Funcionarios a dedo cobrar¨¢n un sobresueldo por arbitrar las preferentes

Si el arbitraje va a ser, como asegura la Xunta, la principal soluci¨®n al conflicto de las participaciones preferentes de las extintas cajas, el Gobierno gallego tendr¨¢ un problema: le faltan ¨¢rbitros para resolver las miles de peticiones que espera recibir. Para solucionarlo ha comenzado a moverse. Prev¨¦ desplazar temporalmente a funcionarios de otros departamentos al Instituto Galego de Consumo para que den salida a esa avalancha de peticiones. Esos funcionarios ser¨¢n elegidos a dedo por cada conseller¨ªa y cobrar¨¢n un sobresueldo que rondar¨¢ los 2.000 euros al mes si son capaces de resolver diez arbitrajes al d¨ªa.

Seg¨²n informaba el propio Gobierno gallego la pasada semana, el Instituto Galego de Consumo hab¨ªa recibido ya unas 3.000 peticiones de arbitraje. La cifra se podr¨ªa disparar si, como quieren Xunta y Novagalicia Banco, los afectados optan por esa v¨ªa, con la que podr¨ªan perder dinero, y no por la judicial, que podr¨ªa tardar a?os. De momento, de las 43.000 preferentes que vendieron las antiguas cajas gallegas, apenas 1.700 afectados han optado por la demanda judicial colectiva.

Para dar salida a los miles de arbitrajes que prev¨¦, la Xunta plantear¨¢ hoy a los sindicatos en la Mesa da Funci¨®n P¨²blica su propuesta de desplazar temporalmente a Consumo a funcionarios de otras conseller¨ªas. En el borrador de instrucci¨®n que baraja el Gobierno gallego para mover a esos trabajadores se admite que ¡°el Instituto Galego de Consumo no dispone de personal suficiente en la actualidad para atender en un plazo razonable de tiempo la resoluci¨®n de dichas reclamaciones de arbitraje de consumo, por lo tanto, precisa que personal de la Administraci¨®n de la Xunta de Galicia que cumpla con los requisitos legales pueda prestar ese servicio¡±.

Esos requisitos son b¨¢sicamente que sean funcionarios y que posean una licenciatura en Derecho. Pero seg¨²n el texto que maneja la Xunta para presentar hoy a los sindicatos ser¨¢ cada conseller¨ªa de origen la que decida si un funcionario determinado puede o no irse temporalmente a Consumo y ser¨¢ la Direcci¨®n Xeral de Funci¨®n P¨²blica la que determine el tiempo. Queda as¨ª en manos de la decisi¨®n pol¨ªtica del Gobierno la capacidad de elegir a un funcionario u otro.

En su nuevo destino temporal, en situaci¨®n de comisi¨®n de servicios y cobrando su sueldo habitual de la conseller¨ªa de origen, la Xunta exigir¨¢ a esos funcionarios que ¡°el n¨²mero m¨ªnimo de laudos arbitrales resueltos deber¨¢ ser de cinco por d¨ªa de trabajo¡±. Pero contempla el pago de una ¡°compensaci¨®n econ¨®mica¡± de forma que ¡°el exceso de laudos arbitrales sobre el m¨ªnimo, hasta un m¨¢ximo de cinco diarios, se abonar¨¢ a 20 euros el laudo¡±. Esto es, si uno de esos funcionarios elegido a dedo resuelve diez laudos arbitrales por d¨ªa podr¨ªa embolsarse unos 2.000 euros al mes.

El borrador de Instrucci¨®n que prepara la Xunta para regular ese refuerzo de funcionarios contempla que esos sobresueldos sean abonados por Consumo al final, cuando el funcionario termine ese trabajo temporal y vuelva a su puesto habitual.