La Sindicatura alerta sobre el d¨¦ficit oculto de los Ayuntamientos
Los interventores deber¨¢n informar cada tres meses de las facturas en el caj¨®n
La Sindicatura de Comptes, el ¨®rgano fiscalizador de las Administraciones valencianas, hizo este mi¨¦rcoles sonar la alarma sobre las facturas guardadas en los cajones de los 542 Ayuntamientos del territorio. Las facturas ocultas son aquellas obligaciones de pago que se hacen al margen del presupuesto, es decir, sin fondos para hacerles frente. Un ¡°problema cr¨®nico de las Administraciones p¨²blicas, y especialmente de las entidades locales¡±, se?al¨® la Sindicatura, que tiene una ¡°repercusi¨®n directa en la estabilidad presupuestaria¡±. Esto es, en el objetivo del control del d¨¦ficit p¨²blico en el que est¨¢ embarcado el conjunto del Estado.
La Sindicatura no se f¨ªa de parte de los Ayuntamientos, ni de la libertad que sus interventores cuya funci¨®n, describe, ¡°se caracteriza por su soledad y dependencia del propio ¨®rgano fiscalizado¡±, para alertar del descontrol en los Consistorios.
El ¨®rgano fiscalizador no dispone de una estimaci¨®n de a cu¨¢nto puede ascender este d¨¦ficit municipal oculto. Fuentes del mismo creen, sin embargo, que pudiendo resultar un problema importante a escala de un Ayuntamiento, no tendr¨¢ repercusi¨®n en la contabilidad nacional ¡ªen el d¨¦ficit del Estado¡ª como s¨ª la tuvieron hace unos meses las facturas en el caj¨®n que aflor¨® la Generalitat, que obligaron al Gobierno a corregir su dato de d¨¦ficit y dar explicaciones ante Bruselas.
Los interventores deber¨¢n ahora informar trimestralmente de a cu¨¢nto ascienden las facturas en el caj¨®n, as¨ª como de los reparos que hayan formulado por ¡°actos no ajustados a derecho¡± y de las decisiones que los Ayuntamientos hayan adoptado en contra del criterio del secretario municipal.
Mayor control
Cada tres meses. Los interventores municipales deber¨¢n proporcionar la nueva informaci¨®n a la Sindicatura de Comptes, el ¨®rgano encargado de fiscalizar a las Administraciones valencianas.
Facturas en los cajones. La informaci¨®n incluir¨¢ estas facturas, que t¨¦cnicamente se llaman obligaciones contra¨ªdas al margen del presupuesto.
Reparos de los interventores. Estas advertencias se refieren a los actos de los Ayuntamientos que son contrarios a derecho, y que hasta ahora no eran revisados por la Sindicatura salvo en el caso de los informes espec¨ªficos sobre municipios.
Decisiones controvertidas. El interventor deber¨¢ remitir las decisiones adoptadas por los Ayuntamientos en contra de los informes de los secretarios municipales.
Por grave que fuera el coste en t¨¦rminos de fiabilidad de la Generalitat a ra¨ªz del muy tard¨ªo reconocimiento ¡ªen mayo¡ª de que guardaba 1.842 millones de euros en facturas en el caj¨®n de los a?os 2011, 2010 y 2009, fuentes de la Sindicatura se?alan que el organismo ya ven¨ªa ofreciendo esos datos, no exactos pero s¨ª similares, en las revisiones que hace cada ejercicio de las cuentas del Gobierno auton¨®mico. El caso de los Ayuntamientos es diferente, entre otras cosas, porque el examen de sus cuentas se hace en un plazo superior. La sindicatura est¨¢ analizando ahora las cuentas de la Generalitat de 2011, que publicar¨¢ a final de a?o. De los Consistorios, en cambio, est¨¢ revisando el a?o 2010.
Los reparos formulados por los interventores y los acuerdos que un Ayuntamiento adopta en contra de los informes emitidos por el secretario, adem¨¢s, ni siquiera llegaban a la sindicatura con car¨¢cter general, solo en los contados casos de informe espec¨ªfico sobre un municipio que realiza al cabo del a?o.
El objetivo de la Sindicatura de Comptes con el reporte trimestral es reforzar a los interventores ante sus alcaldes. En principio, estos funcionarios ya cuentan, de entrada, con un blindaje adicional respecto a la mayor¨ªa de empleados municipales. Se trata de un cuerpo de habilitaci¨®n estatal y la resoluci¨®n, por ejemplo, de las faltas graves y muy graves que se les atribuyan corresponde a la Administraci¨®n auton¨®mica y no a la local. Una forma de guardar distancia entre el fiscalizado y el fiscalizador.
La instituci¨®n quiere reforzar a los interventores frente a sus alcaldes
Existen, sin embargo, formas de debilitar su posici¨®n. Por ejemplo, estableciendo requisitos muy exigentes a quienes optan al puesto o fijando complementos salariales muy bajos para hacerlo poco atractivo. El resultado es que el cargo de interventor queda desierto. El Gobierno municipal puede nombrar en ese caso a un funcionario local para el cargo de forma interina. Y hay casos, apuntan las mismas fuentes, de municipios valencianos de cierto tama?o donde esa interinidad se alarga durante a?os. La obligaci¨®n que ahora introduce la sindicatura pretende fortalecer tambi¨¦n la posici¨®n de esta clase de interventores provisionales.
Aunque el comunicado de la sindicatura recuerda que los compromisos adquiridos sin consignaci¨®n presupuestaria son nulos de pleno derecho, existen casos en que pueden considerarse inevitables. Si, por ejemplo, un Ayuntamiento hace una previsi¨®n de consumo el¨¦ctrico que acaba desvi¨¢ndose en un 4% o 5%, el exceso no podr¨¢ afrontarse en ese ejercicio, deber¨¢ contabilizarse en el balance como pendiente y pagarse al a?o siguiente en cuanto sea posible, mediante un reconocimiento extrajudicial de cr¨¦ditos. Hay otro tipo de gastos sin respaldo presupuestario, se?alan las mismas fuentes, mucho m¨¢s dif¨ªciles de justificar.
Deber¨¢n remitir en noviembre los datos de la primera mitad de 2012
Incluso dentro de las facturas en el caj¨®n hay grados. Puede no pagarse un suministro o servicio por falta de disponibilidad presupuestaria pero, al menos, incluir el gasto dentro de la contabilidad financiera que est¨¢n obligadas a llevar todas las Administraciones. Pero puede tambi¨¦n incumplirse este requisito m¨ªnimo y simplemente no contabilizar la factura. En este segundo caso se hallaban, al parecer, parte de las facturas que la Generalitat reconoci¨® en mayo de ejercicios anteriores.
La nueva instrucci¨®n que la sindicatura tiene previsto dictar en septiembre, y que es la primera de este tipo en Espa?a, dar¨¢ dos meses de plazo a los interventores para enviar al ¨®rgano fiscalizador la informaci¨®n referente a la primera mitad de 2012.
Los recursos de la sindicatura, que la Generalitat ha planteado recientemente reducir, ha crecido poco desde el a?o 2001. A pesar de que a partir de aquel a?o su competencia se ampli¨®, incluyendo adem¨¢s de la Administraci¨®n auton¨®mica, las locales.
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