La Audiencia avisa de que indultar de nuevo a unos ¡®mossos¡¯ es ¡°fraude de ley¡±

La secci¨®n novena de la Audiencia de Barcelona ha mandado un mensaje sutil pero contundente en forma de auto al Gobierno del PP. Un segundo indulto a los cuatro mossos d¡¯esquadra condenados por torturas supondr¨ªa ¡°una suerte de fraude de ley o abuso de derecho¡± porque los agentes ya fueron agraciados con este perd¨®n extraordinario. El Consejo de Ministros les rebaj¨® sus condenas de hasta cuatro a?os y medio de prisi¨®n a dos. Normalmente, cuando la pena es inferior a dos a?os y el reo no tiene antecedentes (como es el caso), se suspende el ingreso en la c¨¢rcel. La Audiencia, sin embargo, no lo hizo y orden¨® que los agentes cumpliesen su sentencia, parcialmente indultada, entre rejas.

Que el Gobierno decidiese ahora de nuevo otorgarles la medida de gracia y conmutase la entrada en prisi¨®n por una multa ser¨ªa, a juicio del tribunal, una forma de ¡°utilizar al antojo¡± de los polic¨ªas e ¡°individualizar a su capricho y mejor acomodo¡± la figura excepcional del indulto. En su segunda petici¨®n, los agentes aducen ¡°los mismos argumentos que ya fueron alegados y tenidos en cuenta para conceder¡± el primero, razona el tribunal. Y remacha: ¡°Nada m¨¢s contrario a los principios de igualdad y justicia que como fundamentos de nuestro sistema jur¨ªdico penal deben quedar absolutamente preservados de cualquier comportamiento arbitrario, antojadizo y caprichoso como el que sin duda, representa el propio del caso de autos¡±.

El tribunal ha respondido as¨ª al recurso de los cuatro agentes, Joan Salva, Jordi Periss¨¦, Manuel Farr¨¦ y Fernando Cea, pidiendo que se suspenda su ingreso en prisi¨®n mientras el Gobierno resuelve su petici¨®n de indulto. Es la tercera vez que la sala se pronuncia sobre este caso y, por tercera vez, deniega su solicitud y dictamina que entren de forma inmediata en la c¨¢rcel por haber torturado en 2006 a un ciudadano de origen rumano al que confundieron con un atracador.

La ¨²nica novedad, insiste la Audiencia, es el ¡°acuerdo judicial denegatorio del beneficio de suspensi¨®n de la condena¡±, que decretaron en mayo. El tribunal aleg¨® entonces que el comportamiento de los polic¨ªas fue especialmente grave por su condici¨®n de agentes y esgrimi¨® ¡°razones de prevenci¨®n general y especial, de peligrosidad criminal, de repulsa y de alarma social¡± para encarcelarles, a pesar de que su pena no superaba los dos a?os. Eso supuso, en la pr¨¢ctica, revocar el indulto concedido por el Gobierno.

Los cuatro polic¨ªas tienen todav¨ªa la oportunidad de volver a recurrir ante la misma secci¨®n novena de la Audiencia la decisi¨®n, notificada el pasado 24 de julio, en un caso que lleva ya seis a?os rondando por los tribunales. Aunque vista la acumulaci¨®n de resoluciones judiciales en contra de sus intereses se hace complicado pensar que logren evitar su ingreso en la c¨¢rcel. Al menos mientras el Gobierno del PP decide. Los agentes, que est¨¢n apartados del cuerpo, tienen la esperanza de que el Consejo de Ministros les otorgue de nuevo la medida de gracia, seg¨²n fuentes del entorno. Aunque otras fuentes policiales son menos optimistas.

El propio consejero de Interior, Felip Puig, ha mostrado su apoyo a los polic¨ªas en diversas ocasiones, incluso manifest¨® que har¨ªa todo lo que estuviese en su mano para ayudarles. ¡°Mientras haya posibilidad de obtener un nuevo indulto lo intentaremos hasta el final¡±, asegur¨® cuando se hizo p¨²blico en julio que hab¨ªan solicitado de nuevo la medida de gracia.

Los cuatro agentes est¨¢n condenados por apalear y torturar a un ciudadano rumano. El 27 de julio de 2006 confundieron a Lucian Paduraru, entonces de 28 a?os, con un atracador. Le esperaron en la puerta de su casa, no se identificaron como polic¨ªas, le propinaron una paliza, le insultaron e incluso le amenazaron introduci¨¦ndole una pistola en la boca, seg¨²n la sentencia. Un quinto polic¨ªa, Alejandro Garc¨ªa, fue condenado por coacciones a seis meses de prisi¨®n. En la detenci¨®n de Paduraru estuvo presente su entonces mujer, que estaba embarazada y recibi¨® un trato degradante. La condena inicial superaba los seis a?os, pero el Supremo la rebaj¨®.