Alcaldes del PP se rebelan contra la Axencia Tributaria de la Xunta

La nueva Axencia Tributaria que crear¨¢ la Xunta antes de fin de a?o ha puesto en pie de guerra a varios alcaldes del PP. El motivo es que el nuevo ente supondr¨¢ la centralizaci¨®n de servicios de atenci¨®n al contribuyente que hasta ahora se prestaban externalizados en 42 oficinas comarcales. Los regidores consideran que con ello sus municipios pierden servicios. Por el contrario, la Xunta asegura que los tr¨¢mites se podr¨¢n realizar a distancia y que el ciudadano no notar¨¢ el cambio.

El alcalde popular de Tui, Mois¨¦s Rodr¨ªguez, considera el cierre de las oficinas previsto por el Gobierno gallego de su partido ¡°una regresi¨®n de los servicios p¨²blicos y perjudica gravemente a los vecinos de Tui y del Baixo Mi?o¡±, por lo que ha presentado una moci¨®n en contra en el pleno municipal. La alcaldesa de Mos, Nidia Ar¨¦valo, tambi¨¦n del PP, critica los ¡°perjuicios¡± que supondr¨¢ la medida, y est¨¢ movilizando a los regidores de Redondela (que ya aprob¨® una moci¨®n al respecto) Soutomaior y Pazos de Borb¨¦n, de su misma formaci¨®n, para pedir una reuni¨®n con la Conseller¨ªa de Facenda. En A Estrada ya se est¨¢n recogiendo firmas entre la ciudadan¨ªa en contra del cambio. Y as¨ª en una larga lista de municipios por toda Galicia.

Las protestas se deben a que la nueva Axencia Tributaria asumir¨¢ de forma centralizada funciones que prestaban de forma delegada las denominadas oficinas liquidadoras del Registro de la Propiedad, 42 puntos de atenci¨®n al ciudadano ligados a los registradores de la propiedad. Aunque no depend¨ªan de la Xunta, gracias a un convenio con los registradores en esas oficinas el ciudadano pod¨ªa, al tiempo que gestionaba su tr¨¢mite correspondiente ante el Registro de la Propiedad, liquidar ya sus impuestos auton¨®micos.

La visi¨®n del presidente de la Xunta, Alberto N¨²?ez Feij¨®o, cuando anunci¨® en mayo el cambio del sistema, era la del ahorro. ¡°Las 42 oficinas liquidadoras y los Registros de Propiedad existentes podr¨¢n seguir actuando como oficinas de presentaci¨®n, pero dejan de prestar el servicio de liquidaci¨®n y de cobrarle a la Xunta por ello¡±, destac¨®. Pero los trabajadores de esas oficinas destacan que en ellas no solo se recib¨ªan los documentos de los ciudadanos, como seguir¨¢ pasando ahora para su remisi¨®n a la Axencia Tributaria, sino que tambi¨¦n hab¨ªa ¡°atenci¨®n al p¨²blico y ayuda para las declaraciones, revisi¨®n de datos, realizaci¨®n de requerimientos, devoluci¨®n de ingresos indebidos¡± y un largo etc¨¦tera.

La Xunta indica que a¨²n est¨¢ negociando el nuevo sistema con los registradores de la propiedad tras su rechazo inicial y da largas a los alcaldes que protestan, a los que informar¨¢ ¡°en el momento en que se tome una decisi¨®n definitiva¡±. Facenda insiste en que no habr¨¢ grandes cambios con la situaci¨®n anterior y que su intenci¨®n es ampliar los tr¨¢mites y actuaciones de asesoramiento que se podr¨¢n hacer a distancia, aunque admite que para informaci¨®n en persona habr¨ªa que desplazarse a las ciudades.

Los trabajadores ponen en duda el futuro del sistema en una comunidad con alta dispersi¨®n poblacional y escaso uso de nuevas tecnolog¨ªas. Indican que otras comunidades en las que ya se dio este paso, como Madrid, Extremadura y Baleares, han tenido que rectificar y devolver competencias a las oficinas liquidadoras.

Aunque a sus reclamaciones se han unido alcaldes de todos los partidos y su principal argumento es la p¨¦rdida de servicios de los ciudadanos, los trabajadores de las oficinas liquidadoras que impulsan la campa?a contra su desaparici¨®n tienen tambi¨¦n sus propias motivaciones laborales. Seg¨²n sus c¨¢lculos, con el cambio peligrar¨ªa el puesto de trabajo directo de unas 140 personas, cifra que se podr¨ªa elevar al afectar indirectamente la ca¨ªda de la carga de trabajo a otros empleados de los registros de la propiedad.

Esa p¨¦rdida laboral se compensar¨ªa en parte con el incremento de trabajadores en la nueva Axencia Tributaria. La Xunta dice que es pronto para concretar el n¨²mero de incorporaciones, pero los trabajadores afectados las reducen a solo medio centenar en Santiago y Ferrol. Lo que s¨ª establecen lo estatutos del nuevo ente auton¨®mico es que sus trabajadores deber¨¢n pasar por una selecci¨®n abierta y con criterios objetivos. Los de las oficinas comarcales pod¨ªan ser contratados libremente por cada registrador de la propiedad.