?ltima palabra de la viceconsejera
Cinto y dos altos cargos declaran en el supuesto fraude inform¨¢tico en Justicia El fiscal Juan Calparsoro emitir¨¢ el dictamen final del caso el pr¨®ximo lunes
Las declaraciones sobre el supuesto fraude inform¨¢tico en el departamento de Justicia concluyen definitivamente hoy. El fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia del Pa¨ªs Vasco, Juan Calparsoro, tomar¨¢ declaraci¨®n a la viceconsejera de Justicia, Mar¨ªa Victoria Cinto y a otros dos altos cargos de este departamento, una semana despu¨¦s de lo previsto ya que la anterior comparecencia fue aplazada por problemas de agenda. A la comparecencia acudir¨¢n el director para la Modernizaci¨®n de la Justicia, Jes¨²s Garc¨ªa Ar¨¦jula y la directora de Justicia, Marta Higueras para cerrar los tr¨¢mites antes de la resoluci¨®n final, que se espera para la ma?ana del pr¨®ximo lunes. La comparecencia de la c¨²pula del departamento de Justicia se produce de com¨²n acuerdo y as¨ª se cierra la fase testifical.
Junto a Mar¨ªa Victoria Cinto, acuden a declarar otras dos personas clave. Los dos tienen v¨ªnculos con la etapa de los hechos investigados. La directora de Justicia, Marta Higueras, porque ya trabajaba sin cargo en el departamento y el director para la Modernizaci¨®n de la Justicia, Jes¨²s Garc¨ªa Ar¨¦jula, porque sustituy¨® a Inmaculada de Miguel cuando ella dej¨® el cargo de Directora de Relaciones con la Administraci¨®n de Justicia y este puesto pas¨® a su actual denominaci¨®n y manteniendo las mismas competencias.
Fuentes jur¨ªdicas apuntan a que todos se ratificar¨¢n en lo mantenido hasta el momento. Eso s¨ª, tendr¨¢n que someterse a las preguntas que formulen las defensas de los cuatro imputados. Estos, durante sus declaraciones ante la Fiscal¨ªa han presentado alegaciones a la vez que han rechazado las acusaciones aportando multitud de informes que sustentar¨ªan su argumentaci¨®n. Y es que con las diligencias que se han llevado a cabo, el m¨¢ximo responsable del Ministerio P¨²blico en Euskadi quiere comprobar, tal y como denunci¨® el Gobierno vasco, si los 15 expedientes de contrataci¨®n analizados, a pesar de estar ¨ªntegramente pagados en plazo, se han ejecutado o no en su totalidad y si algunos de ellos ni siquiera se han empezado. Pretende determinar, si tal y como denunci¨® el Ejecutivo, las empresas imputadas sab¨ªan de antemano que iban a ser adjudicatarias de los trabajos. O si tal y como adelant¨® EL PA?S en febrero, entre otros regalos que pudieron recibir con cargo a las presuntas irregularidades determinados funcionarios, todav¨ªa en activo, se encontraban viajes con destino al Caribe sin justificar. Fuentes jur¨ªdicas se?alan a este peri¨®dico que no en todos los expedientes se habr¨ªan detectado anomal¨ªas. ¡°Hay que tener en cuenta que son empresas que todav¨ªa siguen prestando servicio a la Administraci¨®n¡±, apuntan.
Coincidencia en el elevado inter¨¦s de las tres ¨²ltimas declaraciones
Lo que est¨¢ claro es que en caso de confirmarse las irregularidades, los acusados se enfrentar¨ªan a un delito de prevaricaci¨®n administrativa y ser¨ªa un Juzgado de Instrucci¨®n de Vitoria quien asumir¨ªa un nuevo proceso judicial, previa denuncia. Por contra, de archivarse el caso, supondr¨ªa un serio varapalo pol¨ªtico para el Gobierno vasco, cuya portavoz lleg¨® a asegurar en febrero que con independencia de lo que ocurriera, el Ejecutivo ¡°pedir¨ªa indemnizaciones a las empresas denunciadas por los perjuicios creados¡±.
El caso investiga si hubo irregularidades en expedientes de contratos inform¨¢ticos entre 2000 y 2009, denunciadas por la portavoz del Gobierno vasco a principios de este a?o. En aquel entonces, Idoia Mendia puso en conocimiento de la Fiscal¨ªa un presunto fraude que podr¨ªa ascender a 23 millones de euros por supuestas connivencias entre el personal responsable de Justicia y varias empresas adjudicatarias. El Ejecutivo vasco remit¨ªa de esta manera un informe al Ministerio P¨²blico con las supuestas irregularidades producidas en al menos una quincena de expedientes relativos a trabajos de informatizaci¨®n de las sedes judiciales vascas contratados y pagados a determinadas empresas pero que nunca fueron llevados a cabo por las mismas. Las empresas que son objeto de investigaci¨®n mantienen contratos con la Administraci¨®n vasca y ya recibi¨® una compensaci¨®n por las cantidades pendientes de cobro de servicios anteriores.
La reducci¨®n final a errores t¨¦cnicos ser¨ªa un varapalo para el Gobierno
En estos seis meses de investigaci¨®n han comparecido un total de 14 personas entre testigos, peritos e imputados. ¡°Estos tres ¨²ltimos testimonios son importantes dentro de la causa¡±, reconocen fuentes jur¨ªdicas. Por una parte, la viceconsejera fue la que concluy¨® la investigaci¨®n interna. La autora del informe de 31 folios remitido al Ministerio P¨²blico en febrero y en el que se incluyen textos, actas, facturas as¨ª como las entrevistas a tres funcionarios del Servicio de Inform¨¢tica Judicial que suscribir¨ªan las sospechas de irregularidades. Junto con este dossier, la Fiscal¨ªa ha analizado la ¡°extensa y completa documentaci¨®n¡±, que le remiti¨® el Gobierno vasco, entre ellas, las dos auditor¨ªas t¨¦cnicas realizadas por el anterior viceconsejero de Justicia, Jos¨¦ Manuel F¨ªnez, fallecido en octubre de 2010 as¨ª como la investigaci¨®n policial llevada a cabo por los expertos en delitos econ¨®micos de la Ertzaintza, de la que se desprende, despu¨¦s de haber rastreado el patrimonio de Inmaculada de Miguel y de Ana Molina, que ¡°ni en su persona ni en su entorno m¨¢s cercano se han detectado incrementos patrimoniales. No ha habido enriquecimiento il¨ªcito¡±.
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