¡°Es hora de romper el hilo conductor entre el tardofranquismo y la derecha¡±
La nueva normativa andaluza estar¨¢ lista en nueve meses y supondr¨¢ el protagonismo de lo p¨²blico
Luis Naranjo (C¨®rdoba, 1954) es director general de Memoria Democr¨¢tica y asume, como reto, desarrollar un marco legal, social y educativo que permita recuperar la historia, la verdad.
Pregunta. ?Hay dinero para la memoria?
Respuesta. La coyuntura presupuestaria es la que es y los recortes afectan a todos. Eso no quiere decir que no se puedan hacer cosas. Hay alg¨²n dinero. En 2013, la orden de subvenciones va a salir. La de 2012 est¨¢ paralizada por la cuesti¨®n presupuestaria y por la situaci¨®n pol¨ªtica tras las elecciones. Tenemos fondos para actuaciones urgentes, como la placa del cementerio de Granada, que vamos a subvencionar ahora, o para alg¨²n monolito.
P. Las actuaciones de 2012, ?podr¨¢n acogerse a la orden del pr¨®ximo a?o?
R. En algunos casos, s¨ª. Siempre que no supongan cantidades elevadas. Es lo que tenemos previsto. Ahora, lo m¨¢s urgente son los monolitos de la memoria comprometidos, como en el valle del Marrufo, la placa de Granada, la carretera de la marcha de la muerte de M¨¢laga a Motril y en la desembocadura del Guadalfeo...
La nueva ley obligar¨¢ a los Ayuntamientos
Uno de los objetivos principales de las entidades memorialistas es acabar con la persistencia de s¨ªmbolos de la dictadura franquista en los espacios p¨²blicos, que se mantienen por negligencia municipal, o con la negativa de otros alcaldes a albergar elementos de recuerdo y homenaje a las v¨ªctimas de la represi¨®n. El director general de Memoria Democr¨¢tica, Luis Naranjo, comparte esta inquietud por algo que considera una "anomal¨ªa democr¨¢tica".
El grupo Recuperando la Memoria Hist¨®rica Social de Andaluc¨ªa (Remhsa) de la CGT va a emprender una campa?a de movilizaci¨®n contra la persistencia de emblemas de los torturadores, algo que califican de "falta de respeto democr¨¢tico", "a la verdad" y "a los valores que representa la actual sociedad".
El espacio p¨²blico, seg¨²n este grupo, debe representar los valores de una sociedad democr¨¢tica, y eso es incompatible con cualquier tipo de simbolog¨ªa del franquismo en jardines, calles y plazas.
Una nueva orden
Naranjo advierte de que est¨¢ en estos momentos redactando una orden en ese sentido y que se convertir¨¢ en un instrumento legal de desarrollo del art¨ªculo 15.1 de la ley de 2007, que ya prev¨¦ la exigencia de eliminar los s¨ªmbolos franquistas. "La ley de 2007 se queda corta y, adem¨¢s, no se ha desarrollado con los reglamentos correspondientes. Nuestra orden va a intentar cubrir ese hueco. Pero el problema quedar¨¢ resuelto definitivamente con la ley andaluza. Es clave y absolutamente necesaria", afirma Naranjo.
Entre los planes de Naranjo para los espacios de la memoria se encuentra el desarrollo del actual cat¨¢logo de lugares. "En octubre vamos a modificar el decreto para ampliar los lugares, que no sean solo de represi¨®n, sino tambi¨¦n de tortura o de resistencia. Y que incluyan tambi¨¦n itinerarios de la memoria. Esta se?alizaci¨®n no requiere de la aprobaci¨®n de los ayuntamientos; la Direcci¨®n General puede hacerlo de oficio. Pero queremos contar con los ayuntamientos", asegura el representante de la Junta.
A espera del desarrollo del marco legal, Remhsa ya ha solicitado al resto de organizaciones memorialistas que se unan a la campa?a para la eliminaci¨®n de la cruz franquista del centro de C¨®rdoba, ciudad de la que procede el actual responsable de la Junta para la Memoria. De este monumento se han retirado el ¨¢guila preconstitucional y un texto que hac¨ªa referencia a la Guerra Civil. Pero los grupos memorialistas lo consideran insuficiente.
P. ?Cu¨¢l es la v¨ªa para impulsar las exhumaciones t¨¦cnicamente posibles con poco dinero?
R. La utilizaci¨®n de recursos p¨²blicos. Es un contrasentido pagar a empresas privadas para an¨¢lisis de ADN o a especialistas como arque¨®logos e historiadores cuando nuestras universidades tienen magn¨ªficos departamentos que pueden asumir estas funciones. Esto abaratar¨ªa los costes y los dejar¨ªa s¨®lo en lo que cuesten los materiales.
P. Muchas asociaciones solo cuentan con la iniciativa privada o la Junta.
R. La Junta ha exhumado muy poco directamente, la mayor¨ªa ha sido con acuerdos puntuales con asociaciones. Las exhumaciones se han realizado a partir de las subvenciones que daba el Gobierno central. La Junta no ha estado presente de oficio como instituci¨®n pol¨ªtica hasta ahora. Y no ten¨ªa que estarlo. Eso va a cambiar. La idea es darle m¨¢s peso a lo p¨²blico, no s¨®lo en las exhumaciones. Hay mucho que hacer en se?alizaci¨®n, reconocimiento de lugares y de v¨ªctimas y dar a conocer lo que pas¨®. La exhumaci¨®n es solo una parte de la memoria. Todo esto va a cambiar con la nueva Ley de la Memoria.
P. ?Qu¨¦ va a suponer?
R. Va a suponer el protagonismo de lo p¨²blico en los procesos de exhumaci¨®n y de reparaci¨®n y divulgaci¨®n de la memoria. Nuestra intenci¨®n es que la Junta est¨¦ siempre presente. No puede ser que la Junta no se haya enterado del 90% de las actuaciones. La Junta es la representaci¨®n del Estado y es un deber democr¨¢tico liderar la respuesta a las v¨ªctimas. Para que se aplique, hay que contar con las asociaciones, con la trama social, con el movimiento ciudadano... pero la responsabilidad ¨²ltima es del Estado. La Ley de Memoria que saldr¨¢ en ocho o nueve meses va en este sentido. Eso no quiere decir que vayamos a poner todo el dinero. Vamos a presionar al Gobierno central para que siga asumiendo sus responsabilidades. Hemos tenido una entrevista con el fiscal jefe del TSJA y hemos planteado la posibilidad de que la Junta se persone de oficio en los casos de exhumaci¨®n. Tambi¨¦n hemos planteado que la Junta pueda, con sus funcionarios, levantar acta de la exhumaci¨®n y de las circunstancias de las mismas para que pueda ser considerada como prueba.
P. ?Qu¨¦ consecuencias tendr¨ªa?
R. Esto facilitar¨ªa o ayudar¨ªa a definir los cr¨ªmenes del franquismo como delitos no prescriptibles y de lesa humanidad.
P. ?C¨®mo puede convencer a los cr¨ªticos de la importancia de la memoria democr¨¢tica?
R. Los dem¨®cratas, incluida la derecha espa?ola, no pueden oponerse a que se conozca la verdad y a que se repare la memoria de quienes fueron asesinados. La derecha europea lo ha hecho. ?Por qu¨¦ no puede hacerlo la espa?ola? Ese hilo conductor entre el tardofranquismo y la derecha democr¨¢tica es hora de que se rompa. El consenso debe ser muy amplio y necesario. Un pa¨ªs democr¨¢tico no puede continuar con la anomal¨ªa, que no se da en ning¨²n lugar, de que haya v¨ªctimas enterradas en las cunetas o s¨ªmbolos franquistas en las ciudades. Cada vez hay m¨¢s gente que no quiere que exista ese vac¨ªo, ese lugar oscuro, en nuestra historia reciente. Es una obligaci¨®n democr¨¢tica.
P. ?Va a facilitar la inscripci¨®n en los registros civiles de los fallecidos durante el franquismo?
R. Depende de Justicia y de Interior. Nuestra intenci¨®n es reunirnos con ellos para ver qu¨¦ se puede hacer y que todos los asesinados terminen inscritos. La memoria es poli¨¦drica, tambi¨¦n desde el punto de vista institucional No tenemos m¨¢s remedio que llegar a acuerdos con otras consejer¨ªas y administraciones. Ese es el camino. Y es clave y fundamental la unidad del movimiento asociativo.
P. ?Por qu¨¦ no se actualiza el mapa de fosas?
R. Llevamos un mes aqu¨ª, somos seis personas y hay que priorizar. Hay algunas identificaciones bien hechas y otras que no. Hay que retomarlo. Lo fundamental es ajustar la localizaci¨®n.
P. ?Y en el ¨¢mbito de la educaci¨®n, se puede hacer algo?
R. Una de las cosas que queremos incluir en la ley es un marco de colaboraci¨®n con Educaci¨®n. Esto es fundamental. Nos queda desarrollar programas como se ha hecho en medio ambiente, salud o violencia machista. Presupongo una disposici¨®n favorable en Educaci¨®n para un programa que suponga elaboraci¨®n de materiales, publicaci¨®n de estos y aplicaci¨®n en el aula con incentivos a los profesores. Estos deben entender que la transmisi¨®n en el aula de lo que fue la Rep¨²blica, la Guerra Civil y la Dictadura no es una opci¨®n ideol¨®gica sino una exigencia cient¨ªfica.
P. ?C¨®mo es la interlocuci¨®n con el Gobierno central?
R. A partir de septiembre vamos a solicitar una reuni¨®n y plantear nuestras propuestas y pedir lealtad y colaboraci¨®n. Esa interlocuci¨®n es necesaria y la voluntad pol¨ªtica es que se establezca en el ¨¢mbito estatal y con otras autonom¨ªas.
P. ?Va a convocar a todas las asociaciones memorialistas?
R. Queremos que la ley se socialice, que haya un debate p¨²blico. Nuestra intenci¨®n es crear el Consejo de Memoria Democr¨¢tica como ¨®rgano consultivo permanente de coordinaci¨®n y participaci¨®n de la Junta y de las asociaciones. Estar¨¢ formado por dos representantes de cada provincia, historiadores de prestigio, juristas y colectivos vinculados a la memoria como minor¨ªas perseguidas. El decreto de este consejo queremos que salga antes de fin de a?o. Es muy importante.
Tu suscripci¨®n se est¨¢ usando en otro dispositivo
?Quieres a?adir otro usuario a tu suscripci¨®n?
Si contin¨²as leyendo en este dispositivo, no se podr¨¢ leer en el otro.
FlechaTu suscripci¨®n se est¨¢ usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PA?S desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripci¨®n a la modalidad Premium, as¨ª podr¨¢s a?adir otro usuario. Cada uno acceder¨¢ con su propia cuenta de email, lo que os permitir¨¢ personalizar vuestra experiencia en EL PA?S.
En el caso de no saber qui¨¦n est¨¢ usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contrase?a aqu¨ª.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrar¨¢ en tu dispositivo y en el de la otra persona que est¨¢ usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aqu¨ª los t¨¦rminos y condiciones de la suscripci¨®n digital.