El procedimiento

Es impresionante el auto del Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 6 de Sevilla, del 24 de abril de 2012, publicado en su d¨ªa por este peri¨®dico en PDF, a prop¨®sito de la intervenci¨®n en el caso de los ERE de un antiguo cargo de la Junta, sucesivamente viceconsejero y consejero de Empleo entre 2000 y 2010. Es una lectura muy interesante y necesaria, pero poco agradable. Trata del reparto de 647 millones de euros en ayudas a empresas y particulares, cantidad que algunos afectados juzgan intrascendente, s¨®lo 647 millones (en pesetas 107.402 millones), y tienen raz¨®n, si pensamos en los presupuestos auton¨®micos a lo largo de una d¨¦cada, unos cientos de miles de millones de euros.

Seg¨²n los indicios de que dispone la juez, Mercedes Alaya, la Consejer¨ªa de Empleo invent¨® en el verano de 2001 una manera de usar los fondos p¨²blicos sin control de la Intervenci¨®n General de la Junta de Andaluc¨ªa y al margen de las normas de la Comunidad Aut¨®noma, del Estado y de la Uni¨®n Europea. La pretensi¨®n de los gobernantes de la Junta, siempre seg¨²n el juzgado, era ¡°institucionalizar la arbitrariedad y la discrecionalidad en la concesi¨®n de las ayudas p¨²blicas¡±. La Consejer¨ªa de Empleo suscribi¨® para legitimar las ayudas un convenio con un instituto que depend¨ªa de la propia Consejer¨ªa y que ten¨ªa como presidente al viceconsejero. Encuentro casi todo en Internet, pero no este convenio poderoso, fantasma y citad¨ªsimo, vencido en marzo de 2003 pero renovado silenciosa y autom¨¢ticamente en los a?os sucesivos.

El auto de la juez menciona subvenciones a empresas a las que ni siquiera se les requer¨ªa solicitud, ni proyecto econ¨®mico, ni licencias, e incluso a ¡°empresas pantalla, sin actividad ni trabajadores¡±. Cita nombres llamativos: Tierra Virgen, Arcadia Emprendedora, Capital Andaluz Siglo XXI. Una empresa de un solo trabajador recibe 450.759 euros (75 millones de pesetas) y desaparece. Y entonces empieza el cap¨ªtulo de las ayudas sociolaborales, cuando la Junta decide cargar a discreci¨®n con el coste de las prejubilaciones en despidos colectivos. Lo que describe la juez parece un raro negocio: convertir en fuente de dinero el desmantelamiento de empresas, siempre a cargo de los fondos p¨²blicos. En esa industria participaban intermediarios, despachos de abogados, aseguradoras, sindicatos. El juzgado da cuenta de prejubilados que jam¨¢s hab¨ªan trabajado en las empresas beneficiadas, y pormenoriza cantidades recibidas.

En contra de la juez, los m¨¢ximos responsables de la Junta, los dos ¨²ltimos presidentes, consideran legal el procedimiento utilizado para repartir dinero p¨²blico. Si hubo errores en el procedimiento, no los ven graves. De los supuestos delitos que se comet¨ªan a la sombra del procedimiento (el convenio famoso), no sab¨ªan nada. Seg¨²n informaban el otro d¨ªa en estas p¨¢ginas Lourdes Lucio y Javier Mart¨ªn-Arroyo, el antiguo presidente Chaves estim¨® ante la comisi¨®n parlamentaria sobre el caso que ¡°el convenio era sucinto, s¨ª, escueto, s¨ª, y con amplio margen de discrecionalidad, tambi¨¦n, lo reconozco (¡­) Pero era legal¡±. Los dos presidentes, Chaves y Gri?¨¢n (antiguo consejero de Econom¨ªa), hoy conocen los efectos que produjo el procedimiento. Suponiendo que la Ley lo amparara y, visto que permiti¨® lo que permiti¨®, ?no deber¨ªan haberse ocupado urgentemente, en la medida de sus posibilidades, de cambiar la Ley?

En todo caso, ni los presidentes ni su Consejo de Gobierno supieron nada del ¡°fraude vergonzoso¡± que comet¨ªan ¡°cuatro aprovechados, cuatro golfos¡±, algo que sugiere una incomunicaci¨®n herm¨¦tica entre las distintas consejer¨ªas, y entre personas que comparten Gobierno y sede parlamentaria y partido y tiempo libre. La juez, sin embargo, descubre en la l¨®gica del reparto de fondos una trama entra?able de amigos, vecinos, parientes, socios y compa?eros de partido.