El fiscal ve indicios de malversaci¨®n en la gesti¨®n de Invercaria

El caso Invercariatoma cuerpo. La Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n ha pedido al juez instructor Juan Guti¨¦rrez que impute por malversaci¨®n al expresidente de la empresa p¨²blica de capital riesgo Tom¨¢s P¨¦rez-Sauquillo junto a su ex director financiero y t¨¦cnico Antonio Nieto y tres empresarios. La inversi¨®n de fondos p¨²blicos que censura el fiscal se realiz¨® en 2009 en la empresa Ferias Internacionales Virtuales de Andaluc¨ªa (FIVA), una compa?¨ªa de ferias virtuales que carece de p¨¢gina web.

Tras la denuncia inicial de la C¨¢mara de Cuentas, ahora el Juzgado 16 de Instrucci¨®n de Sevilla y Anticorrupci¨®n investigan la participaci¨®n de Invercaria en 34 empresas, pero el fiscal ha comenzado sus diligencias por FIVA y la participaci¨®n de tres empresarios relevantes: Francisco Jos¨¦ Barrionuevo, presidente de Novasoft y medalla de oro de Andaluc¨ªa; Juan Antonio Bard¨®n, presidente de la asociaci¨®n de entidades de formaci¨®n y empleo de Sevilla (CECAP) y exconsejero de Innovaes Formas de Comunicaci¨®n, y Francisco Carlos Gallardo, director del Grupo Imagen.

Las pesquisas se basan en un informe de la C¨¢mara de Cuentas

Hace solo tres d¨ªas el consejero de Econom¨ªa e Innovaci¨®n, Antonio ?vila, defendi¨® la participaci¨®n de Invercaria en algunas empresas que posteriormente entraron en crisis, decisiones que, subray¨®, no implicaban malversaci¨®n de fondos. Pero el fiscal discrepa y le ha pedido al juez que nombre dos interventores del Estado para que realicen una completa pericial contable de FIVA con todos sus movimientos de capital: facturaci¨®n, contabilidad y subvenciones ¡°ejercicio a ejercicio¡±.

De este modo, las imputaciones que conllevar¨¢n el caso Invercaria se pueden multiplicar, dado que solo una de las 34 empresas investigadas ya ha supuesto cinco imputaciones. Ahora el juez deber¨¢ determinar si los exdirectivos de Invercaria y sus superiores en la Consejer¨ªa de Innovaci¨®n han tenido responsabilidad sobre la supuesta malversaci¨®n y otras irregularidades, como la supuesta realizaci¨®n de informes sobre ciertas empresas a posteriori, seg¨²n denunci¨® el exdirectivo de la empresa p¨²blica Crist¨®bal Cantos.

En su decreto, la fiscal¨ªa solicita que FIVA aporte todos sus libros contables desde que naci¨® en 2006 hasta 2010, as¨ª como los libros de actas del consejo de administraci¨®n y de la junta de socios. Invercaria concedi¨® a la compa?¨ªa pr¨¦stamos entre 2007 y 2008 por un total de 716.000 euros. El fiscal recorre la participaci¨®n de Invercaria en FIVA, adendas y la compraventa de participaciones a trav¨¦s del resto de empresas.

Ahora el an¨¢lisis de la empresa ser¨¢ exhaustivo: ¡°Informes de viabilidad, seguimiento, recomendaciones, ¨®rdenes de pago, expedientes completos, operaciones de inversi¨®n, pr¨¦stamos concedidos¡±. En su decreto, el fiscal no descarta otros delitos en la gesti¨®n y participaci¨®n de Invercaria en FIVA: ¡°De forma provisional e indiciaria y sin perjuicio de otros il¨ªcitos penales que se pudiesen determinar en la instrucci¨®n, los hechos pudiese ser consitutivos de un delito de malversaci¨®n¡±. El fiscal menciona en su decreto las conclusiones de los auditores de la C¨¢mara de Cuentas, cuyo informe dio origen al caso el pasado febrero.

Sobre la inexistencia de la web de FIVA, Invercaria aleg¨® a la C¨¢mara de Cuentas que la plataforma tecnol¨®gica fue desarrollada, ¡°pero problemas t¨¦cnicos provocaron incidencias con sus primeros clientes, lo cual oblig¨® a sacarla de explotaci¨®n a finales de 2009¡±. Invercaria aleg¨® que la empresa se encuentra inactiva desde diciembre de 2009, aunque su ¨²ltima rendici¨®n de cuentas al Registro Mercantil es del ejercicio 2007.

Respecto a las cuentas no depositadas, Invercaria asegur¨® que las ten¨ªa en su poder, pero nunca las llev¨® al registro. Sin embargo, estas explicaciones parecen del todo insuficientes para el fiscal.

Los auditores denunciaron que FIVA recibi¨® distintas cantidades para gastos de personal y arrendamiento, que ¡°tendr¨ªan la consideraci¨®n de un pr¨¦stamo a tipo cero, otorgado directamente, sin sujetarse a los principios de publicidad y concurrencia, adem¨¢s de vulnerarse el principio de igualdad de los ciudadanos de acceso a los servicios del sector p¨²blico¡±. Ahora Anticorrupci¨®n ha pedido que los dos interventores del Ministerio de Hacienda y Administraciones P¨²blicas revisen el trabajo anterior de los auditores para aclarar las cuentas y ver ulteriores responsabilidades penales.