor, Luis D¨ªaz Alperi

En cuanto al supuesto delito de cohecho en el que pudo incurrir Castedo, el magistrado se remite a los informes policiales, y destaca dos viajes a Andorra en 2008 supuestamente pagado por Ortiz y el regalo de un coche modelo MIni Cooper, tambi¨¦n propiedad de Ortiz, a una amiga personal y actual asesora de la regidora. Sobre el viaje, Castedo mantiene que los pag¨® en met¨¢lico, pero el juez precisa: "Una vez analizada la informaci¨®n bancaria recibida de las entidades respecto a las personas de Sonia Castedo Ramos y Arturo Soto Viero (su marido), se llega a la conclusi¨®n de que no existe ninguna extracci¨®n de dinero en efectivo, ni extracciones de dinero a trav¨¦s de cajeros autom¨¢ticos cuyos importes pudieran evidenciar que se extrajo de las cuentas bancarias dinero en efectivo para pagar ambos viajes".

Los supuestos cohechos que el magistrado atribuye al exregidor y actual diputado auton¨®mico D¨ªaz Alperi de parte de Ortiz, son los mismos recogidos en los informes policiales, es decir, un viaje a Creta en un jet privado por valor de 45.000 euros y el pago de la cuota del hijo del alcalde (30.000 euros) en la constituci¨®n de una empresa de publicidad.

El fiscal Anticorrupci¨®n de Alicante, Felipe Briones, en el escrito paralelo que ha remitido al juzgado, tambi¨¦n mantiene la acusaci¨®n a Castedo y Alperi por los delitos de revelaci¨®n de secretos, cohecho y tr¨¢fico de influencias. Seg¨²n el fiscal, la alcaldesa y el exalcalde condicionaron la redacci¨®n del planeamiento de la ciudad de Alicante a los intereses de Ortiz a cambio de d¨¢divas. El ministerio p¨²blico sostiene que Alperi y Castedo facilitaron datos secretos del PGOU a trav¨¦s del despacho de abogados, propiedad de Jos¨¦ Luis Castedo (hermano de la regidora) y el exedil del PSPV Javier Guti¨¦rrez.

En este sumario, el juez? ya ha? imputado formalmente a 16 personas, de las 21 que inicialmente acusa el fiscal. Los imputados de mayor calado son el promotor Ortiz, su mujer, el redactor del PGOU, el arquitecto Jes¨²s Quesada, y Jos¨¦ Luis Castedo y Javier Guti¨¦rrez.