La Generalitat dar¨¢ cobertura m¨¦dica a los inmigrantes en situaci¨®n irregular

La Generalitat, adalid de los recortes sanitarios desde que Artur Mas tomara posesi¨®n del puesto de presidente a finales de 2010, desoye al Gobierno central con el real decreto que regula la condici¨®n de asegurado y dar¨¢ asistencia m¨¦dica no urgente a partir del 1 de septiembre a los cerca de 180.000 inmigrantes sin papeles que residen en Catalu?a, seg¨²n los c¨¢lculos del Departamento de Salud. Asimismo, otros 420.000 ciudadanos con nacionalidad espa?ola, a los que el real decreto aprobado en agosto por el Gobierno central exclu¨ªa del sistema de sanidad p¨²blica, tendr¨¢n derecho a recibir atenci¨®n sanitaria.

No todo el colectivo se favorecer¨¢ de la medida del Ejecutivo catal¨¢n. As¨ª, los inmigrantes que quieran obtener una tarjeta de salud que les d¨¦ derecho a recibir atenci¨®n primaria; de urgencias, incluyendo el transporte sanitario; financiaci¨®n del gasto farmac¨¦utico del 40%, y excepcionalmente tratamientos con m¨¦dicos especialistas, deber¨¢n demostrar que han estado empadronados m¨¢s de tres meses y tener unos ingresos inferiores a los que marca la renta b¨¢sica para la inclusi¨®n y protecci¨®n social, algo menos de 500 euros mensuales para una persona, y 600 para una familia de tres miembros. Para certificar este ¨²ltimo requisito, el inmigrante tendr¨¢ que hacerlo con documentos, aunque en caso de no existir estos papeles, valdr¨¢ con una simple declaraci¨®n jurada.

Los inmigrantes tendr¨¢n seis meses para regularizar su situaci¨®n con el Servicio Catal¨¢n de Salud, CatSalut, a partir del 1 de septiembre, y conseguir su tarjeta sanitaria, que tendr¨¢n que renovar anualmente. Los beneficiarios de esta tarjeta conseguir¨¢n recuperar todos los derechos sanitarios, incluido el de visitas y tratamientos con m¨¦dicos especialistas, a partir de la primera renovaci¨®n. El consejero de Salud, Boi Ruiz, insisti¨® este jueves en que estas medidas est¨¢n destinada a erradicar el turismo sanitario.

Durante el primer semestre, la Generalitat har¨¢ una moratoria y dar¨¢ la misma cobertura sanitaria que tienen actualmente. ¡°Cumplimos con el real decreto que regula la condici¨®n de asegurado, pero vamos m¨¢s all¨¢, siguiendo la convicci¨®n de que la salud es un derecho de la ciudadan¨ªa y no depende de si es beneficiarios o no de la Seguridad Social¡± denunci¨® el consejero de Salud para justificar esta medida, ya que la ley estatal dejaba sin cobertura sanitaria a m¨¢s del 8% de la poblaci¨®n catalana.

El real decreto dejaba sin m¨¦dico a m¨¢s del 8% de los catalanes

Dentro del colectivo de 420.000 ciudadanos con nacionalidad espa?ola que el Gobierno central quer¨ªa dejar sin cobertura m¨¦dica p¨²blica se encuentran trabajadores con profesiones liberales, personas sin recursos, trabajadores que no cotizan a la Seguridad Social, los miembros de ¨®rdenes religiosas y aquellos que declaran ingresos superiores a 100.000 euros anuales. Estos, igual que los inmigrantes, dispondr¨¢n de un m¨¢ximo de seis meses para dirigirse a su centro de atenci¨®n primaria para regularizar su situaci¨®n.

El consejero revel¨® tambi¨¦n que, a partir de ahora, toda la asistencia recibida por los inmigrantes que no tengan la tarjeta sanitaria ser¨¢ pagada por los Gobiernos de los respectivos pa¨ªses. ¡°Si no hay convenio con ese pa¨ªs se har¨¢, y si lo hay se cobrar¨¢ de inmediato¡±, anunci¨® Ruiz, que no quiso valorar la posibilidad de que esta medida provoque un empadronamiento masivo de ciudadanos de otras regiones.

Sobre el coste de la medida, ahora que la Generalitat ha formalizado la petici¨®n de m¨¢s de 5.000 millones de euros al Gobierno central, Ruiz relativiz¨® sobre el presupuesto que se destina para atender a ¡°un grupo tan reducido de personas¡±.

Reacciones a la medida

Pese a ser esperado, el anuncio de Ruiz gener¨® reacciones dispares en los distintos agentes sociales. Uno de los que mostr¨® su alivio fue el sindicato Comisiones Obreras (CC OO), que por medio de un comunicado valor¨® positivamente la apuesta del Gobierno catal¨¢n por mantener la cobertura sanitaria universal, aunque cuestionaba la exigencia de los tres meses de empadronamiento para tener acceso a la sanidad p¨²blica.

La posici¨®n adoptada por el Ejecutivo catal¨¢n parece estar tambi¨¦n respaldada por el PSC. ¡°Estamos satisfechos. Era una de nuestras peticiones¡±, declar¨® Esperanza Esteve, secretaria de salud de los socialistas. Y a?adi¨®: ¡°Queremos hacer pol¨ªtica responsable, y siempre que sea en esta direcci¨®n, el Gobierno catal¨¢n nos encontrar¨¢ para colaborar¡±. Al igual que CC OO, desde el PSC tambi¨¦n se encontr¨® un pero a la medida anunciada por Boi Ruiz. Los socialistas se muestran preocupados por el tratamiento que se dar¨¢ a los mayores de 26 a?os que no hayan trabajado. ¡°Los j¨®venes ya tienen suficientes problemas para encontrar trabajo como para que se les prive de la asistencia sanitaria¡±, apunt¨® Esteve.

Mientras, desde el PP catal¨¢n se recibi¨® la noticia con cierto malestar. ¡°No sabemos de d¨®nde sacar¨¢ la Generalitat los recursos para hacer este gasto¡±, argumentaba Eva Garc¨ªa, portavoz de salud del partido. Y se preguntaba: ¡°?C¨®mo puede ser que no haya dinero para mantener quir¨®fanos y hospitales, y s¨ª para tomar una decisi¨®n as¨ª?¡±. Adem¨¢s de recordar que la atenci¨®n urgente y la relativa a los partos se garantiza para cualquier individuo, la portavoz popular propuso: ¡°Si lo quieren hacer, que el gasto lo asuma CiU, pero que no lo tengan que pagar todos los catalanes¡±.