Botella ofrece un salvavidas a las familias del Gallinero antes de derribar el poblado

Tres meses despu¨¦s de que el Partido Socialista y voluntarios de ONG que trabajan en la zona le pusieran colorado por la falta de un plan para el poblado chabolista de El Gallinero, ¡°la zona m¨¢s degradada en la zona m¨¢s degradada de Madrid¡±, seg¨²n admiti¨® la alcaldesa, Ana Botella (Partido Popular), el Ayuntamiento de la capital ha presentado hoy un proyecto de intervenci¨®n algo m¨¢s concreto pero lastrado tambi¨¦n por una indefinici¨®n en plazos y objetivos que achaca sobre todo a la naturaleza n¨®mada y poco receptiva a la ayuda de sus habitantes, que viven en condiciones miserables o dedicados a actividades il¨ªcitas. Dedicar¨¢ a ello 1,2 millones de euros, que en realidad ya estaba dedicando, repartidos a trav¨¦s de varias ¨¢reas de actuaci¨®n municipal.

El Gallinero se encuentra a 12 kil¨®metros de Madrid por la autov¨ªa de Valencia, en el distrito de Villa de Vallecas, a un tiro de piedra de la Ca?ada Real y del vertedero de Valdeming¨®mez. El poblado est¨¢ compuesto por 86 chabolas en las que viven 72 familias de gitanos rumanos, en total 321 personas, de las que 178 tienen menos de 15 a?os (139 de estos menores est¨¢n escolarizados). Este censo, del 30 de septiembre, est¨¢ sujeto sin embargo a modificaciones constantes por la movilidad de los habitantes del poblado (cuyas causas el propio Ayuntamiento admite desconocer).

Los pobladores sobreviven fundamentalmente de la mendicidad, en una situaci¨®n de extrema pobreza, asentado sobre un terreno de 20.000 metros cuadrados (aproximadamente tres veces la superficie del estadio Santiago Bernab¨¦u) que ocupa tres parcelas privadas; dos de ellas forman parte de la Junta de Compensaci¨®n del futuro barrio de Valdecarros (en el que el Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad cuentan cada una con un 17%), y la otra no.

Los propietarios de esos terrenos han denunciado la ocupaci¨®n de los terrenos por v¨ªa penal y administrativa. En el primero de los casos, el juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 38 de la plaza de Castilla (Madrid) archiv¨® la denuncia en junio contra 70 familias por un presunto delito de usurpaci¨®n de terrenos y critic¨® adem¨¢s la ¡°pasividad¡± y ¡°tolerancia¡± de los propietarios, que hizo creer a los chabolistas que ten¨ªan derecho a vivir all¨ª para proceder a?os despu¨¦s de forma ¡°desproporcionada¡± contra ellos.

En el auto, el juez explicaba que el asentamiento se form¨® a partir de 2005 con la llegada de personas que desconoc¨ªan ¡°la ausencia de derecho para instalarse en los terrenos¡±. ¡°No aparece en absoluto claro que no hubiera existido una situaci¨®n de consentimiento t¨¢cito o, al menos, mera tolerancia por parte de la propiedad respecto al asentamiento masivo¡±, a?ad¨ªa.

Los 93 expedientes administrativos abiertos por el departamento de Disciplina Urban¨ªstica del Ayuntamiento, uno por chabola, est¨¢n en su mayor parte pendientes de decisi¨®n judicial. Quedan 86 infraviviendas por derribar, tras tirarse abajo siete habitadas (y otras 12 vac¨ªas) en lo que va de a?o. La mitad de las que siguen en pie cuentan ya con requerimientos de desalojo, y de ellas 28 han visto rechazado recursos de reposici¨®n.

En su plan de intervenci¨®n, el Ayuntamiento recalca que los habitantes del poblado son gitanos rumanos itinerantes, con movilidad por todo el territorio europeo cuyas causas objetivas se desconocen, que se dedican a actividades marginales, carecen de documentaci¨®n b¨¢sica y est¨¢n acostumbrados al asistencialismo. Adem¨¢s, se?ala que cambian continuamente de chabola, lo que dificulta su empadronamiento, y se organizan de forma que un n¨²mero muy bajo de familias, con mayor nivel socioecon¨®mico, gestiona al resto en su beneficio.

De las 72 familias censadas, 21 est¨¢n en situaci¨®n de vulnerabilidad social grave y se mantiene con ellas un seguimiento intensivo: se encuentran en Espa?a de forma irregular y se dedican a la mendicidad para subsistir. Con otras 43 se realiza un seguimiento b¨¢sico; tambi¨¦n se dedican a la mendicidad, siendo explotadas adem¨¢s por otras familias. Por ¨²ltimo, hay 21 que no aceptan la intervenci¨®n social, que son precisamente las sospechosas de explotaci¨®n, se dedican presuntamente a actividades il¨ªcitas y se benefician de recursos institucionales en otros pa¨ªses.

En cuanto a la educaci¨®n, el objetivo municipal es la plena escolarizaci¨®n de los menores, para lo que se desplazan al poblado tres educadoras contra el absentismo. En el futuro, el Ayuntamiento promete ¡°incrementar los recursos socioecon¨®micos dedicados a procurar la asistencia regular a clase¡±, aumentando las horas de educaci¨®n social en el poblado, reforzando el seguimiento de las rutas escolares, sensibilizando a las madres adolescentes e implantando programas de mejora de la convivencia en los centros.

Respecto a la intervenci¨®n social, se busca la normalizaci¨®n jur¨ªdica de estas personas (facilitando sus tr¨¢mites de residencia o su regreso a Rumania) y su implicaci¨®n en la sociedad. Adem¨¢s, se llevan a cabo actuaciones puntuales de emergencia y se intentan inculcar h¨¢bitos saludables. Adem¨¢s, hay un proceso personalizado a nivel jur¨ªdico, social, sanitario, familiar, educativo, laboral y de vivienda para integrar a estas familias en la sociedad y permitir que normalicen su vida a trav¨¦s de diferentes etapas, entre las que se incluyen pisos tutelados. Los realojos en viviendas sociales son, a d¨ªa de hoy, una quimera por sus condiciones de vida.

En un primer nivel, las familias pueden acceder a centros de acogida temporal con asistencia continua, que les proporcionan alojamiento y manutenci¨®n. Se les exige una serie de compromisos de socializaci¨®n, que en caso de cumplir les permitir¨¢ pasar a un escal¨®n superior: pisos tutelados o de alquiler. S¨®lo una familia ha progresado por ahora en este proceso.

Adem¨¢s, el Ayuntamiento se compromete a mantener las condiciones higi¨¦nico-sanitarias en el poblado, implicando a las familias en la limpieza y llevando a cabo actuaciones peri¨®dicas del Selur, desratizaciones, etc¨¦tera. Y realizar¨¢ tareas de vigilancia, con controles de drogas, por ejemplo, y especial atenci¨®n a que los menores sean escolarizados como obliga la ley.