La vivienda antes que el aserradero

Ganaron el primer asalto, pero son conscientes de que a¨²n queda combate. Un centenar de vecinos y miembros de Stop Desahucios impidieron ayer el derribo de una vivienda ilegal en el barrio de A Tarela, parroquia de Camos-Nigr¨¢n, interponi¨¦ndose ante las m¨¢quinas que deb¨ªan ejecutarlo por orden judicial. Los propietarios de la vivienda, el matrimonio formado por el alba?il Santiago Pi?eiro y Ana Mar¨ªa Taboada, que viven en ella con sus dos hijas, reconocen su ilegalidad: la edificaron en suelo r¨²stico y sin licencia. Pero denuncian la discriminaci¨®n que se comete con ellos: la parroquia y todo el municipio est¨¢n sembrados de construcciones de igual tenor y, singularmente, tambi¨¦n es ilegal aserradero vecino, que est¨¢ en el origen de la discordia.

La orden de demolici¨®n de la vivienda data de 2007, pero el litigio remite a 15 a?os atr¨¢s. Pi?eiro y Taboada, entonces con dos ni?as de uno y siete a?os, denunciaron que el aserradero de Maderas y Transportes Rafael Costas, que hab¨ªa realizado una ampliaci¨®n de las instalaciones, les hac¨ªa la vida imposible con el ruido de las m¨¢quinas. El aserradero se hab¨ªa construido igualmente sin licencia, en el mismo suelo r¨²stico y, a mayor inri, sobre un yacimiento arqueol¨®gico catalogado en la Direcci¨®n Xeral de Patrimonio. Todas esas circunstancias han sido ya asentadas en los tribunales a partir de denuncias mutuas que ambas partes frenaron en la v¨ªa judicial con un acuerdo que, seg¨²n el matrimonio, el propietario del aserradero, Rafael Costas, incumpli¨® al tiempo que se acentuaban ¡°los ataques¡± contra ellos.

El Ayuntamiento ha emitido numerosas ¨®rdenes de paralizaci¨®n de la actividad del aserradero y de reposici¨®n de la legalidad urban¨ªstica. Pero no han surtido efecto. Pi?eiro y Taboada lo atribuyen a que el empresario Rafael Costas es el padre de la concejal de Personal, Ana Rosa Costas Abalde, con lo cual, por esta v¨ªa, el asunto tambi¨¦n se ha politizado. El grupo socialista cree que el gobierno local, del PP, no hizo ¡°todo lo posible¡± para ayudar a la familia y que muestra un inter¨¦s especial en ejecutar el derribo. El alcalde, Alberto Valverde, sin embargo, lo considera ¡°un marr¨®n¡± que ha de asumir para evitar el desacato judicial y sanciones personales como las que ha tenido que afrontar el alcalde de A Guarda.

Los propietarios de la vivienda achacan su situaci¨®n a que el industrial es padre de una edil

El Ayuntamiento comunic¨® hace 15 d¨ªas la fecha y hora del derribo, m¨¢s una minuta de 15.000 euros por los costes de la operaci¨®n. Ten¨ªa que haber sido ayer a las nueve de la ma?ana. La familia pidio auxilio al vecindario y antes de que las m¨¢quinas arrancaran el acceso a la vivienda ya estaba bloqueado por varios coches aparcados y un centenar de vecinos. Solo pudieron entrar tres agentes de la Polic¨ªa Local de Nigr¨¢n para notificar la orden y registrar la oposici¨®n de los propietarios de la vivienda.

La familia, que asegura no tener d¨®nde ir, mantiene una remota esperanza de que la casa sea legalizada por el nuevo plan general de urbanismo, cuya aprobaci¨®n inicial se prev¨¦ para dentro de un mes. Precisamente ayer visit¨® el ayuntamiento el conselleiro de Medio Ambiente, Agust¨ªn Hern¨¢ndez, para tratar del asunto. No hubo ninguna alusi¨®n p¨²blica al conflicto y las noticias que se tienen del plan descartan la recalificaci¨®n de la parcela.

El apoyo vecinal, que incluy¨® una peque?a manifestaci¨®n hasta la puerta del aserradero para gritar su ilegalidad, y la paralizaci¨®n del derribo, dieron ayer una alegr¨ªa moment¨¢nea a la familia. Pero tambi¨¦n saben que en el plazo de un mes se repetir¨¢ la orden de derribo, y entonces podr¨ªa requerirse la intervenci¨®n de la Polic¨ªa Nacional.