Fomento no indemnizar¨¢ al Consell por las obras sin permiso en Aerocas

El Tribunal Supremo ha desestimado el recurso de la sociedad p¨²blica Aeropuerto de Castell¨®n, SL, (Aerocas) contra la paralizaci¨®n de las obras ordenada por el Ministerio de Fomento en 2005 y por la que reclamaba que la Administraci¨®n central se hiciera cargo de los 18,14 millones de euros que pag¨® a la ahora exconcesionaria de las obras en concepto de da?os por la citada paralizaci¨®n. La sentencia, firmada en junio de este a?o, condena adem¨¢s a la empresa p¨²blica a hacerse cargo de los costes judiciales.

El fallo del Supremo concluye que las obras se iniciaron antes de contar con la aprobaci¨®n definitiva del Ministerio, que ten¨ªa la ¡°competencia exclusiva para aprobar el proyecto constructivo del aeropuerto¡±, en contra de lo mantenido por Aerocas. La decisi¨®n supone que finalmente la Generalitat deber¨¢ asumir ese pago que, aunque ya hizo efectivo en diciembre de 2006, lo hizo mediante un cr¨¦dito bancario de 18,5 millones de euros a devolver con un tipo de inter¨¦s del Euribor +0,03% y que vence en el a?o 2027.

El presidente de la sociedad, Carlos Fabra, confi¨® en obtener ese dinero por la v¨ªa judicial e inici¨® una batalla legal para que el ministerio reintegrara el coste de la indemnizaci¨®n. La cifra de los 18,14 millones fue exigida por adjudicataria de las obras y aceptada por Aerocas mediante un informe que concluy¨® que esta reclamaci¨®n era ¡°coherente con los par¨¢metros del mercado¡±. El mismo informe indic¨® tambi¨¦n ¡°la imposibilidad de verificar contablemente el importe reclamado y la posible no adecuaci¨®n a la realidad¡±.

Las obras se paralizaron durante unos cinco meses: de octubre de 2005 a febrero del a?o siguiente, cuando finalmente se aprob¨® el proyecto para construir la infraestructura. S¨®lo un mes despu¨¦s, el consejo de administraci¨®n de Aerocas acept¨® pagar los 18,14 millones reclamados.

El aeropuerto de Castell¨®n ha gastado 35 millones en publicidad

El Ministerio de Fomento dict¨® una orden de suspensi¨®n de las obras del aeropuerto en octubre de 2005 tras una denuncia del grupo ecologista Gecen que advert¨ªa de que se hab¨ªan iniciado sin autorizaci¨®n previa. Tanto el presidente de Aerocas, Carlos Fabra, como el director general, Juan Garc¨ªa Salas, sostuvieron que la paralizaci¨®n era indebida puesto que daban por v¨¢lido el visto bueno recibido mediante una orden ministerial de 2002 as¨ª como por el plan especial aprobado por la Consejer¨ªa de Obras P¨²blicas en julio de 2001. En su demanda, la sociedad alegaba que era la Generalitat quien ten¨ªa la potestad de parar o no las obras.

Pero el Supremo rebate estos argumentos. ¡°La lectura de la orden desmiente, sin m¨¢s, que en ella se hubiera aprobado el proyecto de construcci¨®n del aeropuerto, si es cierto que autorizaba la construcci¨®n, no lo es menos que conten¨ªa una espec¨ªfica previsi¨®n a tenor de la cual el Ministerio de Fomento deb¨ªa, de modo singular, aprobar ulteriormente el proyecto constructivo, lo que significa en buena l¨®gica que la orden no lo hac¨ªa¡±.

En cuanto a la competencia de la Comunidad Valenciana, el magistrado ponente del Supremo concluye que es el ministerio quien tiene la facultad de paralizar la construcci¨®n de un aeropuerto de inter¨¦s general ¡°que simplemente no se atiene a un todav¨ªa no aprobado proyecto¡±.

El aeropuerto de Castell¨®n fue inaugurado en marzo del pasado a?o y desde entonces no ha recibido ni un solo avi¨®n. Desde Aerocas a¨²n se trabaja para conseguir los permisos necesarios para que comience a operar. Pese a esta inactividad, el desembolso de dinero p¨²blico no cesa. La sociedad p¨²blica volvi¨® a destinar m¨¢s de cinco millones de euros a gastos en publicidad, patrocinio y relaciones p¨²blicas para promocionar la instalaci¨®n a lo largo del pasado a?o, tal y como reflejan las cuentas de la Generalitat. Este gasto en publicidad se suma a los treinta ya gastados desde que comenzaron las obras del aeropuerto y que han sido estimados en los informes de la Sindicatura de Cuentas. En total, la empresa p¨²blica tuvo en 2011 unos gastos de explotaci¨®n de 6,4 millones, de los que cinco fueron para conceptos publicitarios.